La reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador y secundada por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum,
esconde trampas y venganzas, de quien en estos más de cinco años y
medio, ha sufrido serios reveses de parte del poder judicial.
La reforma es tramposa porque se nos quiere hacer creer que con la
elección de los miembros del poder judicial se acabará la corrupción, es
decir, que por el sólo hecho de que los ciudadanos vayan a las urnas
para elegir a jueces y magistrados habrá una mejor justicia.
La historia nos ha enseñado que los puestos de elección popular, en la
mayoría de los casos son ocupados por personas que prometen servir
al pueblo y terminan sirviendo a sí mismos. Falso que por ser electos
por el voto sellan un compromiso con los ciudadanos que acudieron a
las urnas.
Falsos son los foros para conocer los comentarios de los expertos, la
sociedad civil y algunos sectores sociales, la experiencia nos ha
demostrado que son simulaciones y que al final lo que se opine en ellos
se lo pasan por el arco del triunfo.
Hay un tufo de venganza por hechos como el rechazo a la reforma
eléctrica del presidente, que los ministros la echaron para atrás al
aprobar las controversias constitucionales presentadas por la oposición
en el congreso.
Venganza porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
aprobaron los planes A y B con los que López Obrador quería
desaparecer a la mayoría de los organismos autónomos y dejar al INE
como una entelequia al servicio del poder ejecutivo.
Venganza porque los ministros rechazaron la pretensión del presidente
de alagar por dos años más la presidencia de su ministro preferido,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y en su lugar nombraron como presidenta
de la Suprema Corte de Justicia a la ministra Norma Piña que lejos de
apegarse a los caprichos de Palacio Nacional lo ha enfrentado.
Y Que no les extrañe que el presidente proponga como ministros a dos
personajes considerados como adversarios de su gobierno, un plan con
maña para justificar la pluralidad en la SCJN, pero con dos ajenos, no
se garantiza la autonomía del Poder Judicial, serían avasallados con la
mayoría de morenistas que seguramente llegarán a la Corte.
Recientemente en las redes sociales se publicó que el presidente
proponía a los juristas Diego Valadez, quien ya fue ministro de la SCN y
del abogado veracruzano, Ignacio Morales Lechuga como integrantes
de la nueva Suprema Corte, dos personajes que nadie podrá decir que
son afines al tabasqueño.
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Valiente reto lanzó en un video a los delincuentes que cobran derecho
de piso en esa demarcación. La virtual alcaldesa en Cuauhtémoc,
Alessandra Rojo de la Vega, advirtió: “nosotros no vamos a sostener
negocios mediante la extorsión y la ilegalidad, eso se acabó. Si por
algún motivo están hablando contigo y te están presionando, forzando o
amenazando, denuncialos porque yo jamás voy a tolerar esa situación”
Y se compromete a mantener una relación directa a través de sus redes
y sus teléfonos.Dificil reto… Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón
quien aspiraba a la reelección y resultó derrotada, advirtió que
impugnará la elección porque hubo muchas irregularidades que
favorecieron al candidato de Morena, Javier López Casarín, un
personaje muy cercano, pero muy cercano a Marcelo Ebrard. Por cierto
el ex canciller celebró jubiloso el triunfo de su pupilo.
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