Un juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México revelar información sobre la calidad del agua en Benito Juárez, después de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) decidiera mantener en reserva los resultados de las muestras obtenidas durante tres años.
Según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Lammoglia Abogados, los vecinos que demandaron a las autoridades ovtuvieron una suspensión provisional en el amparo interpuesto por la CDMX para mantener los resultados del agua suministrada en sus hogares fuera del alcance público.
“El juez federal concedió a los vecinos, que acudieron al amparo, la suspensión provisional para que las autoridades competentes entreguen toda la información disponible con respecto al estado del agua potable en la alcaldía Benito Juárez. El juez hace especial énfasis en que, por tratarse de un servicio básico esencial, ‘no se advierte ningún motivo por el cual la información obtenida debería reservarse y no darse a conocer’.
“Con esta decisión, se logra el acceso a toda la información que tiene el gobierno con respecto a la calidad del agua en la alcaldía Benito Juárez, sin que exista posibilidad de que las autoridades reserven el acceso a la misma”, indicó a través de un comunicado el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Lammoglia Abogados SC.
El comité de transparencia de Sacmex clasificó la información como reservada por tres años, con posibilidad de extenderse por dos años más, argumentando que su divulgación podría comprometer una investigación en curso por un presunto delito de “sabotaje”.
Lo anterior llevó a la negativa de entregar los datos solicitados por ciudadanos y periodistas en 50 solicitudes de información.
El grupo legal que representa a los vecinos de Benito Juárez destacó que, a pesar de la preocupación ciudadana, las autoridades han evitado proporcionar una respuesta clara sobre las causas y consecuencias de la contaminación del agua en la alcaldía.
En respuesta, se inició una serie de acciones legales contra la omisión de las autoridades para remediar las violaciones a los derechos humanos de los vecinos, que incluyen la falta de disponibilidad de información oportuna, completa y veraz sobre la calidad del agua, así como la obligación de investigar las causas de la contaminación del agua y sus posibles consecuencias para la salud debido a la falta de garantías en el acceso al agua potable.
