Como en política no debe haber medias tintas, la campaña de propaganda del Gobierno del presidente Trump en la TV mexicana a través de su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, puede ser interpretada como el inicio de bombardeo americano sobre posiciones de narcotráfico en México. Los mensajes de la funcionaria cumplen la función de un dron mediático que lanza mensajes desde el aire para demostrar que el gobierno mexicano no quiere liquidar a los cárteles.
No se tienen datos de que haya existido una negociación previa para que propaganda adversa del gobierno estadunidense contra Estado mexicano al que acusa de narcoestado, pero el hecho real es que el dron Kristi sacudió el ambiente político mexicano por un mensaje de advertencia a los cárteles mexicanos en México –y valgan las redundancias– para que no se internen en el territorio de Estados Unidos a cometer sus trapacerías.
El dron Kristi de Trump forma parte del cerco del Gobierno de Estados Unidos a México para obligarlo a destruir de manera inmediata las fortificaciones territoriales, de infraestructura y de apoyos políticos que en todos los análisis de inteligencia y seguridad nacional estadounidense se ha dejado muy clara la complicidad del Estado mexicano –no solo el gobierno– con las bandas del crimen organizado dedicadas a la producción y tráfico de drogas en territorio estadounidense.
El uso del dron Kristi llegó después de la decisión del presidente Trump –en un memorándum de seguridad nacional– de militarizar el territorio físico de la frontera estadounidense para convertirlo en un espacio de soberanía que implica de modo automático la aplicación de doctrinas de guerra a quienes crucen de manera ilegal la frontera y pisen territorio militar para convertirse en enemigos de guerra y ser tratados como tales. Esta decisión de Trump fue encarada burocráticamente con un comunicado diplomático de México solo protestando por la decisión pero sin ir acompañada de ninguna orden del Gobierno mexicano para contrapesar el enfoque militar de guerra De Trump.
En círculos de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos se tiene la certeza de que el presidente Trump ya tomó la decisión de enviar drones armados con misiles reales para atacar fortificaciones de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. Y dicen en los pasillos en Washington que el gobierno tiene ya descontadas bajas civiles que serán inevitables. Sin embargo, agregan, el ambiente nacional de EU está apoyando las decisiones de Trump contra los cárteles mexicanos en México, no en Estados Unidos.
La estrategia de Trump sobre México en materia de ofensivas contra el narcotráfico está siguiendo un ritmo programático; en este sentido, algunos expertos mexicanos en seguridad consideran que el bombardeo mediático de los misiles televisivos del dron Kristi estaría midiendo la temperatura política en el gobierno mexicano para ir aquilatando reacciones en caso de que la Casa Blanca efectivamente ordene a drones armados lanzar misiles sobre fortificaciones del narco en México.
La capacidad de respuesta de México está siendo muy limitada, sobre todo por las dificultades en las que se motivó la estrategia mexicana de desarrollo con su dependencia absoluta del Tratado y el efecto recesivo inevitable cuando menos en la primera mitad de este sexenio por la ausencia de instrumentos efectivos y no demagógicos de reorganización de su comercio exterior.
Los espacios políticos del modelo de gestión de las relaciones de López Obrador con Trump y Biden se han reducido prácticamente a cero, porque el presidente Trump tomó las decisiones arancelarias con alto costo económico propio pero percibiendo que los estrategas de Palacio Nacional estaban seguros de que las amenazas de la Casa Blanca eran un bluf al estilo Trump.
Lo que queda muy claro es que Trump no parece querer conquistar México ni salirse del Tratado que a la larga le habría estado beneficiando a Estados Unidos, sino que ha reducido toda su agenda de relaciones bilaterales al tema de los cárteles del narcotráfico –estructuras, capos y protección del poder del Estado– y a su exigencia de destruir el aparato criminal del narco y sobre todo a procesar a los políticos de los grupos de poder que desde 1982 han protegido en México a las bandas de la droga.
Si México toma la decisión de Estado de revelar a los funcionarios que protegen a los narcos y de entregarlos a Estados Unidos –no nada más renunciarlos en México–, la presión estadounidense se reduciría prácticamente a nada. Solo que la decisión política mexicana para destruir el narcoestado no parece ser tomada.
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Política para dummies: la política también es fuerza cuando sí ejerce con sentido político.
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