Las relaciones integrales entre Estados Unidos y México o México y Estados Unidos quedaron ya determinadas por el tema concreto de la narcopolítica mexicana y el narcoconsumo estadounidense, pero el nivel de contactos políticos mostró la semana pasada haber llegado al punto tan bajo que no se quería arribar o admitir: la ruptura de entendimientos entre las dos naciones.
México parece estar apostando al tiempo político de Washington en sus dos plazos fatales: las elecciones legislativas y de gobernadores en noviembre de 2026 allá en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2028, y en las dos la estrategia mexicana está apostando a la derrota del bloque de Donald Trump.
Sin embargo, la temática central en los conflictos bilaterales no es el tema de los migrantes, ni tampoco la renovación muy acotada del Tratado de Comercio Libre, ni menos aún la poca eficacia y esƒcaso margen de maniobra qué tiene la geopolítica mexicana en la órbita de influencia de Estados Unidos sobre todo porque se parte de las evidencias de que el bloque lopezobradorista carece de una estrategia de seguridad regional o hasta mundial, y todo se reduce a contactos personales entre gobernantes con un enfoque antiestadounidense.
El punto delicado en el lado mexicano parece haber llegado a donde no se quería llegar: frente a la ofensiva judicial de Estados Unidos a partir de testimonios y pruebas de narcos y políticos aliados que le están dando la razón argumentación de Trump de que en México haya una narcopolítica y un narcoestado, la presidenta Sheinbaum Pardo inició una movilización nacional para defender a los funcionarios que han aparecido con informaciones filtradas de haber colaborado con los cárteles de Sinaloa y del huachicol fiscal, le siguió una carta pública del presidente emérito López Obrador para desplazar la autoridad política de la jefa del Ejecutivo federal y convertirse él mismo en él interlocutor directo de la Casa Blanca y cerró la semana con un escenario inédito de la presidenta en funciones con una campaña para defender al presidente emérito.
Hasta ahí las cosas no han diferido de las confrontaciones Estados Unidos México con Nixon en 1969, Reagan en 1985 y 1986 y Trump en 2017 y 2025, pero ahora existe la circunstancia agravante de que no se trata de un replanteamiento general de las relaciones entre los dos países, sino los expedientes judiciales y procedimientos penales contra –hasta ahora– tres jefes de ejecutivos estatales, con la existencia de una lista que pudiera llegar a una decena de inculpados adicionales, pero con los datos que se desprenden de los mecanismos legales detrás de cada una de las figuras importantes están también señalados como cómplices alrededor de diez colaboradores directos de los presuntos inculpados, lo que daría la cifra de más de una centena de políticos y funcionarios mexicanos en proceso de enjuiciamiento en cortes estadounidenses.
El presidente Trump y sus colaboradores del primer círculo han centrado sus presiones sobre México exclusivamente en el tema de las relaciones correlativas entre los cárteles del narcotráfico que producen droga para meterla ilegalmente a Estados Unidos y los administradores de poderes a nivel nacional y estatales que pactaron con los capos de la droga.
La acusación de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense Rocha Moya y nueve funcionarios cómplices no salió de una improvisada declaración política de la Casa Blanca, sino de un procedimiento judicial que consultó varias veces a un Gran Jurado para obtener aprobación de arrestos en México con fines de extradición y los datos de los expedientes –que van a probar el grado de complicidad– no fueron inventados por las agencias americanas de inteligencia y seguridad nacional, sino obtenidos y –lo más importante y que no se quiere reconocer en México– corroborados como procedimiento de investigación judicial-penal.
La argumentación de la presidenta Sheinbaum y del presidente emérito López Obrador de llevar la confrontación al nivel de caprichos o de presuntas invenciones parece haber convencido al bloque morenista gobernante y ha alimentado la respuesta discursiva de los afectados, pero sin tener ningún efecto procesal en la Corte del sur de Nueva York donde fueron remitidos los expedientes y de donde salió la aprobación del Gran Jurado.
Y lo peor de todo es que los señalamientos contra Rocha Moya y cómplices ya habían sido presentados con pruebas, declaraciones o especulaciones viables por la oposición y el periodismo crítico mexicano.
De manera lamentable, los principios de la política exterior de México no están defendiendo la soberanía ni la integridad territorial, sino que giran en torno a proteger a Rocha Moya y nueve narcopolíticos sinaloenses y a otros políticos y funcionarios que pronto serán exigidos por la justicia de EU.
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Política para dummies: la política se vuelve complicidad cuando defiende intereses y no principios.
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