La crisis salarial en el Instituto Mexicano del Seguro Social reveló una crisis mayor que subyace desde hace prácticamente 55 años: la cobertura de salud de la población ha crecido, pero la burocracia institucional en esa especialidad se ha estado ahogando en un reparto inequitativo de los recursos, y en la base de la pirámide se encuentra una población que cada vez más tiene que exprimir sus bolsillos para pagar salud privada.
El 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sorprendió con un decreto de enorme contenido social y popular: la universalización de los servicios de salud pública para todos los mexicanos. Al viejo estilo del populismo capitalista de Keynes, se trató de una acción que tapaba un hoyo (dar salud a todos los mexicanos), pero destapaba otros hoyos: la corrupción en el área de salud, la escasez de instalaciones, la falta de personal médico especializado, el bajo nivel salarial y la falta de inversión en instalaciones para atender a los nuevos usuarios.
El decreto tenía en dos líneas la limitación que lo convertía en demagogia: “la participación de las instituciones (de salud pública en la nueva incorporación de derechohabientes) será de acuerdo (con) sus capacidades, en términos de las disposiciones normativas aplicables”. Es decir, que se haría la que se pudiera hacerse, con lo poco que se tenía y que todos tendrán que aceptar que “algo está podrido” en la Dinamarca prometida del sistema de salud universal para 130 millones de mexicanos.
El problema del sistema de salud radica en la peor crítica que la población le pueda hacer a sus instituciones gubernamentales especializadas en esos menesteres: la certeza del engaño. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, entre 2022 y 2024 (los dos últimos años de la demagogia de la dinamarquización de la salud pública), el gasto de bolsillo ciudadano en salud en México aumentó en 7.9% en términos reales y alcanzó un promedio de 6 mil 421 pesos anual por hogar,
La crisis presupuestal en el sector público de salud está aflorando en el caso del Seguro Social. En medio de la euforia del aumento salarial a empresas privadas por arriba de la inflación, el sector público siguió hundiéndose en el modelo neoliberal de control de los salarios burocráticos como una forma de enfrentar el déficit presupuestal porque el dinero público se ha desviado de dinero regalado de bienestar.
A los trabajadores del IMSS se les dio un aumento directo al salario de 2.9%, abajo de la inflación de 3.7%, y ante las protestas callejeras asienta tuvo que aprobar un copetito adicional de apenas 1.1% para completar un 4% al ingreso directo, y otro 4% de aumento en prestaciones que es vendible demagógicamente pero que no beneficia la capacidad adquisitiva de los trabajadores y empleados del sector.
Como acto populista con los salarios en el sector privado con aumentos significativos en los mínimos, la política salarial del sector público ha sido inocultablemente neoliberal: el gobierno no tiene fondos para atender demandas salariales de sus trabajadores y entonces aumenta los salarios abajo de la inflación.
El decreto “por el que se crea el servicio universal de salud del Gobierno de México” pasó política e informativamente sin pena ni gloria, sobre todo porque los ciudadanos ya están acostumbrados a las deficiencias de las instalaciones del sector público en materia de salud. El derecho social a la salud no es universal sino que beneficia a quienes tienen escasez de recursos económicos salariales y pasan a depender de la insuficiencia de instalaciones de salud, sin personal especializado que traslada su pésima configuración salarial a malos humores con los derechohabientes y al hecho inocultable de que el personal médico público dedica horas a prestar servicio privado en consultorios particulares.
El demagógico servicio universal de salud del Gobierno mexicano se publicó el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación y ciertamente que analistas y población los desdeñaron ya no se diga por demagógico, sino francamente por mentiroso. Más que un servicio universal de salud, el decreto creó una credencial para construir otro Ejército Electoral de Reserva que aporte votos a cambio de promesas incumplidas porque el padrón de beneficiarios con una credencial de salud en nada garantiza salud sí compromete votos.
La peor calificación popular del servicio público de salud se encuentra en las quejas en la CNDH conta servicios incumplidos de salud que prueban el fracaso de la dinamarquización de la salud pública.
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Política para dummies: la política destruye a la política.
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