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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: También sin cambios, aprueban reformas a la Ley de Hidrocarburos

De nueva cuenta con rechazo de cualquier enmienda que quisiera hacer la oposición, la mayoría de MORENA y sus aliados (PT y PES aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

         El dictamen se aprobó en lo general con 292 votos de MORENA y sus satélites, contra 153 de las fracciones parlamentarias de PAN, PRI, PRD, MC, además de los diputados Hugo Rafael Ruiz Lustre de MORENA y Alba Silvia García del PES. La mayor parte de los legisladores del PVEM se abstuvieron.

         En respaldo de la iniciativa, la mayoría afiliada al gobierno de la llamada Cuarta Transformación sostuvo que los cambios son necesarios para asegurar la autonomía energética y para combatir delitos como el robo de combustibles, conocido como “huachicoleo” y la venta de litros incompletos en las gasolineras. A los expendios que incurran en esa actividad ilícita se les cancelarán las concesiones.

         Al fundamentar las reformas, el diputado Manuel Rodríguez González, de MORENA, dijo que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética, que se refleja en la importación del 70 por ciento de combustibles, lo cual que nos convierte en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo.

         “Esto es producto de una disminución del 50 por ciento de la producción de hidrocarburos de 2004 a 2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas, afectando la economía de los hogares y las finanzas nacionales, dijo el legislador de MORENA, quien agregó:

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         “Para superar esta dependencia energética y enfrentar los ilícitos que se cometen en el sector de los hidrocarburos, el proponente, con base en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, manifiesta que es imperativo fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.

         Los diputados de oposición destacaron, por el contrario, que lo que pretende la llamada 4T es revivir el monopolio de PEMEX, lo cual limitará las necesarias inversiones privadas en ese sector y generará numerosas demandas contra nuestro país por no cumplir contratos y compromisos firmados en convenios internacionales, lo cual generará una “lluvia de amparos”.

         También aseguraron que los cambios afectarán a los consumidores finales.

         Por ello, de entrada, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, presentó una moción para suspender la discusión de la iniciativa, del PAN por tratarse de “una pieza legislativa violatoria de la Constitución, así como de diversos tratados internacionales vigentes en el país, poniendo en riesgo la inversión de las empresas permisionarias, en beneficio de las empresas del Estado”.

         Citó un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Pública según el cual las reformas propuestas podrían tener un considerable impacto en las finanzas nacionales, por el pago de las afectaciones a aquellos permisionarios afectados.

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         La moción suspensiva fue rechazada, como posteriormente todos los cambios que propusieron los legisladores de oposición al discutirse la ley en lo particular.

         También en contra, el ex director de la CFE y ahora diputado del PRI Enrique Ochoa Reza, destacó que “esta iniciativa es inconstitucional, lo han dicho expertos de todas las expresiones a esta comisión. Y en lugar de que la comisión lo exprese al pleno para que se hagan las modificaciones necesarias y esta ley fortalezca a Pemex y beneficia a los consumidores, de nuevo se presenta un dictamen incompleto que no incluye la opinión de Cofece”.

         La reforma, agregó, no incrementará la producción de gasolina, petróleo y gas y la redacción de la ley resulta anticonstitucional. Por eso, dijo, hay que votarlo en contra. Se impondrá la sinrazón. Tendrán los votos, pero no tienen la razón”.

         A su vez, el panista Marco Adame, dijo que aun cuando se afirma que la reforma no tendrá impacto presupuestal, “se olvida que se requerirá recursos para responder a las querellas por cancelación de permisos”.

         La también diputada del PAN María de los Ángeles Ayala llevó a tribuna un par de marionetas y acusó a los legisladores de la 4T de ser títeres del gobierno y que su obligación en ese momento consistía en “aprobar a cualquier costo y por encima de quien sea un dictamen que sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones”.

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         Demandan juicio político para los consejeros del INE. 

         Al discutirse la iniciativa en lo particular, el diputado de MORENA por Guerrero Rubén Cayetano García se olvidó de que había presentado una reserva y se dedicó a defender a su paisano Félix Salgado Macedonio, a quien un día antes el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló de nueva cuenta el registro como candidato a gobernador de su estado.

         Como parte de su discurso, el diputado guerrerense se lanzó contra los consejeros electorales y demandó que se inicie juicio político en su contra.

         Esta intervención está en consonancia con lo que, ayer mismo, en su conferencia mañanera el presidente López Obrador volvió a censurar a los consejeros electorales por haber cancelado el registro de los candidatos de MORENA a los gobiernos de Michoacán, Raúl Morón, y de Guerrero, Salgado Macedonio, especialmente de este último.

         El primer mandatario olvidó, al parecer, su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

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         Una de esas leyes es la de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que en su artículo 229 ordena que la sanción por no presentar al INE informes de ingresos y gastos de campaña es la pérdida del registro de candidato.

         Al contrario de otras ocasiones que ha anunciado iniciativas para reformar las leyes con las que no está de acuerdo, en esta ocasión el presidente López Obrador propuso realizar una encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos de ambas entidades.

         «Sería muy sencillo ahora que hay estos sistemas de teléfono, un call center, que hoy y mañana el tribunal, una empresa especializada, hiciera una encuesta y les preguntara a todos: ¿quieres que participe este candidato o no, se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán y estoy seguro que la gente va a decir que participe, aún los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar en la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra siempre», manifestó el primer mandatario en lo que resulta un procedimiento inédito – por supuesto, no previsto en la Constitución – para decidir si se aplica o no la ley.

         No obstante, el jefe del Ejecutivo aclaró que se debe respetar la «recomendación» de sancionar a los candidatos por no reportar sus gastos de campaña, pero sin quitarles su derecho de participar en el proceso.

         También dijo confiar en que el Tribunal Electoral (TEPJF) resuelva estos casos y advirtió que se debe respetar lo que decidan los magistrados.

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         También se declaró a favor de “que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca”.

         Por su parte, Salgado Macedonio continuó con un discurso menos agresivo que en días anteriores y aseguró que respetará la decisión que tome el TEPJF.

         En su cuenta oficial de Twitter, el senador con licencia aseguró que esto se trata de “un compromiso con la democracia y con nuestra patria”, en la que también expresó: “Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!”.

         Junto con sus simpatizantes, el político guerrerense levantó el plantón que mantenían en torno a la sede del INE y se marcharon la noche del martes a sus lugares de origen.

         Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que no entrarán en confrontación con ningún actor político. Durante la firma de un convenio de colaboración entre el INE y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que el Instituto no persigue otro propósito sino el del respeto a la democracia, conforme a las reglas que se han dado a las y los jugadores.

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