Alrededor de 50 repartidores y conductores por aplicación se manifestaron frente a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México para rechazar las iniciativas legislativas que buscan prohibir el servicio remunerado de transporte de pasajeros en motocicleta.
Bajo la consigna de exigir que no se restrinja su derecho al trabajo, los inconformes solicitaron que en lugar de un veto total se apruebe una regulación que incremente la seguridad vial tanto de los operadores como de los usuarios.
Edgar Balderas, administrador de la agrupación Sobrevivientes, manifestó la disposición de los trabajadores para entablar un diálogo con los diputados locales y conformar una mesa de trabajo que evite la pérdida de empleos.
Entre los planteamientos presentados por los manifestantes destaca la obligatoriedad del uso de casco certificado para el conductor y el pasajero, así como la impartición de capacitaciones periódicas a cargo de las propias plataformas digitales antes de habilitar a los conductores.
El vocero del gremio señaló que, aunque todo empleo conlleva ciertos riesgos, un marco regulatorio adecuado acompañado de equipo de protección adecuado permitirá brindar un servicio más eficiente y seguro para la ciudadanía.
INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY DE MOVILIDAD
La movilización ciudadana se derivó de una propuesta presentada por el diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo, la cual contempla modificaciones a la Ley de Movilidad capitalina para que las motocicletas únicamente puedan emplearse como transporte particular, prohibiendo la contratación o intermediación del servicio privado de pasajeros por medio de aplicaciones.
De manera paralela, la legisladora Elizabeth Mateos impulsó una iniciativa en el mismo sentido.
Sobre el avance de estos proyectos, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, adelantó que ambas propuestas y otras afines serán integradas en el dictamen de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
LEGISLADORES ACLARAN POSTURA Y PROMETEN APERTURA
Ante la presencia de los manifestantes, los diputados morenistas Miguel Ángel Macedo y Elizabeth Mateos salieron a atender al grupo de repartidores para aclarar que el objetivo parlamentario no es prohibir la actividad ni afectar el ingreso de las familias, sino regular el artículo 59 de la legislación vigente.
Macedo se comprometió a no hacer avanzar el dictamen sin la participación activa de los trabajadores y sus dirigentes en reuniones de trabajo, con el fin de legislar con responsabilidad y construir una norma acordada entre las partes.
