Los Cuatroteros Felices En Plena Acción
Retrocedemos a la Época Santaannista
Layda Sansores Sigue Sobre un Ladrillo
JORGE HERRERA VALENZUELA
La Primera Presidenta de México se quedó sin demostrar su
posición ante el presidente norteamericano, quien abandonó al
Grupo G7 para dialogar con el dictador ruso y que éste regrese
con ellos. Criticable que la mandataria mexicana haya viajado a
Canadá en línea aérea comercial y en clase turista. Degradó su
investidura institucional.
Teodosio Lares, abogado aguascalentense, debe estar muriéndose
de risa porque a más de cien años, “resucitó”. Fue el autor de la
más represiva Ley de Imprenta, promulgada en el Siglo XIX.
Carlos Sansores Pérez, político campechano, defensor de todas las
libertades, seguramente se está revolviendo en su tumba. Papá de
la exPRIista, hoy morenista, Layda Sansores.
Los orgullosos e ilustres “cuatroteros o cuatreteoristas” siguen
dando muestras de imponer el autoritarismo político que, cuando
eran supuesta oposición, combatían en todas las plazuelas donde
se paraban y llevan 7 años cometiendo lo que tenían como bandera
contra el gobierno, ahora superando los abusos.
Los herederos del tabasqueño, son destructores, como él, no
transformadores.
Hacen lo que quieren y se autoaplauden. Sigue vigente “nada de
que la Ley es la Ley”.
Lo más reciente, dar muerte al sistema democrático con su llamada
“reforma judicial”, a la que desean añadir “fuera toga y birrete” en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora, los ministros podrán calzar huaraches, vestir calzón de
manta y cubrirse con sombrero de palma. Las ministras lucirían el
huipil o la ruana y el rebozo.
El sarcasmo, el genio humorístico, del mexicano surge
inmediatamente. Ya he leído que ahora tendremos “La Tremenda
Corte de Injusticias de la Nasión”, (así con ese).
Es criticable adoptar esa situación, porque el uso de la toga y el
birrete significan el respeto a la investidura del funcionario judicial.
No es vestimenta política o religiosa. Es el protocolo internacional y
en México es disposición constitucional.
PROCESO PENAL A PERIODISTA
Layda Elena Sansores San Román, la gobernadora de Campeche, la
de mayor edad de las mujeres en el cargo: 78 años de edad.
Vocera del tabasqueño, servidora de las que violentan la vida de los
demás, peleonera de primera clase. Su historial es de páginas
negras. Es auténtica ave de las tempestades.
Su padre, don Carlos Sansores Pérez, a quien conocí y traté, jamás
atentó contra la libertad de prensa, nunca se manifestó en contra
de la libre expresión. Fue un político formado en la brega y soportó
siempre ser criticado, en los medios informativos. Nunca respondió
con infundadas acusaciones judiciales contra los periodistas.
Tal vez doña Layda Sansores leyó la Ley de Imprenta que redactó
José Teodosio Lares Macías, a petición de Lucas Alamán y por
órdenes de López de Santa Anna, para que los editores de
periódicos obtuvieran autorización para la publicación, antes de
hacer la impresión.
Quedaba prohibido criticar al presidente, menos se aceptaban
insultos o formularle cargos. La censura comenzó en 1853 y
terminó en corto tiempo, a la caída del once veces presidente.
José María Lafragua redactó, a instancias de Benito Juárez, la ley
más liberal que ha existido en cuanto a la imprenta y el trabajo
periodístico.
La nada ilustre gobernadora lanzó cargos y acusó penalmente a un
veterano y reconocido periodista campechano por “delitos de
presunta incitación al odio y a la violencia en contra de la
gobernadora”.
Con base en eso, la jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó que
don José Luis González Valdez, fuese vinculado a proceso y
quedando advertido de “no ejercer por dos años el periodismo” e
indemnizar con dos millones de pesos a Whalter (sic) Patrón Casab,
director estatal de Comunicación Social, “por daño moral”.
Eso ocurrió el pasado viernes 13 del presente junio.
La juez indudablemente que recibió la orden de proceder, porque
no aceptó la prueba de que don José Luis desde 2017 se jubiló
como director del diario Tribuna y no ejerce ningún cargo.
También sometió a proceso a Isidro Yerbes, representante legal de
la Organización Editorial del Sureste, editor de la plataforma digital
Tribuna Campeche Instagram que sustituyó al diario impreso.
La juez ordenó el cierre inmediato de ese diario digital. Layda no
quiere que en su entidad exista el periodismo digital.
Don José Luis, más de 50 años ejerciendo el periodismo, el 9 del
presente mes al intervenir en defensa de un ciudadano, en la vía
pública, fue golpeado y herido por agentes policíacos de Layda y lo
atendieron en un hospital.
La benévola jueza Martínez Taboada concedió “la gracia” de que el
procesado permanezca libre, con la obligación de presentarse a
firmar la libreta en el juzgado.
“Guacamaya Leaks” publicó que al periodista lo procesaron porque
atacó a la gobernadora “por su fealdad física”.
APRUEBAN UNA LEY CIBERNÉTICA
Desde el viernes 13 está en vigor la Ley de Ciberseguridad,
aprobada por 35 diputados morenistas del Congreso de Puebla.
La noticia provocó gran revuelo y se popularizó, en unas horas,
como Ley Censura, bajo el argumento de que con ello se pretende
censurar la libertad de expresión y proteger a los funcionarios
estatales, encabezados por el gobernador.
Alejandro Armenta Mier llegó a gobernador morenista, después de
militar 32 años en el PRI. Es licenciado en Administración de
Empresas. Envió la iniciativa de ley, destacando la creación del “el
ciberasedio o ciberacoso”, como delito penal.
Diversos organismos e inclusive los relaciones con los Derechos
Humanos consideran, desde la publicación de la mencionada
legislación, que es una acción no procedente y demandan la
abrogación de la misma.
En el orden penal serán motivo de proceso, prisión y pago de
multa, quien en los textos digitales “insulte, injurie, ofenda, agravie
o veje a una persona”.
Quien sea responsable de lo anterior, estará “causando daño físico
o moral”, por lo que será acreedor a una pena 11 meses a 3 años de
prisión, así como al pago de multa que variará de 5,657 a 39,599
pesos. El aumento se aplicará cuando las víctimas sean menores de
edad o “personas incapaces”.
Entre los delitos destacan los novedosos, que no requieren mayor
explicación: ciberasedio o ciberacoso. También se señalan
usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico.
Al mencionarse, en la ley, los términos “hacking grooming”, se
refiere a las personas mayores que contratan a menores de edad,
para obtener material pornográfico o erótico, utilizándolo para
extorsionar o chantajear a quienes están fotografiados o en un
video, así como chantajear a los que no aceptan tener relaciones
sexuales.
Ante la serie de críticas en Puebla y en varias entidades, Armenta
Mier solicitó a la profesora Laura Artemisa García Chávez,
presidenta del Congreso Local, que convoque a foros para dialogar
sobre el texto de la Ley de Ciberseguridad.
Los invitados serán periodistas, abogados, académicos, padres de
familia y organismos de Derechos Humanos.
La crítica, en este comentario periodístico, es que Armenta Mier
debió de ser asesorado, en el sentido de primero consultar con los
interesados en el tema, después redactar el texto y entregarlo a la
legislatura estatal. Al mejor cazador, se le va la liebre.
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