La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, advirtió que el ámbito laboral es uno de los espacios donde se registra el mayor número de denuncias por discriminación, una práctica que limita el acceso al empleo, dificulta la permanencia y el desarrollo profesional, restringe las oportunidades de ascenso y profundiza las brechas económicas y sociales.
Lo anterior, de acuerdo con las quejas registradas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta del Senado el 21 de octubre.
La legisladora indicó que, a nivel nacional, entre 2015 y 2025, el Conapred documentó tres mil 85 quejas, de las cuales destacan las relacionadas a la condición de salud, con 625 casos; con el embarazo, 597; el género, 432; la edad, 410; la discapacidad, 376 y la orientación sexual, 238.
Frente a esta realidad, aseveró que resulta evidente que la sola prohibición jurídica no ha sido suficiente para erradicar este tipo de prácticas en los centros laborales, entonces el desafío ya no consiste únicamente en prohibir la discriminación, sino en prevenirla.
Por tal motivo, mediante una reforma a la Ley Federal del Trabajo, Reyna Celeste propuso fortalecer el enfoque preventivo del derecho a la igualdad y la no discriminación, para incorporar obligaciones expresas para las personas empleadoras.
La legisladora planteó obligaciones en materia de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, para que las y los trabajadores, como los empleadores deban contribuir a mantener un entorno libre de violencias, mediante la promoción de la equidad en las oportunidades, la inclusión y el respeto a los derechos humanos.
Celeste Ascencio destacó que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, registró, entre 2018 y junio de 2026, mil 34 expedientes relacionados con discriminación en el ámbito laboral, cifra que supera ampliamente la registrada en cualquier otro sector de la vida social.
Señaló que más del 70 por ciento de las quejas atendidas por el Consejo involucran a personas particulares, principalmente empresas del sector privado.
Asimismo, en la iniciativa remitida a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, planteó que los contratantes capaciten periódicamente a su personal para prevenir, identificar, atender y eliminar estas conductas.
Y que los espacios laborales con 50 o más empleados implementen y mantengan políticas y medidas de igualdad de oportunidades e inclusión que contemplen, como mínimo, acciones de prevención y atención de la discriminación, capacitación del personal y mecanismos internos para atender y dar seguimiento a posibles actos discriminatorios, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Dichos lineamientos, indicó, tienen que considerar el tamaño, la actividad económica y la capacidad operativa de los centros de trabajo, para evitar cargas desproporcionadas a las micro, pequeñas y medianas empresas.
