El arresto del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero le dio un giro espectacular a la investigación del caso Ayotzinapa que ya había agotado sus pistas ineficaces e inexistentes con los militares y abrió una nueva línea indagatoria que estaría afectando al PRD de 2014 y la protección que recibieron del candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
Doce años se estaría tardando la justicia en dar por cancelada la artificial pista que quería involucrar al Ejército como el responsable directo de la represión, cuando todos los datos involucraban a las autoridades municipales y estatales que ejercían el poder bajo la bandera del PRD.
La última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Recomendación 208VG/2026) negó la supuesta pista militar: que había un infiltrado castrense en los estudiantes y que presuntamente fuerzas militares habían recibido y desaparecido a los 43 estudiantes. Sin embargo, todas las evidencias conocidas y públicas habían revelado que la policía municipal de Iguala bajo el mando del alcalde perredista José Luis Abarca había detenido a los estudiantes en autobuses secuestrados y los entregó al grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos.
Abarca había llegado candidatura municipal y la victoria con el apoyo directo del entonces candidato presidencial del PRD López Obrador. Y la hipótesis de sobra conocida insistió en que los estudiantes habían secuestrado autobuses para ir a reventar una reunión de la esposa del alcalde abarca que se perfilaba como candidata sucesora a la presidencia municipal de Iguala y que la orden de Abarca a sus propios policías municipales había sido en el sentido de que detuvieran a los jóvenes a cualquier precio y que los entregaran a los grupos de narcos, sobre todo porque se supo después que el autobús secuestrado escondía un cargamento de droga que se estaba dirigiendo hacia Estados Unidos.
Guerrero era entonces una plaza políticamente propiedad del PRD, entonces dirigido por Carlos Navarrete. El gobernador era Ángel Aguirre Rivero, un político profundamente priista que había pertenecido al grupo del cacicazgo del viejo Rubén Figueroa Figueroa y que comandaba en ese momento su hijo Rubén Figueroa Alcocer, el mismo que había sido destituido como gobernador por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la nación por su complicidad la represión campesina e indígena en Aguas Blancas en 1995.
Aguirre Rivero fue convencido en 2011 de competir por la gubernatura del Estado bajo el padrinazgo del PRD, y el encargado de convencerlo a abandonar el PRI fue nada menos que el expriista y jefe de gobierno del Distrito Federal por el PRD Marcelo Ebrard Casaubón, incluyendo su desplazamiento al territorio guerrerense para negociar el cambio de bandera y de partido.
Por decisión política y manipulación de los padres de los 43 estudiantes secuestrados, la investigación del suceso llegó de manera tardía al nivel federal porque el presidente Enrique Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam habían estado ajenos al suceso y lo veían más como un conflicto –como en verdad lo era– local. Los familiares de los estudiantes crearon el argumento de que el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes –que a la fecha se niegan a aceptar su muerte– “fue el Estado”.
Sin embargo y a lo largo de 12 años, se investigaron todas las pistas basadas en la hipótesis de crimen de Estado y no se encontraron evidencias periciales de responsabilidad federal. Aquí en Indicador Político insistimos que aquella sangrienta noche de Iguala y el secuestro de 43 estudiantes por la policía municipal constituía todo el perfil de un “Tlatelolco del PRD”, es decir, una represión política de estudiantes que involucraba a las autoridades municipales y estatales del Partido de la Revolución Democrática.
La recomendación última de la CNDH hace varias semanas había finalmente deslindado cualquier participación directa y activa del Ejército y a partir de ahí se abrieron nuevas líneas de investigación que retomaron expedientes polvosos que involucraban presunta responsabilidad local de perredistas.
El arresto de Aguirre Rivero –una de las figuras del viejo priismo caciquil de Figueroa que todavía tiene grupos de poder en el estado– está obligado a revisar la responsabilidad política del PRD y de los gobernantes del municipio de Iguala y de Guerrero en la orden de secuestrar a los estudiantes para proteger a a una precandidata municipal perredista y entregarlos a grupos de narcotraficantes, quiénes, según la investigación del procurador Murillo, habían sido protegidos políticamente por el PRD.
También, el arresto de Aguirre Rivero deja suelto un hilo por ahí que andaría buscando la forma de entretejerse en la nueva investigación: los perredistas del 2012 en Guerrero hoy forman parte del nuevo partido Somos México, del cual uno de sus militantes y participantes activos, Ernesto Ruffo Appel, está procesado penalmente por el delito de huachicol fiscal.
En política todos los hilos forman parte del mismo tejido.
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Política para dummies: la política a veces llega muy tarde, pero llega.
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