Y Claudia Sheinbaum cumplió: la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que propios y extraños advirtieron como la Ley Censura y la peor amenaza para concesionarios de radio y TV, fue rasurada de todo aquello que pudiera asumirse como un intento de limitar y abolir la libertad de expresión y de prensa en el país, afirmó ayer el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Inzunza Cázarez, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República indicó que son tres las comisiones involucradas en la nueva dictaminación de la Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que dan los últimos ajustes para ser presentada el fin de mes ante quienes participarán en el período extraordinario que tramitará a su vez otras reformas.
El nuevo dictamen, dijo, es el resultado de que sí se escuchó a todos quienes participaron en los conversatorios que sumaron a todos los sectores de la comunicación, de organizaciones, la Academia, que tenían algo que decir acerca de la iniciativa.
“Después de concluidos los conversatorios, en las comisiones hemos tenido jornadas de análisis. Nos hemos reunido, por ejemplo, el día de ayer fue público, con la consejera jurídica Ernestina Godoy, con el titular de la Agencia de Transformación Digital, porque estamos procesando todas las observaciones que escuchamos en los conversatorios y determinando cuáles van a ser incorporadas al nuevo dictamen y esa será la ruta”, comentó.
El mandato, dijo, fue que se reformulara o, en su caso, se incorporaran las observaciones que se recogieran de los conversatorios lo que implica la elaboración de uno distinto, porque son muchos los cambios y se someterá de nueva cuenta a la deliberación y discusión de las comisiones unidas de RTC, de Comunicaciones de Transportes y de Estudios Legislativos.
“Hay muchos cambios, muchos, muchos cambios”, subrayó.
Consideró que los más importantes fueron sobre la integración de un órgano colegiado, como órgano desconcentrado que tendrá responsabilidades regulatorias en el sector.
De entrada el Artículo 109, que se consideraba como el eje de la censura, fue eliminado, dijo.
“… nunca ha habido una intención de censura”, insistió.
SON YA MUCHAS LAS LLAMADAS DE ATENCIÓN DE EU A CLAUDIA
El doctor Juan Ramón de la Fuente, quien como fantasma que nadie ve ni en la noche más profunda de la crisis México-Estados Unidos, puede afirmar desde su despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores que en las conversaciones bilaterales entre ambas naciones nadie del equipo del presidente Donald Trump le ha pedido a ninguno de los funcionarios mexicanos abrir investigaciones contra narcopolíticos mexicanos.
El canciller que de seguro se acompaña de Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington al que tampoco nadie ve ni sabe que hace, seguro no ha escuchado las veces que el propio presidente Trump ha señalado que el narco casi cogobierna en México… y que eso no sería posible sin el apoyo desde todos los niveles del Gobierno.
Eso mismo lo dicen y afirman Marco Rubio, secretario de Estado; Pam Bondi, la Fiscal General de EU, y de ahí hacia todos los rumbos del Gobierno y el Congreso de EU.
De ahí la importancia de las informaciones periodísticas que nos llegan desde Washington que insisten cada vez con más frecuencia que en el seno de la Casa Blanca se concina una embestida contra narcopolíticos incrustados en lo más alto del Gobierno mexicano.
A mediados de la semana Reuters y France Press circularon una información respeto a que en conversaciones bilaterales realizadas en febrero el propio Marco Rubio habría pedido al Fiscal Alejandro Gertz y a Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente -de Seguridad y de Relaciones Exteriores- una acción más contundente del gobierno de Claudia Sheinbaum contra narcofuncionarios.
La cancillería mexicana emitió un comunicado negando tal cosa.
El caso es que la información es de tal importancia que quizá merecía que los tres aludidos –Gertz, García Harfuch y De la Fuente– debieron salir y dar la cara y desmentirlo en persona.
Sobre todo cuando la información indica que 4 personajes del Gobierno de Trump -que afirman haber estado presentes en ese encuentro- fueron quienes lo dijeron off the record.
Ayer el diario Reforma da su espacio principal a otra información surgida desde el seno de la Casa Blanca que indica que la Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos va por funcionarios mexicanos que han recibido sobornos de los cárteles de la droga y por las redes de empresas que lavan de dinero.
Al igual que otras informaciones periodistas similares o complementarias reveladas en estos meses -sobresale lo publicado por Tim Golden en ProPublica-, lo aparecido en Reforma surge de un memorándum del Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, sobre la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que evalúa a implicados con el crimen organizado.
«Una consideración primaria al decidir si procede una investigación o acción de aplicación de la FCPA, es si la supuesta mala conducta está asociada con las operaciones criminales de un Cártel u TCOs (Organizaciones Criminales Transnacionales).
«(Además si) utiliza lavadores de dinero o empresas fachada que participan en lavado de dinero para Cárteles o TCOs; o está vinculada a empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que han recibido sobornos de Cárteles o TCOs», señala el memorándum.
El documento revelado por el diario, y fechado el 9 de junio, es dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos parámetros ordenados por el Presidente Donald Trump para investigar los actos de corrupción más allá de las fronteras de EU.
A su vez el diario británico Financial Times señaló ayer que durante décadas, los grupos criminales en México han robado combustible del Pemex, pero en los últimos años, esto se ha visto eclipsado por una nueva y avanzada forma de contrabando: el diésel y la gasolina que cruzan la frontera desde EU por camión, tren o mar. Un aspecto más de todo el contexto delincuencial que domina en el México gobernado por Claudia Sheinbaum.
… / Twitter: @_Vizcaino / Facebook
