Sin un pleito legal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resolvió el problema sobre los contratos abusivos para el manejo de reclusorios privados, lo cual permitió un ahorro inicial de 10 mil millones de pesos al erario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador describió cómo la funcionaria federal resolvió que los dueños de los penales pagaran menos, lo cual permitirá que al final del contrato la hacienda pública deje de pagar 40 mil millones de pesos.
Las adjudicaciones establecían que los inmuebles y sus instalaciones serían propiedad de las empresas y no del gobierno al concluir el contrato.
Sin embargo, en la negociación, Rodríguez logró que los penales serán finalmente parte de los bienes de la nación.
El presidente comentó que en ese tipo de temas una primera opción es irse al pleito legal, pero con una Suprema Corte de la Nación que protege los intereses privados y no del pueblo; lo segundo seria aceptar las condiciones de las empresas y como tercera opción es buscar reducir el pago.
“Entonces, optamos para lograr una disminución en las cuotas y esa secretaria, Rosa Icela Rodríguez, consiguió ¿Cuántos reclusorios? Ocho reclusorios, cinco empresas… Lo importante es que nos ahorramos 10 mil millones de pesos. Nada más en esta administración.
“Lo que logró Rosa Icela es que, terminando el contrato, los reclusorios pasen a ser propiedad pública. En total, la reducción es de 40 mil millones”, precisó López Obrador.
Refirió que eran tan leoninos los contratos, que al final del contrato, después de estarles pagando cantidades excesivas de dinero, por 20 ó 30 años, el reclusorio se les quedaba.
Con eso, Rosa Icela evitó un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio nacional por contratos adjudicados de manera directa.
