Todavía no termina el gobierno mexicano de liquidar las estructuras del poder del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y ya la realidad le abrió otro frente en la fracturada relación con la seguridad nacional de Estados Unidos.
La revelación de un rancho del Cártel Jalisco Nueva Generación como zona de prisión, entrenamiento, tortura y cremación a escasos 60 kilómetros de Guadalajara –en Teuchitlán– abrió un nuevo expediente en la amenaza de Estados Unidos de aplicar el próximo 2 de abril aranceles de castigo a México si la Casa Blanca considerada que no ha avanzado en la destrucción de los cárteles del narcotráfico.
El rancho del CJNG prendió las alarmas en algunos analistas porque arrojan luces de interés sobre el CJNG, la organización delictiva y criminal que está colocada en EU casi al mismo nivel que el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Además, el CJNG aparece desde el martes 20 de febrero como organización terrorista en las listas negras del Departamento de Estado, por instrucciones directas del presidente Trump.
En este contexto, el rancho en Teuchitlán y la exposición mediática del CJNG alertaron a los responsables del área de narcoaranceles del Departamento de Estado.
Después de la declaratoria de narcoterroristas y la víspera de la fecha fijada por Trump para decretar narcoaranceles contra México en “castigo” por su poca decisión de liquidar a los cárteles de la droga, Palacio Nacional entregó al Gobierno de EU a 29 presuntos capos de la droga que ya estaban siendo procesados en tribunales mexicanos para que fuesen juzgados en cortes americanas, inclusive sin cumplir con las reglas diplomáticas de los tratados de extradición.
Esa decisión –que fue aceptada por el presidente Trump en su informe de gobierno con el argumento de que México quería “hacernos felices”– alivió un poco la tensión que estaba provocando la fecha de días posteriores para que Trump anunciara formalmente los narc aranceles y le compró a México cuando menos un mes más al correrse la fecha al próximo 2 de abril.
El problema con la entrega de 29 capos es que se trató de delincuentes ya arrestados y en proceso de juicio y su encarcelamiento no significó la destrucción o desmantelamiento de los cárteles a los que pertenecían, aunque en la lista había algunas figuras que estaban ya incluidas entre los delincuentes más buscados por las autoridades americanas y sobre las cuales también pesaban algunas jugosas recompensas en dólares.
El Gobierno de Estados Unidos tiene en sus cárceles a los jefes y familiares de las familias Guzmán y Zambada, pero la estructura del Cártel de Sinaloa sigue vigente en el funcionamiento como fábrica de drogas químicas, sobre todo el fentanilo, y como un aparato todavía muy funcional dedicado al contrabando de esos productos hacia el interior de Estados Unidos.
De manera muy concreta y en el contexto de la entrega –casi con moños– de narcos a la justicia de EU, el presidente Trump dijo claramente que estaba a la espera de recibir a “narcopolíticos”, porque toda su argumentación sobre el tráfico de drogas se basaba en el señalamiento en modo de acusación declarativa de que los cárteles del narcotráfico mexicano siguen teniendo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con el funcionamiento de la seguridad americana, el presidente Trump ya hizo declaraciones concretas sobre narcopolíticos, aceptó a capos que ya estaban presos en México para ser juzgados en EU y sobre todo decretó como organizaciones terroristas a cuando menos seis organizaciones que no solo agrupan delincuentes, sino que forman parte de redes políticas de poder y de gobierno: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noroeste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
El rancho del CJNG en Teuchitlán se convirtió en parte del expediente de investigación de Estados Unidos para decidir la aplicación o no de los narcoaranceles el próximo 2 de abril. La estrategia de seguridad en México para enfrentar esa amenaza narcoarancelaria se ha agotado en decomisos de droga y en el arresto de algunos narcotraficantes, pero sin realizar hasta la fecha ningún operativo sobre posiciones territoriales y estructurales del narcotráfico sobre todo en la zona del Cártel de Sinaloa.
Lo único que puede salvar a México de la aplicación de narcoaranceles en tres semanas sería el efecto de descomposición generada en la economía nacional e internacional por las consecuencias en curso de los aranceles de Trump por casos de acero, aluminio y automóviles, y el brutal efecto inflacionario y recesivo que pudiera estallar dentro de Estados Unidos.
Pero aun así, en México y EU ya se prendieron los focos rojos contra el CJNG.
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Política para dummies: el crimen es a veces política por otros medios, con el perdón de Clausewitz.
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