El discurso oficial sobre la crisis en Sinaloa con el Cártel del Chapo y Estados Unidos quedó atrapado con cualquiera de los argumentos: si México no supo del traslado de familiares el cártel a Estados Unidos, malo; si sí lo supo y tiene que apoyar con pasividad la estrategia estadounidense, malo también.
Lo único cierto es que la estrategia de seguridad nacional de México en el delicado tema del narcotráfico y las relaciones con Estados Unidos se encuentra en una severa crisis, porque la Casa Blanca ha tomado iniciativas en esa materia ya ha ido acumulando decisiones unilaterales: acusaciones de narcoterrorismo a capos, el secuestro del Mayo Zambada, las negociaciones directas con el Chapo Guzmán y sus hijos Ovidio y Joaquín, el traslado de familiares del cartel a Estados Unidos bajo el modelo de testigos protegidos, el uso de visas como instrumento político y de presión.
Y vienen más cosas: el aterrizaje del exagente de la CIA y Boina verde, Ronald Johnson, en la embajada americana en México, los preparativos de Estados Unidos para aplicar sus leyes extraterritoriales de corrupción contra mexicanos, indagatorias terminadas sobre impresionantes cuentas bancarias de políticos, funcionarios y delincuentes mexicanos en bancos de EU, la intentona de gravar las remesas porque ya descubrieron que ahí se está dando lavado de dinero del narco de EU hacia México, los primeros arrestados como prisioneros de guerra al cruzar y pisar territorio americano como narcos o migrantes por la militarización territorial, la parálisis de los consulados mexicanos en Estados Unidos por la agresiva estrategia de arrestos y deportaciones, son otros de los elementos que están en la agenda prioritaria de Estados Unidos con México.
El arribo al territorio estadounidense por Tijuana de familiares del Chapo mostró lo que viene en el intervencionismo estadounidense en Sinaloa, sobre todo porque toda la crisis de violencia y la narcoguerra desatada por el secuestro del Mayo y su entrega a la justicia americana no ha generado ninguna estrategia de emergencia, y no tanto para detener la disputa territorial entre las dos bandas del cártel –los chapitos y los mayitos–, sino porque en Palacio Nacional se tiene claro que no habrá ningún intento de atención ni solución si se mantiene en el poder al gobernador Rubén Rocha Moya.
Y en el escenario del interés prioritario de Estados Unidos sobre Sinaloa por la negociación de familiares del Chapo como testigos protegidos se debe incluir la declaración arbitraria, imprudente y violatoria del derecho internacional que evidenció el presidente Trump hace dos semanas cuando filtró la información de que efectivamente la había pedido a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo que permitiera la penetración en México del ejército estadounidense para combatir a los narcos sobre todo en Sinaloa.
Efectivamente, Trump ha mostrado una imprudencia nada diplomática y demasiado agresiva, pero siempre con la intención de ir avanzando en uno de sus principales objetivos que en México todavía no se ha razonado suficientemente: la destrucción física, territorial, criminal, productiva y política del Cártel de Sinaloa, más allá del repliegue de la familia Guzmán, de esfuerzos desesperados del Iván Guzmán por mantener al grupo y del hecho que estaría revelando por acciones operativas la magnitud y profundidad de los acuerdos del Chapo, Ovidio y Joaquín con la justicia estadounidense.
Sin la familia Guzmán en el Cartel de Sinaloa, sin el gobierno federal mexicano con algún operativo especial para detener –ya no se diga pacificar– la narcoguerra en Sinaloa y con la toma del control por parte de Estados Unidos de la agenda sinaloense, no es de dudar en el corto plazo Estados Unidos de algunas sorpresas en esa entidad.
El problema de la crisis en Sinaloa es que siguen imponiéndose la línea estratégica de “abrazos, no balazos” y el sostenimiento obligatorio de Rubén Rocha Moya como gobernador impuesto por el presidente López Obrador en función de las relaciones del gobernante local con el Cártel de Sinaloa y la fuerza política del presidente emérito desde el Palacio de Invierno de Palenque, mientras Estados Unidos tiene ya prácticamente el control de los hilos de seguridad en Sinaloa y solo faltaría la decisión operativa para intervenir de manera directa. La pasividad gubernamental mexicana en el secuestro del Mayo y en la llegada de familiares del Chapo a Estados Unidos como testigos protegidos son indicios de corto plazo de las sorpresas que se esperan en Sinaloa.
Por decisión o por omisión, la estrategia mexicana de seguridad nacional y soberanía se está debilitando en Sinaloa ante el acoso estadounidense.
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