Lamentablemente Diego Franco Jiménez intenta ocupar un lugar central en la estructura naranja cargando una pesada mochila política que MC parece preferir no abrir: por un lado. una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, y por otro cuestionamientos sobre un patrimonio que fue señalado públicamente por superar los 50 millones de pesos y hasta una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco relacionada con graves omisiones en Servicios Públicos durante el periodo en que encabezó esa dependencia.
Demasiado ruido y pasado para un partido que pretende vender futuro.
En 2021, Franco fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia cuestionó la diferencia entre sus ingresos como servidor público —reportados entonces en aproximadamente 620 mil pesos anuales— y el patrimonio que los denunciantes le atribuían. También hizo referencia a diversos inmuebles relacionados con integrantes de su familia y otros personajes políticos. Franco rechazó con cercanos a MC las acusaciones, las calificó como “guerra sucia” pero lo cierto es que de manera interna ya generó descontentos.
Y no es para menos, el asunto escaló incluso al Congreso de la Unión: en mayo de aquel año se presentó un exhorto para solicitar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco acelerar las investigaciones sobre el posible enriquecimiento ilícito denunciado contra Franco, Arturo Dávalos y Candelaria Tovar. La proposición posteriormente fue desechada, lo que tampoco constituye una determinación sobre culpabilidad pero tampoco de inocencia.
Pero existe otro antecedente todavía más delicado.
La Recomendación 145/2021 de la CEDHJ analizó la muerte por electrocución de un menor ocurrida en septiembre de 2020 en la plaza de Las Juntas. El organismo incluyó entre los funcionarios involucrados a Diego Franco Jiménez, entonces director general de Servicios Públicos Municipales, y sostuvo que existieron vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el cumplimiento de la función pública y el mantenimiento de la infraestructura municipal.
¿Éste es el expediente con el que Movimiento Ciudadano pretende representar renovación en Puerto Vallarta?
Porque MC no solamente está reciclando nombres. Está recuperando personajes que estuvieron directamente ligados al ejercicio del poder municipal y cuyos desempeños estuvieron rodeados de controversias que merecen respuestas.
Después de perder Vallarta en 2021 y volver a fracasar electoralmente en 2024, la lógica política indicaría apertura, nuevos liderazgos y una revisión profunda de responsabilidades.
Pero la naranja vallartense parece caminar en sentido contrario.
Los mismos grupos, los mismos nombres y viejos expedientes regresando como si cinco años fueran suficientes para borrar la memoria pública.
Y quizá ahí está la mayor alarma para Movimiento Ciudadano: su problema no es solamente enfrentar a Luis Munguía. Su problema es pretender recuperar Vallarta sin haber terminado de explicar su propio pasado.
Una mala administración actual no convierte automáticamente en buenos a quienes gobernaron antes.
Y una fotografía nueva tampoco borra una denuncia, una recomendación de derechos humanos ni los cuestionamientos acumulados durante años.
Podría ser un error absoluto alzar la mano de forma anticipada a Franco, quien cuenta con dos antecedentes concretos y documentados, incluida la recomendación de la CEDHJ, que tiene mucho más peso editorial que llamarlo simplemente “corrupto”. Pobre Puerto Vallarta…
