La investigación gubernamental sobre el asesinato del candidato presidencial
priista Luis Donaldo Colosio horas después de haber suscrito un pacto político antisalinista
con Manuel Camacho Solís que irritó profundamente al presidente Carlos Salinas de
Gortari está llena de contradicciones y hoyos judiciales porque los cuatro fiscales
especiales fueron designados para darle el carpetazo al asunto antes de la alternancia
partidista en la presidencia.
Ahora se revive la tesis del segundo tirador, pero en 1999 el fiscal Luis Raúl
González Pérez no pudo explicar de manera pericial la segunda ojiva: la bala atravesó la
chamarra del candidato, la camisa, la parte superficial del brazo, la chamarra en el tórax,
la camisa y en sedal la piel superficial del pecho y milagrosamente cayó en vertical pegado
al cuerpo del asesinado.
Esto fue una de las situaciones inexplicables en la investigación del asesinato en el
periodo 1994-2000, sobre todo a partir de la contradicción original que sustenta todas las
dudas razonables y hasta irrazonables: el primer fiscal especial de la investigación fue
sacado de la Suprema Corte de Justicia a petición de la viuda Diana Laura Riojas y sus
primeras conclusiones presentaron pruebas de que se había tratado de una “acción
concertada” y con la complicidad del entorno de seguridad del candidato, pero el
presidente Salinas de Gortari utilizó todo el poder institucional para obligar al fiscal
Miguel Montes García a desdecirse, cambiar su tesis en 180 grados y concluir que había
sido un asesino solitario.
Ahí, en ese momento, el caso Colosio se politizó y entró en el escenario de una
política de Estado, en tanto que la primera tesis de acción concertada había planteado un
crimen de Estado, un crimen del poder, un crimen político dentro del grupo gobernante.
El contexto ayudó a consolidar esta escenario: la ruptura de Colosio con Salinas con el
discurso del 6 de marzo, la carta de Ernesto Zedillo Ponce de León –cinco días antes de
Lomas Taurinas– como jefe de campaña dirigida al candidato para exigirle que volviera a
realizar un pacto político con el presidente de Salinas, la decisión del candidato de
convertir en su segundo destape el mitin que le preparaba el gobernador sonorense
Manlio Fabio Beltrones en Hermosillo a su regreso de Tijuana y la determinación de
Colosio de desalinizar su equipo de campaña comenzando con el desplazamiento de
Zedillo por su complicidad con Salinas y sobre todo con el superasesor salinista Joseph-
Marie Córdoba Montoya.
Todos estos elementos fueron desdeñados, manipulados y tergiversados por los
cuatro fiscales especiales designados por el presidente Salinas y su sucesor Zedillo, las dos
figuras que aparecían como ejes centrales de todas las hipótesis de crimen del poder.
Zedillo inventó acusaciones contra Raúl Salinas para encarcelarlo y romper con su
antecesor Carlos Salinas, justo en el momento en que crecía la hipótesis de que su
presidencia presentaba a Zedillo como el beneficiario del crimen.
Aunque la reapertura del caso Colosio tiene poco más de un año en el escenario
político, ha encontrado referentes inevitables en el contexto de la elección presidencial de
junio del 2024: el intento de Zedillo de regresar a México, el interés de Luis Donaldo
Colosio Riojas por deslindarse del caso de su padre porque le estorba en su carrera
polígtica, el regreso de la política del exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones, el
papel político clave del actual gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño en el
entorno de López Obrador y Claudia Sheinbaum y el recordatorio de que había sido
acusado por Zedillo de haber filtrado su carta del 19 de marzo a Colosio para revitalizar la
tesis del crimen político.
Otro de los puntos muy sensibles del último fiscal especial, Luis Raúl González
Pérez como parte del primer círculo del salinista Jorge Carpizo McGregor, fue la
declaración ante el Ministerio Público del expresidente Salinas, del presidente Zedillo, del
expresidente Echeverría, de Manuel Camacho Solís y de Córdoba Montoya, sobre todo
porque dieron versiones contradictorias y de desmentido entre ellos y el fiscal sólo se
redujo a mero mecanógrafo encargado de transcribir las declaraciones sin ejercer su
papel de fiscal investigador y atender y resolver las contradicciones y desmentidos entre
los declarantes. Es decir, González Pérez no fue el fiscal investigador que debía obligar a
los declarantes a decir la verdad.
El caso Colosio sigue abierto porque cuatro fiscales condujeron una investigación
sospechosa.
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Política para dummies: la política está a la vista de todos, pero nadie la quiere ver.
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