La Detención de Exagente Remueve Cenizas
Los Asesinatos Políticos Quedan Impunes
Distraer la Atención a los Casos Sonados
Se removieron las cenizas.
Treintaiuno años después de su primera detención, la Fiscalía
General de la República anuncia, con bombo y platillos, la
detención de un presunto “segundo disparador”, en Lomas
Taurinas, Tijuana, Baja California, para dar muerte al candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Francamente no encuentro la fundamentación, jurídica, para abrir
el expediente iniciado el 23 de marzo de 1994, al ser baleado el
sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta, máxime que la
Procuraduría General de la República dio por hecho que el
responsable del crimen se llama Mario Aburto Martínez.
En ese entonces, Mario era un joven de 24 años de edad y
sentenciado a medio siglo de prisión. Hoy de 55 años, originario de
Zamora, Michoacán, en 1994 fue sentenciado a 45 años de prisión y
posteriormente un Tribunal Colegiado la redujo a 30 años, con base
en la legislación penal de Baja California.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó ese
fallo de reducción y el expediente está en el despacho de la
ministra Lenia Batres Guadarrama, quien emitirá su voto para que
Aburto salga de la cárcel o continúe hasta 2040, cuando tenga 70
de haber nacido en Zamora, Michoacán.
José Antonio Sánchez Ortega fue detenido en Tijuana y trasladado
a la Ciudad de México. Si es presunto culpable, sus abogados deben
exigir que lo juzguen en Baja California, porque se trata de un delito
del orden común que, indebidamente, fue convertido en delito
federal, por razones políticas.
No se trata de un magnicidio como pretendió el presidente
tabasqueño, quien inclusive mencionó “la posible participación” de
García Luna, porque en esos años trabajaba en el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Fue otra de sus
estúpidas ocurrencias.
Conclusión de este comentario periodístico: si tanto interés tiene el
Fiscal General de la República en continuar con este caso, que
proceda a investigar ¿quién o quiénes fueron los autores
intelectuales?
¿Quién o quiénes contrataron al autor material?
Según aparece en el expediente respectivo, Aburto Martínez
aceptó ser el que disparó contra Luis Donaldo.
¿Qué se asentó en el certificado de autopsia? ¿Hubo más de una
herida de bala? ¿Si hubo dos disparadores, usaron pistolas del
mismo calibre?
¿QUIÉN PAGÓ EN URUAPAN?
El tema es de mucha actualidad.
¿Quién o quiénes urdieron la muerte de Carlos Manzo?
Pero, el pero que nunca falta. He aquí cómo el gobierno federal y el
gobernador michoacano buscan restarse responsabilidad.
No les preocupa, no tienen el menor interés, en saber quién o
quiénes planearon el asesinato del presidente municipal, el líder del
Sombrero.
El Secretario de la Defensa Nacional expresó, en una mañanera
claudiana, que los elementos de la Guardia Nacional no fallaron, lo
que “falló, fue el protocolo municipal”
Alfredo Ramírez Bedolla, el morenista gobernador, aseguró que
uno de los cinco escoltas municipales mató al joven homicida, a
quien ya habían sometido.
Y, lo sorprendente, Omar H. García Harfuch se sumó a la enorme
preocupación de identificar al autor de la muerte de Víctor Manuel
Ubaldo Vidales, vecino de Paracho y de 17 años de edad. Dijo que,
nuevamente, serán llamados a declarar los escoltas municipales.
Entendamos bien, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exige
que se libere de responsabilidad a los militares y a los elementos de
la Guardia Nacional, quienes no atendieron las demandas de Carlos
Manzo, solicitando protección para los uruapenses y para él.
Las investigaciones policíacas, prioritariamente, deberían enfocarse
hacia la identificación y aprehensión del o los autores intelectuales
de la muerte violenta de Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Esperemos que me desmientan y presenten al o los responsables.
REINA LA IMPUNIDAD
He comentado que la corrupción y la impunidad reinan en nuestro
País, desde el siglo pasado, particularmente en el caso de los
asesinatos de presidentes municipales, exalcaldes, regidores,
síndicos y empleados.
La estadística es, sencillamente, escalofriante. Las víctimas de la
violencia política, sin combate policíaco, pasaron a ser números,
fríos renglones en el papel.
Cada sexenio hay muchas e incontables historias.
Hogares enlutados. Viudas. Niños y jóvenes huérfanos. Vidas
truncadas. Señalar que tal o cual Presidente de México tuvo más
altas cifras de este tipo de sucesos, carece de importancia, pero
tienen uso político.
Las declaraciones oficiales, son de rutina.
Ya se inició una carpeta.
Se va a investigar hasta las últimas consecuencias.
No habrá impunidad.
Caiga quien caiga.
Se abrió la carpeta (expediente) y se quedó en el cajón de los
recuerdos.
Las últimas consecuencias pendientes, “porque se sigue
trabajando”.
Si hay mucho ruido, los que caen son los cumplieron las órdenes
superiores y los autores intelectuales, los que dieron órdenes y los
que financiaron el o los delitos, bien gracias.
A LA RESERVA, AL ARCHIVO
Sin excepción, los crímenes y los secuestros que tienen como
protagonistas a políticos, funcionarios o empleados
gubernamentales, son motivo de especulaciones desde el mismo
momento en que ocurren.
Surgen los rumores y los filtran a los informadores. Crean
situaciones de todo tipo. Las víctimas son blanco de diversos
calificativos. Analistas, comentaristas y articulistas toman los datos
noticiosos para elaborar su trabajo.
En el siglo pasado los reporteros redactores policíacos se
transformaban en investigadores. Después de redactar las notas
continuaban su trabajo reporteril e iban al lugar de los hechos,
interrogaban a posibles testigos, recababan pruebas materiales.
En los casos político policíacos, antes y ahora, el hermetismo oficial
impide conocer la verdad.
Recuerdo el secuestro de don Fernando Gutiérrez Barrios. Un
comando fuertemente armado, los secuestradores encapuchados
se llevaron al veracruzano. Estaba o salía de un restaurante
capitalino.
Gutiérrez Barrios de historial muy complejo. Alma y corazón de la
Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Secretario de Gobernación,
gobernador de Veracruz y senador. Custodio y aprehensor de los
jóvenes Fidel Castro Ruz y Ernesto “Che” Guevara, en el Distrito
Federal.
Todo se mantuvo en secrecía. Los primeros días se dijo que andaba
de vacaciones. Después familiares y gobierno admitieron el
secuestro e intervino Miguel Nazar Haro, otro destacado de la DFS.
Pasadas unas semanas, reapareció don Fernando. Cero
informaciones. Se dijo que los responsables eran miembros del
Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y que se pagaron 10
millones de pesos. Nunca se supo más.
El secuestro de 103 días del guerrerense Rubén Figueroa Figueroa,
de mayo a septiembre de 1974, tuvo otra historia. Lo capturó gente
del guerrillero Lucio Cabañas. Hubo información abundante en esos
tres meses y días, hasta el rescate realizado por elementos del
Ejército Mexicano en la Sierra de Atoyac de Álvarez.
En relación con los asesinatos de políticos de alto, mediano y bajo
nivel, poco o nada llega a saberse oficialmente.
Los expedientes quedan “abiertos” en lo que jurídicamente se
llamó “la reserva” o definitivamente van al archivo.
Hoy se está “reabriendo” el expediente de la muerte de Luis
Donaldo Colosio. Lo desempolvan.
Es para distraer a la ciudadanía y que se vaya olvidando de los
crímenes, extorsiones y secuestros realizados por “La Barredora” de
Hernán Bermúdez Requena y del “huachicol fiscal” de los marineros
Farías Laguna.
En términos policíacos eso se llama “dejar enfriar el asunto”. Volver
a tocarlo, si políticamente es conveniente.
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