El director de la DEA, Terry Cole califica al secretario mexicano como “socio de
confianza” y plantea combatir a las organizaciones criminales de arriba hacia abajo.
La imagen de Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de
Estados Unidos (DEA), junto a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana de México, refleja el nuevo tono que comienza a tomar la
relación entre ambos países en materia de seguridad.
Durante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en
Buenos Aires, ante los representantes de más de cien países, los dos funcionarios
mostraron una coordinación que contrasta con las tensiones que han marcado en los
últimos meses el vínculo entre México y Estados Unidos.
Cole calificó a Harfuch como “un socio de confianza” y “un buen amigo de Estados
Unidos”, además de reconocer su experiencia en el combate al crimen organizado.
Pero el mensaje de mayor alcance estuvo en la estrategia: la lucha contra los cárteles
no debe limitarse a detener sicarios, operadores o jefes de plaza. El objetivo, planteó,
debe ser desmantelar las redes criminales de arriba hacia abajo.
La expresión adquiere especial relevancia en México porque obliga a mirar más allá de
los hombres armados y de los grandes capos.
Implica seguir el dinero, investigar empresas, identificar operadores financieros,
reconstruir las rutas de las organizaciones y determinar si existen redes de protección
institucional.
Esto no significa que la DEA haya anunciado una operación contra políticos mexicanos
ni que Estados Unidos pueda decidir a quién debe detener o procesar México.
Pero sí abre una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá si una investigación sobre una
organización criminal conduce hasta funcionarios públicos o personajes políticamente
relevantes?
Un cambio de tono
Las palabras de Cole resultan significativas porque semanas atrás el mismo funcionario
habló de una supuesta conexión entre organizaciones criminales y sectores del
Gobierno mexicano.
La administración de Claudia Sheinbaum rechazó entonces esas declaraciones y exigió
evidencias.
En Buenos Aires, sin embargo, el tono fue diferente.
El director de la DEA no confrontó públicamente a Harfuch. Por el contrario, reconoció
su trabajo y recordó que el funcionario sobrevivió al atentado de 2020 en la ciudad de
México, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cole destacó que, pese a las amenazas, Harfuch regresó a sus funciones y continuó
enfrentando al crimen organizado.
Al final de su intervención, agradeció públicamente al secretario mexicano su liderazgo,
amistad y colaboración.
La señal política es evidente: Washington identifica a Harfuch como un interlocutor
confiable en materia de seguridad.
Harfuch responde con cooperación
El secretario mexicano aprovechó el encuentro para presentar los resultados de la
estrategia de seguridad de la administración Sheinbaum y destacar el nivel de
cooperación alcanzado con las autoridades estadounidenses.
Harfuch explicó que el intercambio de información con la DEA se ha acelerado
considerablemente.
Incluso señaló que, en determinadas circunstancias, ambas instituciones recurren a
canales informales para compartir información y evitar que los procedimientos
burocráticos retrasen una operación.
“Eso es lo que se traduce en confianza”, afirmó.
La declaración resulta relevante porque durante los últimos años la relación entre
México y las agencias estadounidenses de seguridad estuvo marcada por la
desconfianza.
Ahora, el Gobierno mexicano parece apostar por un modelo diferente: cooperación,
intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas, pero bajo conducción mexicana.
Harfuch también presentó cifras de la estrategia de seguridad. Según lo expuesto en
Buenos Aires, durante la actual administración se han detenido alrededor de 63 mil 500
personas por delitos de alto impacto, asegurado más de 32 mil 800 armas de fuego y
decomisado 518 toneladas de droga.
Pero otro dato puede tener mayor relevancia política.
El secretario informó que han sido detenidos 95 funcionarios de alto nivel relacionados
con organizaciones criminales y que existen 155 órdenes de captura con fines de
extradición hacia Estados Unidos.
El mensaje es significativo: la corrupción institucional ya forma parte de la estrategia
oficial contra el crimen organizado.
El objetivo: las estructuras
Durante décadas, los resultados de la lucha contra el narcotráfico se midieron por el
número de detenidos, toneladas de droga decomisadas o capos capturados.
Pero una organización criminal puede sobrevivir a la caída de un jefe.
Lo que permite su permanencia es la estructura.
Hay dinero, empresas, operadores, rutas, armas, información y, en algunos casos,
protección institucional.
Por eso, el planteamiento de Cole adquiere especial importancia.
Una investigación puede comenzar con un operador y terminar siguiendo una ruta
financiera.
Una transferencia puede conducir a una empresa; la empresa, a un prestanombres; el
prestanombres, a un operador financiero y éste, eventualmente, a personas con
capacidad de decisión dentro o fuera de las instituciones.
Ese es el escenario que podría generar las mayores tensiones políticas entre México y
Estados Unidos.
El caso Farías Laguna
La coincidencia temporal también resulta significativa.
Mientras Harfuch participaba en Buenos Aires, el caso del contralmirante Fernando
Farías Laguna volvió a colocar la corrupción vinculada con instituciones del Estado en
el centro de la discusión.
El exmando naval fue detenido en Argentina y es señalado por autoridades mexicanas
como presunto integrante de una red relacionada con el contrabando de combustible,
conocido como “huachicol fiscal”.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sería trasladado a México para enfrentar
a la justicia.
El caso muestra cómo una investigación contra una organización criminal puede
adquirir rápidamente una dimensión institucional.
Ya no se trata solamente de determinar quién pertenece a una organización delictiva.
También es necesario establecer cómo funcionaba la red, quién participaba, quién
obtenía beneficios y quién pudo haber proporcionado protección.
¿La DEA va por los “narcopolíticos”?
Hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la DEA haya
anunciado una operación contra políticos mexicanos.
Tampoco puede afirmarse que Washington tenga una lista de funcionarios mexicanos a
los que pretenda llevar ante la justicia.
Pero Estados Unidos cuenta con instrumentos importantes: investigaciones financieras,
intercambio de inteligencia, cooperación judicial, sanciones, restricciones de visas y
procesos penales cuando existe jurisdicción estadounidense.
Por ello, el verdadero problema no necesariamente está en que la DEA pueda ordenar
a México qué hacer.
Está en la información que puede colocar sobre la mesa.
Si una investigación estadounidense proporciona evidencias sobre funcionarios
mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, el Gobierno de
México tendría que decidir cómo actuar.
Ahí estaría la verdadera prueba de la cooperación.
Porque la relación puede funcionar mientras los objetivos sean delincuentes
plenamente identificados.
La situación cambia cuando una investigación alcanza a personajes con poder político.
La prueba para Sheinbaum
El Gobierno mexicano ha insistido en que no permitirá subordinación frente a Estados
Unidos.
Washington, por su parte, necesita socios capaces de enfrentar organizaciones
criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Ambas posiciones pueden coexistir mientras la cooperación produzca resultados y se
respete la soberanía mexicana.
Pero la verdadera prueba llegará si una investigación conduce hasta funcionarios,
empresarios o políticos.
En ese momento, la estrategia tendrá que demostrar que no existen excepciones por
partido, cargo o cercanía con el poder.
Buenos Aires deja una pregunta
La reunión de la DEA no produjo un anuncio de una ofensiva contra los llamados
“narcopolíticos” mexicanos.
Produjo algo más sutil: una alianza pública entre el director de la DEA y el responsable
de la seguridad mexicana, acompañada de un discurso que coloca el
desmantelamiento integral de las redes criminales en el centro de la estrategia.
Cole ofrece confianza. Harfuch ofrece cooperación. Ambos hablan de inteligencia y
estructuras criminales.
Y ambos parecen coincidir en que perseguir únicamente a los operadores de menor
nivel ya no es suficiente.
La pregunta es hasta dónde llegará esa estrategia.
Porque si realmente se pretende desmantelar las redes criminales de arriba hacia
abajo, las investigaciones tendrán que seguir las evidencias hasta donde conduzcan.
Sin importar el partido.
Sin importar el cargo.
Sin importar el apellido.
Ahí estará la verdadera prueba para México: no solamente cuántos sicarios sean
detenidos, sino si las investigaciones son capaces de llegar hasta quienes financian,
protegen y permiten que las organizaciones criminales sobrevivan.
Y si alguna de esas rutas conduce al poder político, entonces la cooperación entre la
DEA y México dejará de ser solamente un asunto de seguridad y se convertirá en un
asunto de Estado.
