Indignante, Doloroso, Descubrimiento
Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, San Fernando
Triste Realidad en México, Reina la Impunidad
JORGE HERRERA VALENZUELA
Imposible huir de la realidad.
Nada agradable resulta enterarse y comentar sobre horribles
crímenes en pleno Siglo XXI.
La verdad que estamos en retroceso.
No precisamente volvemos a las épocas de las cavernas, algo peor
vivimos en Jalisco, en Tamaulipas y en Chiapas, sin olvidar
Guanajuato, Sinaloa y quién sabe cuántos lugares más.
Culpar a gobiernos federales, estatales y municipales, del pasado,
es lo de menos.
Es triste, muy penoso, somos un País donde reina la impunidad.
Nadie aceptará ser culpable, ni siquiera el que mantuvo su personal
y estúpida política de “abrazos, no balazos” y de proteger,
cínicamente, a los delincuentes, “porque, también son humanos y
tienen derechos”.
Como si no fuera suficiente la serie de amenazas que lanza el
presidente norteamericano contra el pueblo de México, no contra
el gobierno ni contra la Primera Presidenta, hay que sumar el
“descubrimiento” de hornos crematorios, de los paredones de
fusilamientos y los campos de exterminio.
Todo en pleno 2025.
El panorama nacional está ensombrecido. La tarea gubernamental
para frenar a los delincuentes, nos dicen que avanza, no frena a los
sofisticados y deshumanizados delincuentes.
Indigna saber que autoridades jaliscienses, desde septiembre de
2024, sabían de la existencia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán,
como punto operativo de la delincuencia, porque detuvieron a 10
presuntos responsables de diversos delitos.
¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué las detuvieron? ¿A
disposición de qué autoridad quedaron?
Debe de existir un informe escrito de qué sucedía en ese rancho del
municipio de Teuchitlán, donde, dicen, se instaló la primera
tequilera y ancestralmente fue llamado “lugar dedicado a la
divinidad”.
CALZADO, ROPA Y MOCHILAS
Lo que no vieron las autoridades policíacas, hace seis meses, las
huellas de un campo de entrenamiento, los muros conservan
huellas de disparos, escombros de prendas personales.
Tampoco reportaron la posibilidad de que hubiese un crematorio
clandestino, donde, se supone, eran arrojados los cuerpos de
jovencitas y jovencitos reclutados con engaños.
Esos investigadores policíacos no reportaron la existencia de
cientos de pares de tenis, zapatos y zapatillas, que ahora han sido
fotografiados. Mochilas y ropa de mujeres y hombres
desaparecidos, sacrificados, fusilados o cremados.
Sin embargo, los familiares de cientos de desaparecidos,
incansables en su búsqueda, llegaron al rancho que ahora lo
comparan con campos nazis. Tenían datos imprecisos, pero su
corazonada los puso en uno de los muchos lugares donde los
desaparecidos fueron inmolados.
Sobran los calificativos. El dolor de los familiares es profundo. La
indignación humana trascendió nuestras fronteras. Es horror. Es
terror. Nada justificará. La sociedad exige profundizar en la
verdadera investigación.
El gobierno federal pretende minimizar el caso, a través del
desprestigiado Fiscal General de la República. El exgobernador
jalisciense Enrique Alfaro, seguramente, se escudará en la
ineficiencia de sus colaboradores.
“No ocurrió en este sexenio”, frase que se escucha en los pasillos
de Palacio Nacional. Igual debe suceder en las oficinas
guadalajareñas del gobernador Pablo Lemus.
Sin extender más el comentario: Nadie es culpable.
El gobierno municipal simplemente se lava las manos. No quieren
enfrentarse al Cartel Jalisco Nueva Generación, propietario del
predio convertido en “santuario de la impunidad”.
LA IMPUNIDAD REINANTE
Es una situación muy lamentable, la historia registra sucesos
sangrientos, asesinatos masivos, secuestros, desapariciones
forzadas.
Luego de los hechos, la declaración oficial es una evasión y se
resume en la afirmación de “se investigará hasta las últimas
consecuencias; caiga quien caiga”.
Ni hay últimas consecuencias y no cayó quien debiera caer.
Al paso de los días, el arrollador movimiento humano, la aparición
de nuevos hechos, la problemática de seguridad, la negligencia
gubernamental, las noticias desplazan a las que inicialmente
impactaron a la sociedad.
Nada iguala a lo que ocurrió en Teuchitlán. Es una muestra de la
falta de un servicio de inteligencia, militar y civil. La Secretaría de
Gobernación está anulada en su tarea de la política interior, porque
siempre se entera cuando sucedieron las tragedias y no antes.
Una síntesis de esos comentarios periodísticos, los fundamento en
cuatro sucesos que nunca sabemos qué sucedió, quiénes son los
responsables, menos aún el origen de las tragedias. La investigación
es politizada. Unos y otros se lanzan la pelotita.
AGUAS BLANCAS, GUERRERO
Empiezo por la matanza en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de
Benítez, Guerrero. Miembros de la Organización Campesina de la
Sierra del Sur fueron masacrados cuando viajaban hacia la capital
del Estado para plantear sus problemas.
Era el 28 de junio de 1995. Los campesinos fueron obligados a bajar
de los camiones de redilas, los policías y militares, les golpearon y
después los balacearon. El saldo, 17 muertos y 22 heridos.
Las autoridades municipales y las estatales, dedicaron meses de
“investigación” para terminar con la separación del gobernador, en
marzo de 1996, Rubén Figueroa Alcocer. Los familiares de las
víctimas siguen en espera de justicia.
ESTABAN EN UNA MISA
El 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal, municipio de
Chenalhó, Chiapas, varias familias celebraban una misa católica,
misma que irrumpieron asesinos que “barrieron” con ráfagas de
bala a los asistentes, pertenecientes a un grupo denominado Las
Abejas. Acteal está en Los Altos del estado chiapaneco.
Murieron 45 indígenas tzotziles, mujeres embarazadas, hombres y
niños. Problemas “étnicos” propiciaron la masacre, según versión
oficial. Se atribuyó la responsabilidad a otros indígenas de la misma
etnia. Fueron detenidos y procesados 26.
El gobernador era uno de los cinco interinos, entre 1993 y 2000,
Julio César Ruiz Fierro, quien no fue removido de su cargo. El litigio
de estos hechos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En dos plenos, 12 de agosto de 2009 y 2 de febrero de 2012, los
ministros consideraron que la Procuraduría General de la República
había fabricado los cargos y los 26 acusados recuperaron su
libertad. Hubo intervención de organismos internacionales y punto.
EL CASO DE LOS MIGRANTES
Otra noticia que estremeció a la sociedad y fue noticia
internacional: la matanza de migrantes extranjeros que cruzaban
por el Estado de Tamaulipas. Secuestrados, no cumplieron con las
cuotas de extorsión, se les torturó y les dieron muerte.
Cayeron 58 hombres y 14 mujeres. Señalados como autores de esa
imperdonable agresión, integrantes de Los Zetas. Además, hubo 26
heridos en esas balaceras del 22 y 23 de agosto de 2010.
Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en un terreno
denominado El Huizachal, San Fernando. Los migrantes procedían
de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil. Pretendían
llegar a territorio norteamericano.
Las investigaciones dieron resultados positivos, porque a tres
sujetos de Los Zetas los condenaron a 70 años de prisión.
CASO POLITIZADO, AYOTZINAPA
La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente,
se produjo la desaparición de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero.
Todas las historias que puede imaginar la mente humana, son parte
de este suceso sin solución.
Se detuvieron a unos esposos que presidían la municipalidad de
Iguala, se aprehendieron a varios sujetos relacionados con
autoridades locales, se hicieron peritajes criminalísticos,
intervinieron organismos internacionales y el asunto terminó
politizado por el gobierno federal.
El presidente Enrique Peña Nieto, ahora con ciudadanía española,
huyó para eludir toda responsabilidad. Los militares involucrados,
entraron y salieron de prisión.
El Caso Ayotzinapa, en el sexenio pasado, atravesó por todas las
calles de la Ciudad de México. Los Familiares de los 43 estudiantes
desaparecidos se organizaron y siguen en su lucha para saber la
verdad.
El presidente tabasqueño los engañó una y mil veces. Nada está
resuelto ni creo que se sabrá quiénes son los verdaderos
responsables.
El gobernador en los días de la desaparición de los estudiantes, era
Ángel Aguirre Rivero, a quien se protegió y fue suficiente que
dejara el cargo.
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