El objetivo del presidente Trump de ingresar a México para aplastar y borrar de la faz de la tierra a los cárteles del narcotráfico que producen y contrabandean droga a Estados Unidos se ha topado con un escudo de seguridad nacional de México que podría frustrar en el corto plazo sus órdenes de extraterritorialidad.
El mensaje que dejó la designación como director de la DEA de un exagente operador en México, Terrance “Terry” C. Cole, no va a implicar un aumento inmediato de operaciones de la agencia norteamericana antinarcóticos porque el gobierno del presidente López Obrador blindó con mucha solidez el funcionamiento de las oficinas de la DEA en México con modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional mexicana que obliga a todas las agencias a limitar operaciones en territorio nacional.
Asimismo, la Casa Blanca no le encuentra la cuadratura del círculo de la orden que dio el presidente Trump al Departamento de Justicia y de ahí al Departamento de Estado para iniciar las operaciones inmediatas que tengan por objeto la desarticulación de cárteles mexicanos, y además la orden deja muy en duda si se refiere a las representaciones criminales dentro de Estados Unidos o si fue una orden que implicaría violación de la territorialidad mexicana para enviar tropas de las fuerzas especiales o marines a realizar incursiones ilegales en las zonas territoriales sobre todo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco, con objetivos destructivos que generarían sin duda inestabilidad social y violencia en las calles mexicanas.
El presidente Obama firmó en 2011 una estrategia especial para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, es decir, con efectos fuera del territorio de Estados Unidos, sobre todo en México y Colombia. El concepto de transnacionalización de una directriz de seguridad nacional de la Casa Blanca quedó en el vacío legal y solo sirvió cuando menos para dejar un instrumento que alguna vez pudiera tener posibilidades de utilización, pero que el propio gobierno estadounidense nunca puso en operación dentro de Estados Unidos para combatir a las células orgánicas y con capacidad autónoma de funcionamiento de nueve cárteles mexicanos detectados por la DEA que estaban operando en territorio americano.
Ahora el presidente Trump habla de combatir a las organizaciones criminales transnacionales –sin citar, obvio, la estrategia de Obama–, pero de igual manera no hay mecanismos legales que le permitan a Estados Unidos realizar operaciones en otros países. Para que la orden de Trump pueda funcionar se requiere de un nuevo acuerdo general entre las dos naciones para establecer estrategias autónomas pero vinculantes entre sí de lucha contra los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado, entre ellas también las que operan tráfico de armas, personas y dinero.
México y Estados Unidos han firmado muchos acuerdos en materia de seguridad, aunque tres con criterios muy formal: el derivado de la Operación Intercepción de 1969 cuando Estados Unidos cerró la frontera de californiana y causó estragos en la principal zona fronteriza bilateral, el acuerdo de seguridad firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1989 para cederle a Estados Unidos injerencia en México en materia de delincuencia y la Iniciativa Mérida del presidente Felipe Calderón y presidente George Bush Jr. en 2008.
El presidente López Obrador, en los hechos, desactivó todo tipo de acuerdos y se quedó solo con el diálogo nacional bilateral general que el presidente Biden nunca supo aterrizar en cuestiones concretas operativas y que solo le sirvió a México para darle largas al asunto en tanto que se establecieron conversaciones de alto nivel sin programas concretos.
Desde su campaña y como sus primeras acciones en materia de seguridad sobre temas del narcotráfico y el crimen organizado, Trump ha estado anunciando decisiones unilaterales que muchas de ellas tienen que involucrar obligadamente una autorización y coparticipación mexicana, pero sin ningún acuerdo formal que permita la instrumentalización institucional de decisiones.
Hasta ahora solamente se ha dado autorización a diez expertos en seguridad de fuerzas especiales de Estados Unidos para que vengan a México a dar entrenamiento y capacitación en temas de crimen organizado, pero se trata de una decisión controlada por México que no permitirá ir más allá de cursos y los expertos visitantes carecerán de cualquier posibilidad de perfilar programas operativos.
Mientras existan las prohibiciones de la Ley mexicana de Seguridad Nacional sobre operaciones de la DEA y otras agencias, Trump solamente quedará en buenos deseos para venir a México a aplastar a los narcos.
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