La sangrienta guerra fratricida sin tregua alguna entre sus fracciones -estallada este domingo 25 de julio hace ya dos años-, sumada a la extradición hacia EU de sus líderes, es lo que ha sentenciado a una rápida extinción del Cartel de Sinaloa.
Al final no fue ni la DEA ni ninguna otra agencia del gobierno del presidente Donald Trump, sino la ingratitud entre ellos mismos lo que los condenó a su desaparición.
Hoy, en los hechos, este cartel transita hacia su fin en medio de duros y sangrientos coletazos y una atroz confrontación -en la peor de sus ferocidades y salvajismo- de quienes han heredado sus operaciones ante el encarcelamiento de sus jefes-capos.
Todo inició con la traición, secuestro con entrega a las autoridades norteamericanas de Ismael El Mayo Zambada por su ahijado Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, de los muchos hijos de su principal socio y compadre Joaquín El Chapo Guzmán, hoy igual que él preso de por vida en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, EU.
Un fin de vida decretado para ocurrir tan lejos de su amado Badiraguato.
El Cartel de Sinaloa -comandado por ambos, El Mayo y El Chapo-, ha sido catalogado por la DEA como el más poderoso y temible en el mundo, por sobre los carteles italianos o rusos, con presencia, redes de distribución y alianzas en al menos 47 países de los cinco continentes.
En este, desde Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina y por supuesto México.
En España, Alemania, Reino Unido, Italia, China, Tailandia y Australia y de ahí a África superando los 26,000 operadores a nivel internacional.
EL INICIO DEL FIN
El principio del fin del Cartel de Sinaloa tiene fecha exacta: se dio cuando el jueves 25 de julio de 2024, tras ser citado con engaños a una finca de Culiacán para supuestamente mediar en una disputa política entre el gobernador del Estado el morenista Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo del PAN-PRI-PRD Héctor Melesio Cuén, el mayor y más evasivo y longevo (casi 40 años al frente de esa actividad) jefe del narco, El Mayo Zambada fue emboscado por hombres armados, sometido, esposado y cubierta su cabeza, y obligado con violencia a subir a un jet ejecutivo privado de unas 8 plazas para ser trasladado de inmediato al pequeño aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas donde ya lo esperaban agentes del FBI.
En esos hechos fue asesinado el diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es todavía un misterio sin aclarar si en el secuestro de El Mayo estuvo presente o no el gobernador Rocha Moya, como se supone estuvo como parte de esa trama.
Lo único cierto es que todos esos hechos no sólo fracturaron al Cartel de Sinaloa, sino que además decretaron el derrumbe y exposición de la política de “Abrazos no balazos” muy presumiblemente convenida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con los capos del Cartel de Sinaloa y de los otros vigentes en el país, como el Jalisco Nueva Generación, del cual en su sexenio surgieron el de La Barredora en Tabasco al amparo según los hechos del gobernador y luego secretario de Gobernación y precandidato presidencial de Morena hoy senador Adán Augusto López.
Desde entonces todo hace agua en ese pacto que propició una expansión sin precedentes de los carteles de la droga, la explotación de migrantes, de la aplicación del derecho de piso, de secuestros, de sometimiento de autoridades municipales y estatales a quienes obligaron a colocar a sus funcionarios y a compartir presupuestos.
Una política de seguridad aplicada rigurosamente por AMLO, de contubernio y cogobierno en importantes sectores del Estado, y de la cual además surgió la red del huachicol fiscal, en la que el narco intervino con financiamiento y con sus sicarios en procesos electorales de al menos 8 estados del Pacífico mexicano, según se establece en la denuncia del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros 8 cómplices.
En este derrumbe todo indica que el Cartel de Sinaloa no solo se llevará a sus líderes mayores, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, sino a sus socios políticos entre quienes despuntan junto a Rocha Moya el propio expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador y muchos más de su entorno.
RUFFO, PRESO POLÍTICO DE LA 4T: GÓMEZ-MONT
Para Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, exdiputado panista y con la mayor de las experiencias en la defensa penal, y por ello abogado del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, no hay duda:
- Su defendido, el primer gobernador de oposición, Ernesto Ruffo Appel es un innegable preso político de este régimen.
- Que además sirve para la manipulación mediática, distracción de otros casos que afectan a este gobierno.
Su caso, afirma, está simple y sencillamente “agarrado de alfileres”.
LO DE BC UN CASO SIN PRECEDENTES
Para no pocos este caso amerita una profunda reflexión y análisis porque, a lo del exgobernador panista, se suma además la confrontación política entre los 2 gobernadores morenistas que ha tenido BC: Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila.
Este pleito, para los enterados ya definió al ganador en 2027: la oposición.
Y es que este choque político entre Bonilla y Marina del Pilar rompería la alianza entre Morena y PT.
El exgobernador Bonilla y su partido el PT, ya dijeron que llevan ya como candidata a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.
Y que no irán con Morena si el partido en el poder insiste en postular a la senadora marinista Julieta Ramírez. Y menos si proponen a Ismael Burgueño, alcalde con licencia de Tijuana, quien es el propuesto por Carlos Torres Torres, ex de Marina del Pilar.
Con las cosas así, el pleitazo entre Marina y Bonilla, sin duda terminará en la derrota de todos ellos.
Sólo queda que desde la capital del país Ariadna Montiel logre mantener la alianza de Morena con PT y Verde, y para ello deberá postular a un candidato o candidata que no tenga nada que ver con Marina del Pilar ni con Jaime Bonilla.
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