Si después del Mundial de Futbol, volvieron a salir a la luz los enormes errores de Andrés
Manuel López Obrador, como por ejemplo, “el deslizamiento hacia la izquierda”, que no
descarrilamiento del Tren Maya, exactamente en el mismo tramo donde en diciembre del
2025 perecieron 14 personas, a estos dislates contribuye también su familia, pero esto
tiene su propia historia,
Resulta que en esa espiral de violencia en la que está inmerso prácticamente todo el país
gracias a los “buenos oficios” de esta errada y llamada cuarta transformación, de
Zacatecas, donde se encontraron 10 cuerpos de personas asesinadas, ahora en Centro,
Tabasco, en la ranchería Río Tinto, se hallaron dos cuerpos desmembrados con una lona
verdaderamente amenazante.
Al respecto, el flamante secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador,
afirmó que los cuerpos encontrados en el estado, pertenecían a grupos de la delincuencia
organizada, esto es, un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
la Barredora, en disputa por el control de la entidad.
La pregunta inmediata que surge es, si es bien sabido que las piezas más importantes que
encabezan a la Barredora son el senador Adán Augusto López y su exsecretario de
Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, ¿por qué esta administración no ha hecho nada
contra el exsecretario de Gobernación y mantiene en el silencio más hermético y absoluto
a Bermúdez Requena?, pues porque por lo visto, la presidenta Claudia Sheinbaum está
dispuesta a protegerlos haciendo hasta lo imposible.
LA EXCUSA FACILITADORA
Por otra parte, esta, la excusa de que la violencia, las matanzas, los secuestros, se deben a
la cruenta guerra entre las diferentes organizaciones delincuenciales, le permite a los
gobernadores de esta errada y llamada cuarta transformación “lavarse las manos”.
Como ejemplo de la anterior situación están, Alfredo Ramírez Bedoya, de Michoacán que
en reiteradas ocasiones ha señalado que los episodios de violencia en la región de Tierra
Caliente y la sierra son producto de la disputa encarnizada que mantiene el CJNG contra
células como "Los Viagras", "La Familia Michoacana", entre otros grupos locales.
El flamante exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, durante su administración, e
igualmente lo hizo la actual gobernadora, la zacatecana Rocío Nahle, justificaron de
manera recurrente las ejecuciones y hallazgos de cuerpos en la zona norte y centro del
estado como ajustes de cuentas y choque de frentes entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Cómo olvidar que la actual gobernadora habló hasta de muerte por infarto y no por
tortura.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también justifica la inacción de las
fuerzas de seguridad y los desafortunados bloqueos carreteros en zonas limítrofes con
Nuevo León y Veracruz, se dan por el hasta “lógico” reacomodo y disputas armadas entre
facciones locales del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y células del CJNG que intentan
incursionar en la entidad.
Así, en resumidas cuentas, a estos y otros gobernadores morenistas, se les ha ido el
tiempo en enmarcar esta violencia como un problema derivado del trasiego de drogas y el
crimen organizado. Con esto y de manera por demás oportuna para los morenistas
justifican la evidente omisión de las policías estatales y buscando que los delitos de alto
impacto sean prevenidos por las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en el caso de Tabasco, hay que hacer notar que el no menos flamante
gobernador, Javier May, tiene otro recurso del cuál echar mano: enviar al hermano de
López Obrador a dar la cara y así, él doblemente “pinta su rayita”.
Una reciente encuesta de hace un poco menos de un año elaborada por Mitofsky sobre el
ranking de gobernadores, los mandatarios estatales que tienen menor aprobación por los
escándalos que protagonizan y el clima de inseguridad que aún subsiste son: el propio
Javier May; Zacatecas, David Monreal; Tamaulipas, Américo Villarreal. Claro que el de
Sinaloa, Rubén Rocha Moya “se cuece aparte” y Marina del Pilar Avila Olmeda, de Baja
California, resultó demasiado cándida e ingenua.
MUNICIONES
*** Pues resulta que la administración del presidente Donald Trump solicitó al
Departamento de Justicia de Estados Unidos que respalde la inmunidad judicial de la
presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil que se presentó
en una corte federal de Miami por tres ciudadanos estadunidenses que denunciaron
haber sido secuestrados, torturados y retenidos por el régimen venezolano. Este
pedimento podría sorprender a muchos, pero no, todo tiene una explicación. La
comunicación entre la señora Rodríguez y el poderoso secretario de Estado, Marco Rubio
es muy estrecha, ya sea por las redes o por llamada telefónica y ha llegado a grado tal que
se dice en Estados Unidos que Rubio es el presidente, digamos virtual, de Venezuela y que
la presidenta interina es una marioneta de la Casa Blanca.
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