Hoy se cumple la primera semana de que el Departamento de Estado de EU que comanda Marco Rubio entregó a la Secretaría de Relaciones de México la exigencia del juzgado del Distrito Sur de Nueva York, para detener urgentemente con fines de extradición por narcotráfico al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 9 colaboradores y exfuncionarios más de morena.
En esta semana cumplida Donald Trump y Marco Rubio han comprobado que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha aplicado todas las argucias legaloides, las mañas y recursos retóricos superficiales para minimizar y desechar su petición.
Ayer incluso la mandataria mexicana, en aras de justificar su inacción en este caso, llegó a decir que la petición de esas detenciones surgió de una oficina de justicia de Nueva York y de que no había quedado claro por qué era tan urgente aprehender y extraditar a quienes ellos quieren.
Al hacerlo, la presidenta Sheinbaum busca incluso ridiculizar el hecho de que la petición fue del Departamento de Justicia de los EU que fue presentado por el Departamento de Estado a la secretaría de Relaciones Exteriores de México.
No de una pequeña oficina neoyorquina sin importancia.
La retorica de la presidenta mexicana y de sus colaboradores, ha sido plenamente registrada en la Casa Blanca como una abierta intención de negarse a cooperar con el Gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra en narcoterrorismo.
Y con ello cobra fuerza la deliberación interna en Washington de que ya no hay que acudir a los cauces legales de la relación bilateral para enfrentar esta lucha, sino acudir abiertamente a operaciones directas que podría ir desde la sustracción desde México de los acusados por la justicia estadounidense mediante colaboradores o agentes mismos de EU, como fue en el caso de Ismael El Mayo Zambada, o de operaciones policiales o militares como fue el caso de Nicolás Maduro.
Hoy se cumple una semana de retruques y artimañas de la administración mexicana que les comprueba a Trump y Rubio que el gobierno de Claudia Seinbaum y de su 4T, considerados por ellos como un régimen prosocialista y alineado y abiertamente bajo el control del narco, que no es ni confiable ni amistoso.
Así la primera prueba a que sometieron al régimen de la 4T les dio a ellos la pauta para continuar ahora por la vía de operaciones directas para combatir a los carteles narcoterroristas.
Hoy Trump y Marco Rubio tienen ya la justificación ante el mundo para ir a operaciones directas.
Ya no enviarán más peticiones para detener a otros narcogobernadores, narcoalcaldes, narcosenadores, narcodiputados o narcolideres políticos de morena. Simplemente van a venir por ellos.
La lista presumible es larga y comienza por el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador (tan amigo del exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien muchos dicen fue quien pudo haberlo acercado a sus amigos de su natal Badiraguato como Joaquín El Chapo Guzmán o Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada, y podría haberse convertido por ello en el puente para la entrega directa de miles de millones no de pesos sino de dólares para sus campañas que lo llevaron a vivir en Palacio Nacional)…
O sus tres hijos, o sus cercanos como Adán Augusto López, o Mario Delgado quien como líder a dedo de Morena operó miles de millones de pesos de los muchos que generó el huachicol fiscal para impulsar electoralmente a gran partes de los 24 gobernadores y cientos de alcaldes, senadores y diputados de Morena.
Insisto, la lista es larga. Usted sabe quienes la integran.
Cualquiera de ellos podría ser el siguiente objetivo de la justicia de EU y de una operación directa para llevarlos ante los tribunales de NY o de otras ciudades.
Todo eso pasa por Morena con dirigencia recientemente renovada.
LA OPOSICION EN SENADO EXIGE RESPUESTAS
Mario Vázquez, senador panista de Chihuahua, considera que ignorar el reclamo de EU de aprehender y extraditar al narcogobernador de Sinaloa y otros 9 complices sienta un grave precedente en la relación bilateral con EU.
“Lo que ocurre en Sinaloa no puede minimizarse ni esconderse; hablamos de señalamientos gravísimos de narcopolítica. Cuando el crimen organizado se mete en la política, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser ´narcocracia´”.
Por ello la oposición en el Senado exige: que la presidenta Sheinbaum y la Fiscalia General de la República cumplan con la petición de EU y evitar que las instituciones mexicanas se conviertan en mecanismos de protección.
Que se informe al Congreso de las investigaciones y el cumplimiento de acuerdos de cooperación internacional.
Que se informe por igual al INE sobre posibles violaciones graves a los principios democráticos, financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.
Que el INE inicie la cancelación del registro de Morena, ante las evidencias de violaciones graves y sistemáticas a la ley y la presunta vinculación de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales.
Que ahora falta que el senador Enrique Inzunza se separe del Senado y se garantice una investigación transparente de lo que se le acusa, ya sin fuero constitucional.
“El silencio del gobierno federal no es prudencia, es complicidad”, indicó el senador Vázquez.
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