En Oaxaca, en los previos de la llegada de la Semana Santa, mientras unos hacían planes para salir de viaje y otros se preparaban para aprovechar la tradicional ola de visitantes que llega cada año en estas fechas a las conmemoraciones sacras, especialmente las que se realizan en el magnífico escenario del exconvento y templo de Santo Domingo, el más importante e imponente del continente, y sin decir agua va la mayoría de Morena y aliados del Congreso estatal se sacaron de la manga y aprobaron sorpresivamente una reforma para prácticamente anular a la propiedad privada en ese estado.
Esta reforma le permitiría al Gobierno aplicar una súbita expropiación de predios e inmuebles bajo el concepto de ‘ocupación urgente’ por interés en cuestiones de salud, educación, seguridad o cualquier otro.
Propuesta por el gobernador de Morena Salomón Jará (quien enfrenta graves problemas de legitimidad interna en Oaxaca luego de una consulta de revocación de mandato de la que apenas pudo salir de panzazo y muy cuestionado) la reforma fue pospuesta por el mismo mandatario luego de una rápida y contundente reacción de organismos empresariales que la calificaron como un atentado a la propiedad privada.
Hay quienes dicen que dejar suspendida su publicación en el diario oficial del estado, y con ello aplazar su entrada en vigor, en realidad se debe a que desde el Zócalo de la Ciudad de México le pidieron al gobernador no echarle leña a la lumbre de escándalo nacional en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a ella media docena de temas mucho más importantes que resolver.
El caso es que esta reforma ya aprobada y ahora en el congelador, anula en los hechos a la Ley de Expropiación de 1950.
La reforma de expropiación de Jara introduce el concepto de la «ocupación urgente» de inmuebles y precios para ser -se supone- utilizados en favor de proyectos de salud, educación y obras públicas.
Esta reforma le permitiría al gobierno estatal tomar posesión inmediata, garantizando la indemnización al valor comercial.
Así los puntos clave de la Nueva Ley, son:
- «Ocupación Urgente»: Figura que permite la toma inmediata de inmuebles para proyectos considerados de utilidad pública, como el «Parque Primavera Oaxaqueña», la construcción de hospitales o caminos.
- Actualización de Causas: Se eliminan causas obsoletas y se añaden nuevas relacionadas con el desarrollo urbano y la protección ambiental.
- Indemnización: La ley establece que se pagará una indemnización equivalente al valor comercial, sin que sea inferior al valor fiscal catastral.
- Objetivo: El gobierno asegura que busca mejorar los tiempos procesales, fortalecer el interés público y garantizar la propiedad privada mediante mecanismos de defensa.
Una vez que la población recupere sus actividades normales, se espera haya sectores que pidan la revocación de esta reforma para restituir la de 1950 que garantiza el derecho a la propiedad.
Otros muchos ven desde diferentes puntos del país que esta reforma forma parte de una serie de puntos de los documentos básicos de Morena en que se plantea que se anule el concepto de la propiedad privada y se establezca el principio socialista de propiedad de la Nación.
Bajo este principio ningún inmueble, predio o bien en el país podría ser reclamado en propiedad por nadie en lo particular porque todo sería ‘propiedad de la nación’ como se entiende podrían ser el petróleo, o los minerales.
Las casas, los edificios, los predios serían entregados a particulares como ‘concesiones del Estado’ pero no como propiedad de nadie.
Tal como ocurre en Cuba, China, Corena del Norte, etc.
A eso le andan jugando los de la 4T con estas reformas que buscan anular la propiedad privada y que ya lo intentaron incluso en la Ciudad de México, y que sigue sin ser resuelto en la capital del país.
YA PRENDIÓ EN MEXICO QUE LA ONU REVISE LO DE DESAPARECIDOS
Interesante que el primer día del reingreso a la vida normal luego de Semana Santa las presidentas de la República, del Senado y de la CNDH –Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Rosario Ibarra Piedra– hayan ocupado sus primeras apariciones ante medios para lanzar una embestida contra el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que ha lanzado una iniciativa para revisar en el Pleno el tema de las desapariciones en México.
Las tres presidentas cuestionan la calidad técnica y veracidad del informe de la ONU para exigir que este organismo entre a sancionar los reportes oficiales mexicanos sobre los miles y miles de desaparecidos en este país.
El informe, dijo, no se apega a la definición de desaparición forzada establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la cual implica la participación directa del Estado con fines políticos y además es de los años de 2010 a 2017 que nada tienen que ver con el gobierno actual.
Lo mismo ratificaron la presidenta del Senado y la de la CNDH.
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