Por Jorge Ramón Rizzo*
La reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral en México, coloquialmente llamada la reforma sobre identificación de propiedades, busca conectar de manera digital los datos de los catastros municipales con los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país.
Su elemento central es la creación de una Clave Única Catastral (CUC), una especie de «CURP» para cada inmueble, con el supuesto afán de disminuir los errores en escrituras, los fraudes inmobiliarios y las disputas de propiedad, acaba de nacer la Cédula Única Catastral.
La Clave Única Catastral funcionará de manera similar a una CURP para las propiedades. Esto erradicaría confusiones provocadas por las nomenclaturas y variaciones de registros que cambian entre estados y municipios. Se dice que desaparecerán las discrepancias entre lo que registra el catastro municipal, o sea los metros físicos del terreno y, el Registro Público, quién es el dueño legítimo.
También se manejó la idea de incorporar herramientas avanzadas como satélites y mapas con ortofotos georreferenciadas, los municipios podrán detectar de forma automatizada construcciones, ampliaciones o segundos pisos que nunca fueron declarados, ampliando la recaudación municipal sobre quienes no reportaban su realidad inmobiliaria.
Es real que habría mayor certeza jurídica, menos fraudes y despojos, así como la digitalización planteada dará agilidad a trámites. Ya que de manera integral se reducitían sustancialmente los errores de escrituración y las inconsistencias cartográficas.
La CUC ayudará a frenar la duplicidad de folios reales, la falsificación de escrituras y las redes delictivas dedicadas a despojar a los ciudadanos de sus viviendas. Mientras que los trámites se centralizarán en plataformas en la nube administradas bajo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) mediante la herramienta Llave MX, disminuyendo las largas filas presenciales en ventanillas locales.
Pero no todo lo que brilla es oro… Y tengo que decir que algunos analistas consultados por Focus Group, externaron preocupación debido a que toda la información patrimonial del país quedará centralizada en una plataforma nacional en línea, incrementando el riesgo ante un eventual ciberataque o la exposición de datos personales sensibles de los propietarios, como ya ha sucedido con otros bancos de información en México.
También hay que decir que aunque el gobierno asegura que ésta nueva ley respeta la autonomía municipal y no aumenta de forma directa los impuestos, los municipios usarán herramientas de georreferenciación satelital. Si el sistema detecta que se construyó un cuarto o piso extra no declarado, el valor catastral se actualizará, provocando un alza automática en el cobro del impuesto real.
Aunque habrá una simplificación a largo plazo, en la fase de transición exigirá la obtención de la Cédula Única Catastral, obligando a los propietarios que deseen vender o tramitar algo a gestionar nuevos requisitos de identidad digital para sus inmuebles. Y a ello, se tiene que agregar que no todos los municipios de México cuentan con la misma capacidad tecnológica ni presupuestal para homologar sus sistemas locales y conectarse simultáneamente al modelo nacional.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, los Congresos locales tienen el resto de este año para adecuar sus códigos civiles y presupuestos. Se tiene previsto que la operación simultánea de este nuevo ecosistema digital sea obligatoria en todo el territorio mexicano a partir del 1 de enero de 2027.
Me llama la atención que en países como España, Brasil, Venezuela y Nicaragua, existen leyes con el mismo propósito técnico, que es unificar la información física del Catastro con la información jurídica del Registro de la Propiedad. En cada uno de estos países las adecuaciones a la Ley emanaron de gobiernos de izquierda, como el que ahora tiene México.
En Nicaragua utilizan el Número Absoluto Catastral (NAC), que cuenta con coordenadas de georreferenciación global, el cual se vincula directamente en el registro de la propiedad con un Número Absoluto de Propiedad (NAP). Mientras que en Venezuela existe la Cédula Catastral, que se plasma en un documento oficial obligatorio, tal y como también ocurre en Brasil y España.
Con la reciente publicación oficial de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, lo que se puede esperar en México se divide principalmente entre beneficios en seguridad jurídica y un impacto en la recaudación fiscal local. Y es que, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Ciudad de México, han sido estados donde han proliferado los cárteles inmobiliarios y ni qué decir de las protestas en la capital porque ven venir un aumento en el pago de predial. Cómo diría el ex embajador de Estados Unidos Christopher Landau: ¡Rellenen sus palomitas, porque lo que sigue, se va a poner bueno!
*Periodista/Tlaxcala
