PULSO

Eduardo Meraz

Aceptar, sin asco alguno, no cambiarle ni una coma a las iniciativas enviadas por el presidente totalmente Palacio Nacional, es el propio valor ético y político que la mayoría legislativa se otorga a sí misma.

Por tanto, el desgarre de vestiduras e investiduras ante la decisión de la Corte de dejar sin efecto la primera parte del plan B electoral, constituye un espectáculo no sólo poco creíble, sino deplorable.

Diputados y senadores del cuatroteísmo fueron exhibidos como peleles del ejecutivo, pues con tal de cumplirle sus caprichos se saltaron las trancas de la ley -los procedimientos legislativos-, con tal de garantizarse vida eterna en el poder.

El tiempo, dice el refrán popular, todo lo cura y sana las heridas. Hoy, gracias al apego de la Suprema Corte a la ley, la sociedad recupera lo que un gobierno desordenado, ineficiente y corrupto quería quitarle a la mala, por encima de la Constitución.

Así, se da un paso más para hacer efectivo el Estado de Derecho, donde la ley es la ley y no un cuento como sueña el mandatario, a través de la conformación de un marco jurídico que dé forma a sus aspiraciones de eternidad.

El aventurismo legislativo del cuatroteísmo se sustenta en los resultados electorales de 2018, interpretados como carta blanca para modificar las leyes a su antojo y crear las condiciones para una nueva dictadura perfecta.

La determinación de este lunes por parte de la Suprema Corte, además de poner freno a los moditos autoritarios del presidente innombrable, marca un antes y después para el funcionamiento del Congreso, en donde las mayorías deben respetar no sólo los procedimientos, sino enriquecer las normas que emitan con la opinión de las minorías.

El autismo cuatroteísta ha quedado en desuso. La nueva realidad en la composición de las cámaras de Diputados y de Senadores deja claro que la infalibilidad no es numérica y menos cuando el deterioro en los niveles de vida de amplios sectores sociales es el mejor termómetro de la gestión gubernativa actual.

También representa un fuerte revés a la
soberbia de la clase gobernante, que sumado a los resultados de los comicios de mitad de camino, indican la oposición a los disparates presidenciales.

Eso explica la estridencia oficialista para fustigar a los ministros de la Corte, sobre todo porque la segunda parte del plan B electoral y las reformas del «viernes negro» adolecen del mismo mal procedimental.

En otras palabras, es factible que sean declaradas ilegales o inconstitucionales y el presidente sufra frecuentes váguidos legislativos.

He dicho.