La diputada Verónica Martínez García (PRI) impulsa una iniciativa a fin de que, siempre que las condiciones del caso concreto lo permitan, toda mujer embarazada pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, propone adicionar el artículo 61 de la Ley General de Salud.
En la exposición de motivos, la legisladora explica que la violencia obstétrica tiene su origen en los servicios de salud que, consciente o inconscientemente, pueden generar una acción o una omisión, al causar un daño físico o psicológico en la paciente, cuyos alcances violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Dicha violencia puede ser física, psicológica, o ambas y entre las acciones u omisiones que causan perjuicio físico están los procedimientos invasivos, tales como las cesáreas que se practican de manera injustificada, suministro injustificado de medicamentos, y el más común de todos: retraso o negación de la atención médica en la fase final del embarazo.
Entre las acciones psicológicas se cuentan los actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado.
Señala que, debido al incremento en este tipo de casos sobre todo en comunidades rurales e indígenas, en 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México, en la que se evidenciaron las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Ante esto, gran parte de las entidades federativas incorporaron en su respectiva legislación la definición de violencia obstétrica, como una medida para prevenir, combatir y erradicar esta modalidad de violencia.
Actualmente no se encuentra reconocida en la legislación federal o general, pese a la violación de los derechos humanos de las mujeres, que ha implicado su desarrollo a través del tiempo.
Refiere que, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México durante 2024 se registraron 1 millón 672 mil 227 nacimientos. La tasa de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fue de 47.7 por ciento.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 determinó que, en los 5 años anteriores, de las siete millones 839 mil 186 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea, el 31.4 por ciento experimentó algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el parto o cesárea.
Este tipo de violencia se presentó con mayor frecuencia cuando los partos ocurrieron en hospitales o clínicas del sector público con 37.9 por ciento, mientras que en los privados solo el 15.1 por ciento.
La diputada Martínez García asegura que el objetivo de la iniciativa no es tipificar el tipo de violencia obstétrica, sino generar condiciones que permitan prevenir, combatir y erradicar las conductas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.
Precisa que la erradicación del maltrato y la falta de respeto en el parto podrá lograrse únicamente mediante un proceso inclusivo en el que participen mujeres, profesionales de salud, organismos de capacitación, educación y certificación de profesionales de la salud, asociaciones profesionistas, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.
