El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta el miércoles la primera huelga general en solo 45 días de gobierno, en contra de su polémico ajuste fiscal y su plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas, en el que se espera que se paralice el transporte por completo a partir de las 17:00 horas y por el resto del día.
Desde la mañana, los miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros grupos sindicales comenzaron a congregarse manifestantes desde todas las direcciones de la ciudad de Buenos Aires con pancartas con leyendas como «La patria no se vende» para participar en la manifestación principal, que se realiza frente al Congreso. La huelga durará 12 horas a partir del mediodía y arrancará con una marcha desde la sede de la CGT, a pocas calles de Plaza de Mayo, hasta el Congreso.
La protesta sindical se llevará a cabo en todo el país a partir del mediodía en rechazo, en particular, a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa el ultraderechista Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. La huelga general es convocada por la mayor central sindical de Argentina, de orientación peronista, con la adhesión de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), segunda en tamaño, que esperan reunir a decenas de miles de manifestantes.
“Ningún diputado se puede hacer el distraído. El DNU (de Milei) desregula la economía. Quieren destruir los derechos individuales, colectivos, los sindicatos y destruir la acción sindical. Atacan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a la cultura. Apuntan contra todo lo popular, a privatizar el deporte”, dijo el secretario general de la CGT, Héctor Daer.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a los organizadores de la protesta de «sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza», e incluyó en su ataque contra parte de la oposición a «jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios» frente a las reformas que impulsa Milei, en una publicación en la red social X.
La medida sumó la adhesión de otras centrales sindicales, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de trabajadores de todo el mundo que llamaron a movilizarse, con actos de apoyo en Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras ciudades. En Uruguay, el PIT-CNT, la central sindical única de trabajadores, llamó a manifestarse en rechazo a las «medidas antipopulares» de Milei, «que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino».
El transporte aéreo fue uno de los primeros sectores en resentir su actividad, ya que la estatal Aerolíneas Argentina, la mayor aerolínea del país, canceló todos sus vuelos de la jornada con varias horas de anticipación a la protesta.
Es la primera manifestación de alcance nacional contra el gobierno y sus drásticas medidas de ajuste con las que busca contener una inflación anual de 211%, récord en 30 años. En diciembre, en términos interanuales, el consumo se contrajo 13.7% y la producción de las pequeñas industrias cayó 26.9%, según la cámara empresaria CAME.
Además, la devaluación del 50% y la liberación del precio de los combustibles, entre otras decisiones de Milei, recortaron fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados, y el descontento se trasladó directamente a las calles. Sin embargo, varios sondeos muestran que el presidente mantiene entre 47% y 55% de imagen positiva.
«El paro del miércoles lo que te va a mostrar es que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia», dijo Milei esta semana.
El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos dictado por Milei apenas asumió, introduce varios cambios de fondo en la antigua y consolidada legislación laboral argentina, en particular sobre el ejercicio del derecho a huelga. Milei exige coberturas mínimas de 75% en servicios esenciales como educación, transporte y alimentación, entre otros, e impulsa despidos con causa a huelguistas.
El DNU también regula asambleas laborales, condiciona la recaudación de fondos sindicales y reduce indemnizaciones por despido. La CGT cuestionó la constitucionalidad del capítulo laboral del megadecreto ante la justicia, que suspendió provisoriamente sus efectos. La decisión fue apelada por el gobierno y el caso ya fue elevado a la Corte Suprema, actualmente en receso.
Para Milei, «esta es la primera vez que (con un DNU) se devuelven libertades a los ciudadanos, que se arma un sistema para que los mercados sean más competitivos y además se eliminan tongos [amaños]. Y ahí tenés por qué están tan enojados».
