El debate en torno a las reglas Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y su reglamento que afecta el ejercicio de la libertad de prensa no es nuevo y forma parte de una discusión que daña al poder en sus instancias determinantes: sistema político/régimen de gobierno/Estado/Constitución.
El aparato de poder mexicano se fundó con las experiencias de Santa Anna, Díaz, Madero, Carranza, Elías Calles, Díaz Ordaz y de Echeverría a Sheinbaum Pardo y sus reglas han girado en torno al trípode de la pirámide de las instituciones: el presidente de la República, su partido y el bienestar social para tranquilizar a las masas.
Las intentonas gubernamentales para regular el acotamiento del ejercicio de la crítica se han topado con los artículos 6 y 7 de la Constitución: el ejercicio absoluto de la libertad para pensar y para decir, y no hay prueba de fuego más determinante para los poderes absolutistas que aceptar excesos y hasta abusos con esas libertades.
Como titular de la propiedad de las comunicaciones a través del aire, el Estado priista se encontró con un poder fáctico que operó como parte invisible pero determinante de las estructuras del sistema/régimen/Estado. Desde Echeverría a Sheinbaum Pardo, los gobiernos federales han entrado en una tensión dinámica para que el Estado limite los espacios de libertad y la sociedad ejerza sus derechos constitucionales a la crítica.
Las reglas de la Comisión Reguladora para intervenir en el ejercicio de la libertad absoluta constitucional de prensa tienen toda la intención de revalidar la doctrina Azcárraga de que Televisa era “soldado del presidente, soldado del PRI”. Y las nuevas reglas no son otras que las que existieron durante los casi treinta años del noticiero dirigido por Jacobo Zabludovsky: las directrices oficiales de la información para reforzar el presidencialismo mexicano.
Lo que pretende también la CRT es reinstalar el control de la información en campañas electorales que derivó en la doctrina Bartlett en la Comisión Federal Electoral de 1988: nada que impida la victoria del partido en el poder. Y también, la CRT está siguiendo los pasos del INE de Lorenzo Córdova Vianello y Edmundo Jacobo Molina –hoy políticos en Somos México– de redactar reglas electorales para coartar el debate político que debería darse en toda competencia electoral democrática, y ahí están los casos de los periodistas que Córdova intimidó y procesó para callarlos y beneficiar al PRI y colocó su reglamento electoral por encima del mandato constitucional, pero al final lo único que demostró fue que su aureola de abogado constitucionalista fue una fake noticiosa.
Los mejores argumentos que tiene los afectados por las reglas de la CRT para meterse en el proceso de elaboración y enfoque de las informaciones están explicadas muy brevemente en los artículos 6 y 7 constitucionales, y por si fuera poco se podría echar mano a los grandes debates de los constituyentes de 1857 y 1917 para el reconocimiento de la Carta Magna a la opinión y la crítica, y dentro de estos debates siguen siendo válidos los de Francisco Zarco en 1856.
En lo general, los medios impresos y electrónicos convivieron mal que bien con el régimen autoritario, pero la desarticulación de los instrumentos del poder sistémico con los tecnócratas neoliberales y luego la oposición en el poder se encontraron con una sociedad que ya no aceptaba sumisa los mensajes oficiales y que después se convirtió en adicta de la crítica en medios de comunicación. Y se repite aquí una argumentación que se sustenta en la realidad: la crítica periodística en prensa, radio y televisión –alguna más intensa que otra– minó las bases del Muro de Berlín antidemocrático que representaba el PRI y la estatua del Lenin que simbolizaba el de la República.
Pero todos los presidentes –de Díaz Ordaz a Sheinbaum Pardo– se han encontrado que todas las reglas con intención de regular restrictivamente las libertades de prensa y de crítica tienen una salvaguarda constitucional. Y por si fuera poco, la aplicación de las restricciones de la CRT en modo de Nana de una sociedad que este largo ciclo autoritario priista y opositor se sigue asumiendo como infantilizada y con requerimientos de protección con reglas absolutistas tendrá que arriesgarse a litigios nacionales y sobre todo internacionales por eso de la colonización oficial del Poder Judicial porque los afectados con el prohibicionismo anticonstitucional llevarán sus casos a instancias foráneas.
El debate alrededor de las reglas de naneo social provocado por la reglamentación de la CRT está siendo perdido por sus promotores frente a la discusión –estridente, si se quiere, pero necesaria por las intenciones oficiales– pública en torno a que México quisiera tener un sistema informativo controlado por reglas que contradicen a la Constitución.
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Política para dummies: la política sirve para poner orden en el debate, no para aplastarlo.
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