Muchas veces se tienen elementos para presumir que en esos delitos participa la delincuencia organizada, advierte
La senadora Claudia Ruiz Massieu lamentó que haya decenas de miles de familias que no pueden conocer la verdad sobre el paradero de un ser querido, de quien se tienen elementos para presumir que fue víctima de desaparición forzada por parte de miembros de la delincuencia organizada, como el reciente caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno, Jalisco.
Esta situación, advirtió, se debe a la alta impunidad del delito y la falta de empatía del Estado mexicano para resolver las denuncias, lo que ha provocado que se formen colectivos de personas que buscan a sus seres queridos en fosas, terrenos y parajes donde presumiblemente se depositan cadáveres de forma clandestina.
“Son familias que han tenido que reivindicar el derecho a buscar a sus seres queridos y a recibir y difundir información sobre los hechos y su presunto paradero. Son familias que viven el dolor, la injusticia y la ausencia de la reparación del daño y del compromiso de que cesen conductas como las que les agravian”, subrayó la legisladora.
Ante tal situación, Ruiz Massieu promueve un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que rindan al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución y el cumplimiento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La senadora calificó la desaparición de personas como una grave crisis en el país, pues datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas apuntan a que en lo que va del sexenio, se reportaron más de 110 mil casos, de los cuales aún se desconoce el paradero de casi 44 mil de las personas en esa situación.
Por otra parte, estudios elaborados en 2021 subrayan que sólo a entre el dos y el seis por ciento de las denuncias de desaparición se les abre una carpeta de investigación.
Además, en ese mismo año el gobierno reportó 52 mil personas fallecidas no identificadas o reclamadas, de las cuales 71.73 por ciento se localizaron en fosas comunes y fosas clandestinas de Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
Ruiz Massieu enfatizó que la desaparición de personas se vincula específicamente con el enfrentamiento violento entre grupos delincuenciales, por el control de rutas de trasiego y de lugares de elaboración y almacenamiento de drogas.
Acusó que adicionalmente a ello, la menor presencia de las instituciones de seguridad pública, para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, es otro de los factores para el incremento de la comisión de ese delito.
“Es triste que el Estado mexicano no de muestras de empatía y cabal solidaridad con quienes, en medio del dolor, han asumido las tareas de búsqueda, particularmente por el incumplimiento de los deberes públicos de búsqueda y de investigación para la judicialización de los hechos, a fin de que se sancione a las personas responsables, no impere la impunidad y se repare el daño causado”, concluyó.
En el punto de acuerdo, la senadora también pide que la Segob y la FGR proporcionen detalles sobre los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y periciales con los que cuentan para cumplir adecuadamente sus funciones y cumplir con las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
