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Nacional

Proponen elevar pago de salarios vencidos por despido injustificado

Las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de elevar de 12 a 24 meses el pago de salarios vencidos en caso de que un empleado sea despedido injustificadamente.

Si el juicio laboral no ha concluido o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, las legisladoras del PT plantearon que también se paguen al trabajador el dos por ciento de los intereses correspondiente a 25 meses de salario.

Bañuelos de la Torres y De la Sierra Arámburo explicaron que el objetivo de su iniciativa es garantizar los derechos laborales y el acceso a la justicia de los y las trabajadoras mexicanas.

“En 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó su reforma laboral en detrimento de la clase trabajadora, la cual incluía la limitación de los salarios vencidos o caídos a los que tiene derecho un trabajador o trabajadora en caso de ser despedido injustificadamente”.

Una de las justificaciones de la reforma calderonista es que se debía “establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales”, lo que ayudaría a la disminución de los tiempos procesales para resolver los juicios.

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Sin embargo, acotaron las senadoras, esa situación no sólo se mantuvo igual, sino que se crearon incentivos perversos para que los patrones dilataran los procesos laborales y el empleado no pudiera acceder a su derecho a la justicia y reclamar sus salarios vencidos, así como a su indemnización constitucional.

“Esta situación atenta contra los derechos laborales del trabajador e, incluso, se le niega su derecho a la justicia, porque se le impide tener acceso a una completa y absoluta reparación del daño causado por el despido injustificado”.

Geovanna Bañuelos y Nancy de la Sierra propusieron que los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les imponga una multa de 500 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

De la misma manera, sugirieron que, si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 180 días sin pago de salario, y en caso de reincidencia, serán destituidos o inhabilitados hasta por cinco años.

La iniciativa, que reforma la Ley Federal del Trabajo, se encuentra publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente.

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