Y además es tal la evasión de responsabilidades sobre lo que ocurre, que hoy no existe autoridad ni análisis serio que determine cuantos asesinatos y atentados van, ni cuantos candidatos o aspirantes a cargos de elección han renunciado a continuar con sus pretensiones luego de haber sido amenazados, intimidados o de plano secuestrados y levantados como parte de ese amedrentamiento.
Tampoco se sabe bien a bien si todos los eventos de violencia surgen del crimen organizado o el narco, o de grupos políticos contrarios a las víctimas.
Por lo pronto este proceso electoral en curso, el más importante y concurrido en la historia de México, ya rebasó en atentados y asesinatos, presiones y renuncia de aspirantes y candidatos, al de 2018.
De acuerdo a Integralia que dirige Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, ya van más de 50 homicidios en tanto que otras fuentes sitúan esta cifra en más de 100 ejecutados en tanto que hen el proceso de hace 6 años hubo 43 asesinados.
Este Laboratorio de Análisis electoral, señala que hasta ayer se habían registrado156 agresiones a aspirantes o relacionados con el proceso electoral, entre los cuales 51 responden a ejecuciones.
Sin que la Fiscalía General de la República, o el Tribunal Electoral Federal o el INE hayan logrado definir a cuál o quienes de ellos corresponde establecer un mapa detallado de riesgos, expertos y partidos hablan de al menos 4 estados en lo que se debe profundizar si existen o no condiciones para continuar ahí el proceso electoral.
Grupos independientes indican que hasta ayer 2 de abril de 2024 sumaban ya 27 asesinatos de candidatos y lo que significa un 150 por ciento más que en el proceso anterior.
Estos mismos expertos consideran que los estados con mayores riesgos en este proceso electoral son: Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos.
Tan sólo en Michoacán se ha documentado que 34 aspirantes renunciaron a continuar en estos comicios a causa de las condiciones de violencia e inseguridad existentes. En este estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla se han realizado 5 asesinatos de aspirantes 2 en un solo día: Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidatos a la alcaldía de Maravatío.
A Michoacán le sigue en homicidios Guerrero. Ahí bajo la gubernatura de Evelyn Salgado se han dado 7 ejecuciones de candidatos y precandidatos.
En Chiapas la confrontación entre grupos del narcotráfico y crimen organizado mantiene a los aspirantes electorales dentro de un estado de intimidación y asedio.
Mientras en Pantelhó los habitantes piden se cancele el proceso electoral, en Siltepec, Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra ya se declararon anulados los procesos en esos municipios. Sin embargo hay otros muchos estados en donde se advierte podría escalar la violencia dentro del proceso electoral en curso.
Entre ellos están Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche , Zacatecas y Oaxaca, y en niveles menores Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, la Ciudad de México y Campeche.
El registro de atentados, secuestros, levantones, desapariciones, agresiones, amenazas o intimidación a aspirantes que han sufrido candidatos y políticos en todo el país es incierto.
Integralia busca tener el conteo más responsable y cierto de estos hechos y hasta ayer había “registrado 300 incidentes de violencia política, asociados a 399 víctimas, lo que implica un promedio de 1.8 víctimas diarias”.
“A poco más de 60 días para la elección, el proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México”, subrayó Integralia en su Reporte de violencia política.
Integralia precisa que la violencia política predomina en territorios donde hay disputas entre grupos criminales y las personas aspirantes a puestos de elección popular del nivel municipal concentran 73.4 por ciento de los ataques, las federales 14.5 por ciento y las estatales 7.3 por ciento.
Morena es el partido con más aspirantes asesinados. Integralia contabiliza 13 y Laboratorio Electoral 17; seguido del PRI y PAN en ambos reportes.
LAYDA MANTIENE A SU SECRETARIA DE SEGURIDAD Y APLICA PURGA ENTRE POLICÍAS
Sin el menor asomo de arrepentimiento, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores ha decidido mantener en su cargo a su secretaria de Seguridad y aplicar una contundente y rápida purga de policías quejosos.
Así 9 agentes señalados como los ‘líderes’ de la protesta en Campeche fueron cesados este 2 de abril.
“Son nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar a mujeres (…) ustedes no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de sus cargos, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos”, subrayó en un video en redes sociales.
Mientras la protesta de policías y ciudadanos continúa en Campeche.
NECESARIO SOMETER A LA LEY A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ricardo Monreal, líder los senadores de Morena presentó ayer una iniciativa de Ley para Regular la Inteligencia Artificial en México.
Su proyecto establece las bases para la regulación del desarrollo, comercialización y uso de los Sistemas de Inteligencia Artificial para que se incentive el empleo de estas tecnologías, así como reducir los posibles efectos nocivos que pueden generar.
Con esta propuesta, Monreal intenta que el uso de la IA se realice en México de manera ética y responsable, a fin de evitar un mal uso de estas tecnologías.
Plantea que los desarrolladores y usuarios sean responsables sobre el contenido de los materiales que crean o difunden; además de que eviten y denuncien la propagación de discursos de odio, de incitación a la violencia y de noticias falsas.
Como las mejores regulaciones de la Unión Europea, esta propuesta busca regular el uso de la inteligencia artificial “bajo un enfoque de riesgos. Con ello se pretende dotar a la legislación de flexibilidad a fin de mantener su vigencia aún con los acelerados cambios tecnológicos”, indicó.
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