Para que se inscriba en el Registro Nacional de Población a los extranjeros en situación migratoria irregular, la diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 87 y 91 de la Ley General de Población.
El documento, enviado para dictamen a la Comisión de Gobernación y Población, y para opinión a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea que a las personas extranjeras en situación migratoria irregular se les proporcione un documento que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Población, que podrán utilizar como identificación en el territorio nacional.
En tanto, la Secretaría de Gobernación implementará los mecanismos adecuados para que los extranjeros en situación migratoria irregular obtengan dicho documento sin riesgo de ser sancionados, perseguidos o deportados por causa de su situación migratoria.
Roselia Suárez argumenta que la finalidad es reconocer su derecho a la identidad, establecer un vínculo entre el Estado y dichas personas, garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales, y que la autoridad competente genere condiciones de confianza en torno a ese trámite para atraer a dichos extranjeros.
Ello, añade, permitirá que los extranjeros en situación migratoria irregular formen parte de un registro que haga posible conocer su número y características, como una forma de establecer un vínculo funcional con el Estado.
La inexistencia de ese documento de identidad, subraya, afecta al propio Estado, pues pierde contacto con dichas personas y se queda sin herramientas para su registro, control, seguimiento y atención durante su ingreso, estancia, tránsito y salida del país.
Refiere que la migración representa un fenómeno de dimensiones globales, pues prácticamente todos los países son protagonistas en la movilidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas estima que 281 millones de personas se encuentran en situación de migración fuera del país de origen, lo que equivale al 3.6 por ciento de la población mundial.
Además, los migrantes irregulares son significativamente más vulnerables a discriminación, explotación, marginación y violaciones de sus derechos humanos, las cuales pueden incluir denegación de derechos civiles y políticos, como detención arbitraria, tortura o falta de garantías procesales, así como derechos económicos, sociales y culturales, como los correspondientes a salud, vivienda o educación.
El problema que aborda la iniciativa, añade, es la condición de vulnerabilidad extrema que enfrentan las personas migrantes en situación irregular durante su ingreso, paso y estancia en territorio mexicano. “Los Estados deben asumir que la migración no es un delito; es indispensable que las legislaciones y los discursos públicos erradiquen expresiones que puedan estimular la discriminación y violencia contra las personas migrantes”.
La diputada Roselia Suárez precisa que de 2023 a 2024 se incrementó significativamente el número de eventos. De enero a agosto de 2024 hubo 925 mil eventos de personas extranjeras en situación migratoria irregular, presentadas y canalizadas a albergues. De ese total, fueron devueltas a su país de origen solo 16.4 mil personas y la inmensa mayoría permaneció en México, aunque es difícil precisar por cuánto tiempo más.
Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que los peligros de la migración irregular incluyen rutas peligrosas, violencia de delincuentes y posibles traficantes, y considera que un documento de identidad para los migrantes irregulares es la conexión adecuada entre esos individuos y el Estado.
