Por considerarlo de interés general, seguimos en el tema de la
semana anterior.
La defensa de los derechos de las audiencias es, en principio, una
causa legítima. Todo ciudadano tiene derecho a recibir información
clara, plural y a que los emisores aclaren al receptor, entre una noticia,
una opinión y un mensaje publicitario. El problema comienza cuando el
gobierno pretende convertirse en el árbitro de aquello que los medios
deben considerar “veraz”, “plural” o suficientemente contextualizado.
Ese es el verdadero debate que hoy enfrenta México.
Como es del dominio público, la Comisión Reguladora de
Telecomunicaciones abrió el pasado 27 de julio, una consulta pública
sobre nuevos lineamientos para proteger los derechos de las
audiencias de radio y televisión. El proyecto establece mecanismos
para presentar quejas, obligar a los concesionarios a contar con
códigos de ética y defensores de las audiencias, pero además
contempla la intervención de la CRT, como organismo regulador, en
determinados casos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que no pretende censurar
a los medios ni determinar qué es verdad. La propia presidenta ha
rechazado las acusaciones de censura y funcionarios del gobierno han
señalado que las eventuales sanciones serían por incumplimientos
administrativos y no por las opiniones expresadas por periodistas.
Pero una democracia no debe juzgar únicamente las intenciones
declaradas de un gobierno. También debe examinar cuidadosamente
las facultades que se le conceden.
Y aquí surge la preocupación en diversos sectores de la sociedad.
¿Qué ocurriría si una autoridad pudiera determinar que una
información no fue suficientemente plural? ¿Quién establecería
cuándo una noticia tiene el contexto adecuado? ¿Dónde termina la
obligación de informar y dónde comienza la libertad editorial del
periodista?
Son preguntas que no pueden se responder simplemente diciendo,
que “no habrá censura”.
Porque la censura moderna no necesariamente consiste en ordenar
directamente a un periodista qué debe publicar. Puede aparecer de
una manera mucho más sutil: mediante reglas, procedimientos y
sanciones que hagan que un medio prefiera no publicar determinada
información para evitar problemas con el regulador, o sea caer en algo
más grave, la autocensura
Y la autocensura puede ser tan dañina para una democracia, como la
censura abierta.
Hay, además, un antecedente que debería obligar a ser especialmente
cuidadosos. Los anteriores lineamientos de derechos de las
audiencias establecían expresamente que estos mecanismos deben
respetar la libertad de expresión, la libertad editorial y evitar cualquier
forma de censura previa.
Por eso la pregunta no debe ser si estamos a favor o en contra de
proteger a las audiencias. Eso sería una falsa disyuntiva.
La pregunta correcta es:
¿Cómo protegemos a las audiencias sin darle al gobierno
herramientas que puedan utilizarse para controlar a los medios?
La respuesta debería ser contundente: las autoridades pueden exigir
transparencia, derecho de réplica, identificación de publicidad, códigos
de ética y mecanismos eficaces para que los ciudadanos presenten
quejas. Pero debe tener límites muy claros cuando se trata de
determinar el contenido periodístico.
Porque una cosa es garantizar el derecho del ciudadano a escuchar
distintas voces y otra muy diferente, es que una autoridad decida
cuáles voces son suficientemente correctas.
En una democracia, un periodista puede equivocarse; tener una
opinión incómoda; ser crítico del gobierno o defenderlo. Puede
interpretar los mismos hechos de manera distinta que otro periodista.
Lo que no puede ocurrir es que el gobierno se convierta en el juez de
esas opiniones.
Y aquí está un punto fundamental:
No hay que demostrar que el gobierno tiene actualmente la intención
de censurar para exigir que las reglas impidan que pueda hacerlo
mañana.
La preocupación expresada por diversos de órganos de la sociedad, al
igual que los especialistas, no puede ser descalificada simplemente
como una campaña de la oposición o de los medios. La propia
controversia ha obligado a discutir modificaciones al proyecto,
mientras sectores de la industria han advertido sobre posibles riesgos
para la libertad de expresión.
La defensa de los derechos de las audiencias es, en principio, una
causa legítima. Todo ciudadano tiene derecho a recibir información
clara, plural y que sea advertido, apara que pueda distinguir entre una
noticia, una opinión y un mensaje publicitario. El problema comienza
cuando el gobierno pretende convertirse en el árbitro de aquello que
los medios deben considerar “veraz”, “plural” o suficientemente
contextualizado.
Ese es el verdadero debate que hoy enfrenta México.
Por ello, el gobierno tiene una oportunidad importante. Puede
demostrar que su intención realmente es proteger a las audiencias y
no controlar a los medios, incorporando candados explícitos que
impidan cualquier intervención de la autoridad sobre la línea editorial,
las opiniones y las decisiones periodísticas.
Porque si esos candados no existen, la sospecha seguirá siendo
inevitable.
Y en una democracia constitucional, la libertad de expresión debe
proteger especialmente aquello que incomoda al poder.
El gobierno no necesita proteger a los ciudadanos de las opiniones
que considera equivocadas. Los ciudadanos tienen ya, algo mucho
más importante y que deben conservar: la libertad de escucharlas y
decidir por sí mismos.
La Cámara Nacional de la industria de la Radion y la televisión, en voz
de su presidente, José Antonio García, apenas ayer martes, reconoció
avances en el proceso de consulta pública sobre los derechos de las
audiencias, en los que están de acuerdo, aunque aclaró que solo se
trata de un balance preliminar, pero que hay esperar a que concluya
dicho proceso para fijar una posición definitiva.
Hace unos días, también, el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado de la República, Ignacio Mier, señaló que ese
proceso de consulta es de aproximaciones sucesivas, que pueden
entrar en contradicción diferentes puntos de vista, por lo que todavía
no hay que emitir un juicio, hasta que no se tengan las los resultados,
las conclusiones y las modificaciones, que, en su caso, deriven de la
consulta que finaliza el próximo 21 de agosto.
Sin embargo, no hay que perder de vista; proteger a las audiencias
significa garantizar que puedan escuchar todas las voces, no darle al
gobierno, la facultad de decidir cuáles pueden escucharse.
