Aunque parece que muchos no se han dado cuenta de que ya terminó la elección presidencial y que existe un saldo contundente, el país ha entrado en una lógica sexenal de reorganización del sistema político y los primeros indicios que ha dejado la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reconfirman la separación del poder político y el poder económico.
El presidente López Obrador, sin ninguna reflexión teórica, reorganizó la parte nebulosa de las relaciones del Ejecutivo federal con los que los sectores invisibles del sistema político priista; es decir, los poderes fácticos con autonomía relativa pero al final de cuentas subordinados a entendimientos estrictos con la autoridad dominante de la estructura de poder: el presidente de la República, su partido y el control legislativo de su mayoría, es decir, el Estado.
Entre esos sectores invisibles estaban los empresarios nacionales y extranjeros, con autonomía relativa de crítica pero dentro del modelo –que debiera ya estudiarse en la academia– de la dictadura perfecta de Mario Vargas Llosa: un Estado y su autoridad política presidencial con capacidad para abrirle espacios internos dentro del sistema a los sectores disidentes y hasta opositores más radicales, pero sometidos a la disciplina piramidal del poder sistémico.
Los empresarios se mueven por las reglas del juego y por el principio inamovible que determina sus comportamientos públicos: la capacidad de hacer negocios con un Estado dominante que controla el presupuesto público para obra y que además tiene la gestión autoritaria de permisos y regulaciones. La rebelión empresarial contra la victoria electoral del pasado 2 de junio y el solo anuncio de la reforma judicial zarandeó un poco la Bolsa de Valores y le dio un salto especulativo al peso, aunque ambas acciones no representaron ningún peligro real para la estabilidad macroeconómica.
En el tiempo político en el que el presidente de la República, la presidenta electa y las estructuras legislativas le dieron funcionalidad inmediata a la propuesta de reforma judicial integral sin mover hasta ahora ninguna coma, las estructuras de poder político empresarial han ido desfilando en Palacio Nacional y en la casa de campaña de la presidenta electa para dar la imagen de un entendimiento inevitable y de sometimiento al poder político renovado.
Los empresarios tuvieron derecho de picaporte en Palacio Nacional sólo cuando el presidente de la República lo autorizaba, siempre para que acudieran –como la imagen del octogenario Carlos Slim Helú con carpetas bajo el brazo de contratos públicos– a revisar sólo asuntos muy concretos y de manera muy clara desde la presidencia se estableció el criterio de que las cúpulas empresariales que mezclaban negocios con poder político no tendrían ninguna posibilidad de acceder al poder.
El sector privado ha jugado en varias canchas para ocupar todos los espacios: como cámaras forma parte de la estructura del sistema constitucional de toma de decisiones, como cúpulas empresariales al final de cuentas se tienen que someter a las directrices presidenciales del Estado y su poco espacio político apenas tenía movilidad muy limitada en la Coparmex como sindicato político empresarial, aunque sin ninguna relación de interdependencia real de la Coparmex con las cúpulas empresariales importantes: el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y las asociaciones por actividad productiva.
Los compromisos de empresarios, banqueros y sobre todo de la cúpula del CCE con Sheinbaum desactivaron de manera muy rápida la rebelión política-especulativa de los empresarios que estuvieron detrás de las maniobras para bajar las cotizaciones de acciones en la bolsa –sin efecto en la estabilidad macroeconómica– y que provocaron una minidevaluación de menos de tres pesos en el dólar, aunque sin rebasar el límite superior de estabilidad de 20 pesos por unidad americana.
Los empresarios siempre han entendido la lógica del poder: el Estado es un aparato de poder, el más importante de la República y ninguna fuerza económica, política, social o internacional tiene capacidad para doblegarlo. La especulación de 1982 provocó la expropiación de la banca, como un ejemplo de la fuerza de respuesta del Estado.
Luego de su derecho al pataleo especulativo, el sector privado regresó al escenario de entendimiento subordinado, al reconocimiento a la próxima presidenta y a la aceptación inevitable de decisiones públicas basadas en una contundente legitimidad electoral.
Los empresarios no serán el Clouthier que buscará la presidencia de la república.
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Política para dummies: la política es la distribución autoritaria del poder.
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