Las relaciones México-Estados Unidos están entrando en una zona de incertidumbre en donde ninguno de los dos gobiernos da su brazo a torcer: Washington ha llevado a política de Estado con intervención de su congreso la narcopolítica en México o protección de funcionarios a los cárteles de la droga y Palacio Nacional está decidiendo candidaturas para el 2027-2030 en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos”.
En ese sentido, la Determinación Presidencial para el año fiscal 2027 respecto de los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas ha representado una política de Estado de la Casa Blanca y el apoyo de su congreso para en términos directos descertificar a los países que no luchen contra el tráfico de drogas que viene del exterior para responder a las demandas de los más de 50 millones de adictos.
Esta estrategia gubernamental comenzó en 1969 con la decisión del presidente Nixon de cerrar su frontera sur en el continente americano al tránsito de vehículos y de personas para implementar revisiones minuciosas que afectaron las relaciones fronterizas. Sólo que ahora el presidente Trump agregó la narcopolítica, es decir, la percepción gubernamental de que los cárteles del narcotráfico se han fortalecido por el apoyo de las estructuras de gobierno de países productores de estupefacientes.
El párrafo central de la Determinación presidencial para 2027, circulada el miércoles 16 de septiembre por la Casa Blanca, es muy directo y representa una política de Estado y no una opinión de seguridad: “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para mantener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes delictivas. Esto (mayores inversiones) incluye desenmascarar, detener y enjuiciar a los numerosos funcionarios corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
No se trata, pues, de un capricho del presidente Trump. Estados Unidos ha distraído el gasto de miles de millones de dólares en apoyo a países que no sólo no han disminuido su producción y tráfico de drogas hacia EU, sino que los estupefacientes son producidos en una nueva estructura de complicidad entre funcionarios del Estado y cárteles del narcotráfico.
El concepto de narcopolítica o narcoestado es el argumento central de la política exterior de Estados Unidos en materia de seguridad y por ello La Casa Blanca de Trump en enero del año pasado tomó la decisión de caracterizar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, un paso audaz que le ha permitido a Washington escalar la política contra las drogas al principio toral de política exterior sustituyendo el fantasma del comunismo por el espectro del narcoterrorismo.
La estrategia de definición de países afectados por el narcoterrorismo ha atendido las recomendaciones de la Casa Blanca de incluir a México en una lista de 23 naciones que en los hechos han sido descertificadas. Y coloca a México como país promotor del narcotráfico al lado nada menos que de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú y Venezuela, naciones que se han convertido ya en objetivos de las presiones de Estados Unidos en política exterior de seguridad por el narco.
En el caso de México, el párrafo de la Determinación presidencial que alude “a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país” forma parte de lo que podría caracterizarse como el síndrome o enfermedad Rubén Rocha Moya: una tipología de políticos mexicanos hoy del partido Morena que pactaron alianzas estratégicas con una facción del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, y la solicitud de arresto con fines de extradición de finales de abril pasado reveló de manera oficial que Estados Unidos cuenta con información de esos pactos criminales entre la política y la delincuencia.
Y en ese mismo sentido, la negativa mexicana a cumplir con la solicitud de arresto con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y nueve cómplices quedó en el centro mismo del restablecimiento de los criterios y exigencias de EU en materia de narcopolítica y narcoestado.
La advertencia de Estados Unidos del pasado miércoles 16 de septiembre fue circulada oficialmente en la coyuntura previa a la definición de las candidaturas a 17 gubernaturas mexicanas que se votarán en junio del año próximo, y entre ellas se encuentran las que han exhibido el dominio casi total del narcotráfico sobre las plazas: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Gerrero, Chihuahua y Quintana Roo.
Y de nueva cuenta Sinaloa quedó en el centro del conflicto: el grupo de Rubén Rocha Moya mantuvo el control político del grupo que logró la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. Así que habrá que prepararse para el segundo tiempo del caso Rocha Moya desde EU.
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Política para dummies: La política es la seguridad nacional del Estado.
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