Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., quedó como única empresa en el concurso convocado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán para el arrendamiento de 65 patrullas durante tres años. El procedimiento, encabezado por la dependencia que dirige Luis Felipe Saidén Ojeda, contempla la entrega de las unidades en un plazo máximo de 10 días, con todo el equipamiento policial y tecnológico necesario para su operación.
La licitación pública presencial, identificada como SSP-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS-2026, tuvo modificaciones en sus condiciones durante la junta de aclaraciones del pasado 26 de octubre. De acuerdo con fuentes de la dependencia, algunos de los cambios respondieron a solicitudes planteadas por Grupo Turbofin, empresa propiedad de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, y dirigida por Eduardo Flegman Lijtszain.
Entre los requisitos establecidos por la SSP figura que los 65 vehículos se entreguen equipados como patrullas en un periodo de apenas 10 días. Las unidades deben contar con torretas, sirenas, balizamiento y cámaras integradas a la plataforma tecnológica de la corporación, además de placas de circulación de Yucatán. El plazo comprende tanto la disponibilidad de los automotores como la instalación de los dispositivos, la adecuación policial y los trámites necesarios para que puedan circular.
El calendario de la contratación también fijó un margen reducido para que los participantes incorporaran a sus propuestas las precisiones acordadas durante la junta de aclaraciones. Esta reunión se realizó el 26 de octubre, mientras que la presentación y apertura de ofertas quedó programada para el día 30, con lo que la SSP estableció el periodo mínimo previsto en la normativa estatal.
Al respecto, el artículo 35 del Acuerdo SAF 37/2021, que regula los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno de Yucatán, establece que deben transcurrir al menos tres días hábiles entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas.
Las condiciones del concurso y la participación de las dependencias estatales también quedaron asentadas en el acta de aclaraciones. Según las fuentes consultadas, el documento incorpora cambios derivados de planteamientos de Turbofin; sin embargo, no aparecen las firmas de representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas ni de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pese a que ambas instancias habían sido convocadas.
La representación del órgano de control estuvo a cargo de David Abraham González Mastache, contralor interno asignado a la SSP, quien sí firmó el acta. Por parte de la Secretaría participaron Luis Alberto Pinzón Sarabia, subsecretario de Administración y Recursos Humanos; Luis Arturo Sabido Aguayo, coordinador general de Administración; José Humberto Durán Cituk, director de Administración, y Alicia Anaís Puerto Padilla, jefa del Departamento de Compras.
A las reuniones del procedimiento también asistieron Rafael Jesús Chaires Cuevas, subsecretario de Seguridad Ciudadana, y Jesús Iván Flores Cuytun, de acuerdo con el documento. La licitación se desarrolla durante la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena y tiene como propósito contratar el arrendamiento de 65 vehículos para las labores de seguridad pública durante los próximos tres años.
