El desarrollo del cortometraje es brutal:
Primera escena: una policía de un municipio serrano de Chihuahua responde con cierto enfado a la llamada, escucha la voz de una niña que le implora, ¡por favor, por favor, que vengan los bomberos… nos estamos quemando!
Sorprendida, impactada, la agente no sabe que responder, no sabe que preguntar, no sabe que hacer…
“No te preocupes, cómo te llamas, dónde estás…”
Se corta la llamada.
En la siguiente escena, una persona toma su café y lee una nota que dice: “Cinco niños calcinados ayer en un incendio en una casa de…”
La madre, abandonada, los dejaba encerrados para ir a trabajar.
El miércoles de esta semana, a la hora del trajín, en la colonia doctores estallo un tanque de gas de 20 kilos en un puesto callejero y murieron 7 personas. Más o menos lo mismo ocurrió ese mismo día en Monterrey en un mercado público y los hechos apenas ocuparon unas cuantas notas en redes sociales.
Todo esto forma parte de los 95 mil incidentes de todo tipo que ocurren en el país y que terminan en incendios de todos los niveles. Los incendios ocurren de la nada y siempre terminan en tragedia. Destruyen, consumen departamentos, casas, edificios, empresas, hoteles, escuelas, todo.
Suman miles los muertos, muchos de ellos niños como los del municipio de Chihuahua, y las pérdidas representan miles y miles de millones no de pesos, de dólares, euros y el fin abrupto de miles de carreras empresariales.
El tema lo plantean Víctor Espinola, director General; Jazmín Karina Rodríguez, directora de admisiones y Esteban Gabriel Martínez, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio, AMRACI, y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio, CONAPCI, ambas organizaciones sin fines de lucro que representan a más del 70% de la industria del sector contra incendios en México.
Detrás de todo esto hay un país sin leyes, reglamentos, sin estructuras de gobierno ni de prevención de incendios y sin cultura ni educación contra incendios.
En el sistema educativo nadie habla de esto y no hay programas de estudio que aborden el problema.
Además de que cada estado debiera tener sus leyes y reglamentos, y que el ideal sería una norma única federal contra incendios, con una estructura administrativa capacitada y con inspectores no corruptos y con vinculación al sector empresarial, no existe nada y donde hay la corrupción anula cualquier sistema de prevención contra incendios.
Un solo hecho muestra cómo en México casi nadie se preocupa por prevenir incendios: el 90% de los bomberos en estados y municipios son voluntarios, sin salario ni preparación para enfrentar incendios.
Sus equipos personales y generales -desde carros y camiones tanques, mangueras, aspersores, etc – uniformes, mascarillas, guantes, botas, provienen de donaciones internacionales en casi un cien por ciento.
¿Capacitación? Ni hablar de eso, casi cero.
En un 95% los incendios ocurren en casas habitación, en edificios de departamentos, en multifamiliares, y casi todos por cuestiones de gas, electricidad o mal manejo de trabajos con equipos de soldaduras o similares.
Un intento por hacer conciencia y para avanzar en la prevención de incendios será la Expo Fire & Safety que se realizará 25 y 26 de este agosto en el World Trade Center -wwww.expofirre.mx- de la ciudad de México.
VA CON TODO LA 4T CONTRA ALEJANDRO ‘ALITO’ MORENO
Esta semana comenzó con la detención de Luis Antonio Espinosa, contador de las empresas de su hermano Emilio Gabriel Moreno y ayer aprehendieron a su exdirector de comunicación Social, Carlos Alberto Medina Hernández, ambos acusados de un supuesto peculado.
Todo se suponer ocurrido durante el gobierno de Alejandro Alito Moreno hace más de 10 años en Campeche.
El nuevo embate -ya van unos 6 o 7, todos ganados por Alito– lo realiza oootra vez la 4T contra el senador y presidente del PRI y de la COPPPAL a través de la gobernadora expriista, ahora militante de Morena, Layda Sansores -hija de Carlos Sansores Pérez, uno de los cuadros históricos del PRI e igualmente exgobernador de ese estado- en una clara intención de vincularlo a proceso judicial y promover su desafuero.
Pero, hay que decirlo, ningún gobernador ni ningún presidente de la República firma factura u orden de compra en su gestión.
Eso lo hacen sus subalternos, por eso no es fácil acusarlos de peculado.
Hay que decir también que cualquier compra o pago de facturas en cada gobierno municipal, estatal o federal es revisada y aprobada por los congresos locales o la Cámara de Diputados Federal cada año y luego revisadas por las auditorías legislativas estatales y la federal.
Una vez tramitados estos procesos de revisión y aprobación de gasto de presupuestos y de cuentas públicas, es muy difícil que un gobernador -como es ahora el caso del senador Alejandro Alito Moreno– puedan ser vinculados a algún proceso judicial por peculado.
Todo lo que hagan ahora desde la 4T, Morena y Presidencia de Claudia Sheinbaum, especialmente el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Procedencia Hugo Erik Flores estará en el filo de un caso absolutamente plítico no judicial contra el más persistente opositor político del régimen.
Lo podrán vincular a proceso, quitarle el fuero y meterlo a la cárcel pero el costo de eso quizá sea irreparable para la mandataria y la 4T (con Andrés Manuel López Obrador no tan a la sombra de eso).
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