La detención del presunto responsable del primer transfeminicidio reconocido en México dio un giro luego de que activistas denunciaran que el caso de Paola Buenrostro fue procesado como homicidio y que, durante la audiencia inicial, la víctima fue identificada como hombre.
Después de 10 años del asesinato de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en septiembre de 2016 en Ciudad de México, Arturo «N», señalado como probable responsable del crimen, fue detenido el lunes en el Estado de México.
El hombre había sido arrestado en flagrancia tras el asesinato, pero fue puesto en libertad y estuvo prófugo durante casi una década, pese a que existía una orden de aprehensión en su contra.
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Este caso es emblemático, pues en 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer caso documentado de transfeminicidio y señaló que las autoridades no respetaron la identidad de género de Paola. Años después, en 2024, su nombre fue retomado para impulsar la Ley Paola Buenrostro, una reforma que tipificó este delito en la capital.
Sin embargo, tras la nueva detención, activistas denunciaron que Paola fue identificada como hombre durante la audiencia inicial, en la que Arturo «N» fue imputado por homicidio calificado y quedó en prisión preventiva.
Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, quien ha encabezado la lucha para exigir justicia por su asesinato, denunció al término de la audiencia que personal la Fiscalía no respetó la identidad de género de Paola ni de las mujeres trans involucradas en el caso.
«Llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento y el anterior que tenía antes de mi cambio de identidad, el nombre masculino de Paola y de todas las testigas, refiriéndose a trabajadores sexuales», señaló ante medios.
Además, cuestionó que lafiiscalía persista con las omisiones, a pesar de que durante 10 años han «construido lineamientos, protocolos, manuales, leyes, en conjunto con ellas».
«No estamos buscando que se tipifique como transfeminicidio, pero al menos feminicidio como ya estaba el tipo penal que ya existía en ese momento», reclamó Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias.
El reclamo escaló en una protesta en la fiscalía capitalina, donde las activistas denunciaron la transfobia institucional y exigieron la reclasificación del delito, mientras la institución rechazó las agresiones contra su personal y los daños a sus instalaciones.
En un comunicado, la Fiscalía aseguró que investigará los señalamientos sobre el trato durante la audiencia, aunque negó que «exista una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico».
La institución argumentó que el caso se presentó como homicidio porque la orden de aprehensión fue emitida bajo ese delito en 2016, cuando el transfeminicidio aún no estaba tipificado en la capital.
Aclaró que la diferencia entre homicidio y feminicidio «no está en reconocer o no su identidad», sino en determinar si existen elementos para acreditar que la agresión ocurrió por su condición de mujer.
Además, sostuvo que la clasificación jurídica no es definitiva y puede modificarse durante la investigación complementaria a partir de los elementos presentados ante el juez.
Las activistas advirtieron que mantendrán las protestas hasta lograr la reclasificación del delito y convocaron a una nueva movilización durante la próxima audiencia, prevista para el viernes.
