Si el gobierno mexicano actual –como los de Gustavo Díaz Ordaz en 1970 y de Miguel de la Madrid Hurtado en 1986– fuera una selección política de futbol en competencia mundial, quedaría en el último lugar por la que acreditación de todas las sanciones habidas y por haber en competencias internacionales que no pueden ser controladas por las autoridades locales ni por árbitros vendidos.
La lista está a la vista de todos:
Tarjetas amarillas. Todo el catálogo de irregularidades consideradas por el reglamento de sanciones de las federaciones nacional e internacional han sido pitadas en los tiempos del régimen político del PRI, del PRIAN y de la 4T.
Tarjeta de advertencia. Por discutir innecesariamente con el árbitro o autoridad tratando de engañarlo para editar faltas graves.
Retrasar el juego. Es la técnica que en el futbol opera y que se castiga con tarjeta amarilla y a veces con tarjeta roja cuando los porteros se tardan sacar el balón de su área o cuando en el cambio de funcionarios del poder tratan de quemar tiempo haciendo lento la salida.
Comportamiento antideportivo. Aquí todas las instancias e instituciones que tienen que ver con regulación de normas teóricamente democráticas tendrían que ser sancionadas una y mil veces: Gobernación, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, INE, Auditoría Superior de la Federación, Tribunal Federal Electoral y sobre todo y de manera sobresaliente y absoluta todo el sistema judicial que ha sido producto del engaño de los acordeones en las votaciones.
Advertencia del árbitro. Cuando los jugadores y hasta los entrenadores se pasan de lanzas y se dedican todo el tiempo a presionar con insultos o exigencias al árbitro gubernamental hasta que lo sacan de quicio.
Juego sucio. Por instrucciones de sus entrenadores, dueños o por sí mismos, funcionarios “endurecen la pierna” para darles golpes ilegales al adversario, siendo el más socorrido mataperros proa debilitar al adversario político. De aquí se agregan faltas menores que el árbitro gubernamental tiene que estar muy atento para sancionar.
Tiros libres directos e indirectos. Y aquí el catálogo de faltas políticas y sociales abarca de todo: desde el juego peligroso con el uso de la fuerza pública para intimidar al que protesta, atacar al contrincante y no el balón, acosar a la gente para hacerlo cometer errores, insultos por lo bajo a la sociedad y a espaldas del árbitro que buscan intimidar y enfurecer a los ciudadanos, juego peligroso levantando la patada a los que denuncian abusos del poder y luego con cara de muchos decir fue sin querer, golpear empujar o escupir a los plantones sobre todo en procesos electorales.
Conducta antideportiva. Esta falta va desde la simulación de agresiones del adversario en procesos electorales, manifestaciones públicas o confrontaciones callejeras, hasta usar todos los instrumentos del Gobierno y del Estado para retrasar el funcionamiento de las instituciones cuando las faltas denunciadas benefician al poder y fortalecen decisiones de autoridad del Gobierno, el árbitro vendido al poder político y, entre otras, quitarse la camiseta con la intención de ocultar todas las publicidades de las camisetas políticas, sociales económicas y electorales que los jugadores representan en la cancha de la competencia nacional.
Jugar contra el librito. Esta técnica de fútbol es muy común en la convivencia política y social porque se cometen faltas tratando de disfrazar las agresiones, aunque al final se aplique el modelo del Chapulín Colorado: “sin querer queriendo”.
Infracciones varias: empujones, engaños en la aplicación de leyes y reglamentos, abuso de autoridad con el tolete policiaco en modo de silbato arbitral, dádivas, sobornos o relojes finos como regalo al árbitro, uso de los uniformes para hacer publicidad y propaganda al PRI, al PRIAN o a Morena.
Infracciones superiores. Dirán lo que digan pero el VAR (Video Assistant Referee) un equipo auxiliar en modo de cuerpo arbitral revisa todas las cámaras para corregir errores arbitrales o atender quejas de jugadores u obligar a la autoridad del poder a marcar una falta callada por el hombre del silbato distraído –el funcionario que no aplica la ley–.
Y la pena máxima: el penalti. Y aquí se tienen demostrar fehacientemente y muchas veces solo por decisión autoritaria del árbitro presidencialista y hasta del VAR porque implica un tiro directo a once pasos del portero. Y aquí no es necesario enlistar las faltas porque prácticamente todas las decisiones del poder público dominante en funciones juegan a las faltas dentro del área y controla al árbitro y al Var para que no marquen la pena máxima, como es muy común en abusos policiacos y en procesos electorales y casos de corrupción flagrante.
Así que México tiene ya varios campeonatos mundiales en violación de reglas democráticas derivadas del reglamento de sanciones de fútbol político.
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Política para dummies: la política es la dictadura de los intereses de los dueños del balón, de los administradores de las instituciones reguladoras y de las televisoras y patrocinadoras que han pervertido el ejercicio democrático del poder público de igual manera que el fútbol.
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