Y así, casi sin pedir permiso, llegó el 2027. O, mejor dicho, llegó la política mexicana con
todo su esplendor: elecciones, presupuesto, promesas, acusaciones, buenos deseos y, por
supuesto, la indispensable discusión sobre quién tiene la culpa de que las cuentas no
cuadren.
Este jueves 10 de septiembre, el INE dará el banderazo de salida al magno proceso
electoral de 2027, que apunta a convertirse en uno de los ejercicios democráticos más
costosos de la historia del país. Porque si algo hemos aprendido los mexicanos es que la
democracia cuesta, y cuesta bastante. Sobre todo, cuando hay que financiar campañas,
estructuras partidistas, debates, propaganda, fiscalización y toda esa maquinaria que se
pone en marcha para recordarnos, durante meses, que nuestra opinión es importantísima.
Mientras tanto, apenas unos días antes, el martes 8 de septiembre, la Cámara de Diputados
y el Senado de la República recibieron de la Secretaría de Hacienda el Paquete Económico
para el próximo año. Es decir, mientras el INE prepara la fiesta electoral, Hacienda prepara
la calculadora. Y ambas instituciones tienen algo en común: ninguna parece tener un
presupuesto precisamente modesto.
La coincidencia temporal no podría ser más simbólica. Por un lado, comienza la carrera por
los votos; por otro, inicia la carrera por los pesos. Y entre ambas carreras estará el
ciudadano, que tendrá que observar cómo se gastan unos y otros mientras escucha que no
hay dinero suficiente.
La discusión del presupuesto promete ser intensa. PAN, PRI y MC ya han identificado los
principales campos de batalla, mientras Morena y sus aliados seguramente defenderán la
propuesta gubernamental con el argumento de que el proyecto mantiene el rumbo y
garantiza la continuidad de las políticas públicas.
La oposición, por su parte, tendrá la nada sencilla tarea de demostrar que el rumbo puede
ser correcto, pero que quizá el vehículo lleva demasiados pasajeros, poco combustible y
una deuda considerable en la cajuela.
La deuda: esa invitada que nunca se va
El primer gran tema será el endeudamiento y la reducción del déficit fiscal.
La oposición sostiene que el gobierno ha hipotecado buena parte del futuro nacional y
advierte que el nivel de deuda, cercano al 55 por ciento del PIB, obliga a mirar con mucho
cuidado las cuentas.
El gobierno, naturalmente, tiene otra lectura. Y ahí aparece uno de los grandes misterios de
la economía mexicana: todos hablan de disciplina fiscal, pero cuando llega la hora de
decidir quién pierde y quién gana con los ajustes, la disciplina suele pedir permiso para
retirarse.
Hacienda proyecta reducir el déficit fiscal a 3.9 por ciento en 2027. El problema será
explicar cómo se conseguirá esa reducción sin realizar recortes importantes al gasto
público.
Porque reducir el déficit es relativamente sencillo cuando alguien acepta pagar la cuenta. Lo
complicado es encontrar quién.
Impuestos que no son impuestos, pero se parecen bastante
El segundo frente será el fiscal.
La presidenta ha sostenido que no habrá nuevos impuestos generales, pero los legisladores
de oposición sospechan que podría haber ajustes al IEPS sobre determinados productos.
Bebidas alcohólicas, refrescos y alimentos de alto contenido calórico o de sodio aparecen
entre los posibles protagonistas de esta película fiscal. Embutidos y sopas instantáneas
podrían descubrir así que, además de alimentar al ciudadano, también tienen una
importante función recaudatoria.
El gobierno argumentará que se trata de salud pública, regulación y actualización de
impuestos. La oposición probablemente responderá que, cuando el consumidor termina
pagando más, la diferencia entre “actualización” y “nuevo impuesto” puede resultar bastante
académica.
Y está, además, el combate a la evasión y al llamado “huachicol fiscal”.
Nadie sensato puede oponerse a combatir la evasión. El problema comienza cuando la
estrategia para aumentar la recaudación termina concentrándose en quienes ya están
registrados, facturan, declaran y pagan, mientras la informalidad continúa disfrutando de
una existencia fiscal mucho más relajada.
La oposición ya ha bautizado el riesgo como “terrorismo fiscal”. Una expresión fuerte, sin
duda, pero políticamente eficaz. Porque en México hay pocas cosas más eficientes para
generar preocupación que anunciar una revisión fiscal justo cuando el contribuyente estaba
intentando dormir tranquilo.
El crecimiento: esa cifra que todos quieren creer
El tercer gran debate será el crecimiento económico.
Hacienda estima para 2027 un crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento. La
oposición considera que el pronóstico es demasiado optimista frente a una economía
internacional que enfrenta desaceleración, incertidumbre comercial y tensiones arancelarias
con Estados Unidos.
Aquí aparece otro clásico de las finanzas públicas: el presupuesto se construye con base en
una expectativa de crecimiento y, si la realidad decide no cooperar, llega el inevitable ajuste.
Porque en los documentos oficiales el crecimiento siempre luce ordenado, elegante y
perfectamente calculado. El problema es que la economía real tiene la mala costumbre de
ignorar las hojas de Excel.
Si el crecimiento termina por debajo de lo previsto, los ingresos también podrían quedar
cortos. Y entonces vendría la discusión que nadie quiere tener: ¿de dónde sacar el dinero
que no llegó?
Pemex contra las universidades
Pero quizá uno de los enfrentamientos más sensibles será el relacionado con Pemex y la
educación superior.
La oposición cuestionará que continúen destinándose importantes recursos al rescate de
Petróleos Mexicanos mientras las universidades públicas enfrentan restricciones
presupuestales.
El argumento es sencillo: si hay recursos para una empresa estatal con problemas
financieros, ¿por qué no hay recursos suficientes para las instituciones encargadas de
formar a los jóvenes que algún día tendrán que resolver esos problemas?
Es una pregunta incómoda, aunque también habrá que reconocer que Pemex no es una
empresa cualquiera y que su importancia estratégica para México difícilmente puede
compararse con la de cualquier compañía privada.
Pero la ironía está servida: mientras a las universidades se les pide eficiencia, austeridad y
creatividad, a Pemex se le sigue pidiendo que aguante. Y cuando no aguanta, ahí está el
presupuesto para ayudarlo a aguantar otro poco.
En educación, además, el incremento parece concentrarse particularmente en becas. Y
nadie puede negar que las becas son importantes. La pregunta es si basta con ayudar al
estudiante a llegar a la universidad cuando la universidad misma tiene dificultades para
sostener sus instalaciones, investigadores, profesores y programas académicos.
La oposición también trae su carta
PAN, PRI y MC no llegarán a la discusión únicamente con críticas. También plantean
medidas que buscan conectar directamente con el bolsillo de los ciudadanos.
Entre ellas están dejar libre de ISR el aguinaldo completo, reducir las tarifas de energía
eléctrica y disminuir el IEPS a los combustibles para abaratar la gasolina.
Políticamente, son propuestas difíciles de combatir. ¿Quién podría estar en contra de recibir
más aguinaldo, pagar menos luz y comprar gasolina más barata?
El problema, naturalmente, aparece después de la pregunta favorita de Hacienda: ¿y
cuánto cuesta?
Porque en política todo mundo sabe cómo repartir beneficios. Lo verdaderamente
complicado es explicar cómo se financian.
Y al final, ¿quién ganará?
La historia legislativa de los últimos ocho años permite anticipar el desenlace: Morena
cuenta con la mayoría necesaria para sacar adelante buena parte del proyecto presidencial.
La oposición podrá modificar, negociar, reclamar, presentar reservas y ofrecer discursos
memorables. Pero una cosa es tener tribuna y otra tener los votos.
Ahí entrará la experiencia política del presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, y
del líder de la bancada guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier Velazco, quienes tendrán
que construir los acuerdos necesarios para mantener la mayoría cohesionada y, cuando sea
indispensable, negociar con la oposición.
En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal tendrá también una tarea de alto voltaje
político, acompañado por Raúl Bolaños Cacho Cue en la presidencia de la Mesa Directiva,
una posición ocupada por primera vez por el PVEM, aliado de Morena.
Así que comienza oficialmente la temporada de presupuesto, elecciones y promesas.
El INE contará los votos. Hacienda contará los pesos. La oposición contará los errores del
gobierno. Morena contará sus votos legislativos. Y los ciudadanos, como siempre, contarán
cuánto les queda en la cartera después de pagar impuestos, luz, gasolina y alimentos.
La verdadera prueba será demostrar que las cuentas públicas pueden equilibrarse sin
cargar todo el peso sobre los mismos de siempre.
Porque México podrá tener elecciones cada vez más caras, presupuestos cada vez más
complejos y debates legislativos cada vez más intensos, pero existe una vieja regla que
ningún Paquete Económico ha conseguido modificar: cuando no alcanza el dinero,
alguien termina pagando la diferencia.
Y sería extraordinario que, esta vez, ese alguien no fuera siempre el ciudadano.
