La presidenta Claudia Sheinbaum jura y perjura que sus iniciativas de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y para la creación de la Agencia de Transformación Digital no busca limitar o cancelar la libertad de expresión en México.
Por más que estas reformas se acerquen a otras promovidas en su tiempo por Hugo Chávez o Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua que culminaron en el cierre de sus más importantes espacios informativos y la aprehensión de periodistas y concesionarios, o la fuga y exilio de sus dueños y conductores, la mandataria mexicana pidió ayer vehemente no pensar que tal cosa podrá ocurrir en este México y su Presidencia.
Sin embargo entre analistas y opositores del PAN, PRI y MC en el Senado, cámara que recibió, analiza, debate y tramita en comisiones estas iniciativas para luego ser enviadas a su Pleno, existe la percepción de que sus objetivos apuntan a repetir aquí lo vivido en su tiempo en Venezuela y Nicaragua.
Hoy este trámite recae esencialmente en la operación del tabasqueño Adán Augusto López como coordinador de la mayoría de los senadores e Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política, para que terminen 30 años de un sistema en que concesiones de Radio y TV dependían no de Gobernación o de la SCT, sino de la Cofetel.
De aprobarse las iniciativas como las envió la presidenta Sheinbaum, en adelante ella decidirá directamente:
- El otorgamiento, revocación y renovación de concesiones de telecomunicaciones y Radio difusión;
- La implementación de procesos de licitación y asignación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico;
- Y podrá resolver los desacuerdos de Compartición de infraestructura entre concesionarios;
- Y su área política y de Gobierno podrá supervisar (y admitir o no) contenidos (informativos, publicitarios o de difusión);
- Y establecer límites en contenidos publicitarios, a través de máximos de tiempos publicitarios;
- Y fijar lineamientos, para que los concesionarios cumplan códigos de ética que su Gobierno definirá.
Al menos seis puntos muy preocupantes indicaron Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y Clemente Castañeda de PAN, PRI y MC.
Nadie en medios duda que estas iniciativas presidenciales apuntan a darle al Gobierno de la 4T el control absoluto del sector de la comunicación, y decidir sus “sus límites” a la libertad de información y expresión.
La pinza del control absoluto de medios e información y de la libertad de expresión la cierran con la creación y operación de la Agencia de Transformación Digital -que encabeza José «Pepe» Merino-, que concentra las facultades del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones -IFT-.
Vía Transformación Digital repartirán a contentillo concesiones y podrán supervisar contenidos e imponer limitaciones a espacios publicitarios.
Esa Agencia Digital definirá e impondrá lineamientos a los concesionarios de radiodifusión, o de televisión, o de plataformas y medios digitales, o audio restringidos para que sus Códigos de Ética garanticen el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos, “en términos de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución», dice la iniciativa.
En todo este entramado político y legislativo, hoy en Comisiones en el Senado -y bajo la vigilancia del coordinador de Morena Adán Augusto López para impedir que se le hagan modificaciones- la iniciativa presidencial contiene un proyecto de sanciones y plantea un «prudente equilibrio» entre publicidad y programación transmitida por día, incorporando máximos de tiempos publicitarios.
En lo que tiene que ver con el control de difusión de propaganda extranjera, induce un par de artículos a fin de que los concesionarios de radiodifusión deban pedir permiso a la Secretaría de Gobernación antes de que transmitan spots de Gobiernos extranjeros como el de la secretaria de Seguridad de EU que provocó todo este movimiento.
La bancada del PAN en el Senado coordinada por Ricardo Anaya considera que es inocultable la «subordinación al Ejecutivo federal» de la Agencia de Transformación, y subrayó que si antes el IFT otorgaba y regulaba concesiones, ahora será la Agencia la que controlará y revocará dichos permisos.
«Existe un riesgo de concentración de decisiones políticas (y hasta emocionales) sin contrapesos», se indicó.
Para Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, el cambio más significativo es la eliminación de la autonomía del IFT.
«La concentración de funciones regulatorias en el Ejecutivo rompe con los principios de imparcialidad, competencia técnica y control del poder. También se observan riesgos en la asignación directa del espectro y en la falta de garantías para la neutralidad de la red y la defensa de audiencias.
«La legislación representa un giro hacia un modelo centralista y de control político sobre sectores clave para la libertad de expresión y desarrollo digital», dijo.
Alejandro Moreno dijo que la fracción del PRI ve en todo esto que la 4T da un paso más hacia el establecimiento de una autocracia firme como las de Venezuela y Nicaragua.
Todo indica que los senadores del oficialismo Morena, PT y Verde aprobarán en el pleno del lunes esta iniciativa para que sea de inmediato remitida a la cámara de Diputados donde caerá en la responsabilidad y conducción del zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Morena y junto a los diputados de PT y Verde la aprueban el martes, un día antes de declarar concluido el período de primavera-verano.
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