Organizaciones civiles reconocieron este viernes el cumplimiento del Gobierno de México del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco y la legislación para restringir el cigarro en espacios comunes, pero advirtieron de la persistencia de retos.
«Fue un sexenio como nunca antes en el cumplimiento del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, con las reformas a la ley nacional para la protección contra el humo de tabaco y las emisiones de los cigarros electrónicos», señaló en una conferencia de prensa Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, este viernes, Ochoa, junto con organizaciones de la sociedad civil, presentaron la ‘XIX Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco’, que en esta ocasión enfatiza los avances durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Aún así, en el documento resaltaron que persisten pendientes, que constituyen un «gran reto» para quien llegue a la Presidencia tras la elección del 2 de junio.
«Los amparos tabacaleros para incumplir la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, la interferencia de la industria para revertir las políticas, la política fiscal, los problemas medioambientales asociados al consumo de tabaco, son algunos de los temas que aborda esta evaluación», mencionaron.
Ochoa recordó que en el mundo mueren 7.2 millones de personas cada año por enfermedades asociadas al tabaco.
Mientras que, en México, anualmente mueren unas 63 mil personas por esta causa, que «sigue siendo el factor de riesgo que más muertes y enfermedades causa, pese a los esfuerzos de los gobiernos, instituciones académicas y organizaciones civiles”.
Adriana Rocha Camarena, de Polithink, señaló que la interferencia de la industria tabacalera es uno de los mayores desafíos.
«En este sexenio logramos trabajar de la mano de personas en el Congreso para denunciar y exponer la interferencia de la industria, y gracias a eso pudimos avanzar. Pero también nos enfrentamos a personas legisladoras que abiertamente tomaron decisiones de la mano de las tabacaleras», mencionó.
En tanto, Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa Mx, precisó que existen mil 700 amparos, de los que 350 están en revisión y en casi 80 han declarado constitucional el reglamento de la Ley General de Control de Tabaco.
«Ahora nos toca observar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirá su papel como tribunal constitucional y priorizará los intereses de la salud frente a los de la industria, en los más de 10 casos que tiene pendientes de resolución y que, esperamos, la próxima semana se sesionen los primeros asuntos», apuntó.
Por su parte, Carlos Guerrero de, Tobacconomics, Johns Hopkins University, sostuvo que uno de los grandes pendientes del siguiente sexenio es la política fiscal.
«Los impuestos son la medida más efectiva y más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco, con efectos distributivos deseables. La política fiscal en México no se ha fortalecido en los últimos años y está rezagada frente a otros países de América Latina y el mundo», dijo.
