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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: En vez de criticar a la Suprema Corte, la 4T necesita mejores abogados

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchos resabios acerca del actuar de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, a los cuales acaba de sumar una nueva supuesta afrenta porque la Suprema Corte de Justicia ordenó devolver a una causante la impresionante cantidad de mil millones de pesos.

La beneficiaria de esa decisión forma parte de un reducido sector de nuestra sociedad que ha gozado de privilegios desde hace muchos años por ser integrante de la reducida elite de los más ricos de México y, al mismo tiempo, tiene un trato preferente desde los más altos estratos del gobierno nacional, sin importar el partido  que gobierne.

Bueno, tal vez el presidente López Obrador tiene efectivamente el propósito de que las cosas cambien, pero si de verdad se hizo el intento de modificar condiciones, fracasó ante la decisión del más alto tribunal del país.

Carmela Azcárraga Milmo logró que la Suprema Corte de Justicia dictaminara que se le devolvieran 338.9 millones de pesos en concepto de impuestos que pagó en 2007 por la venta de acciones de una filial de Televisa, lo cual se considera un exceso conforme a las leyes vigentes A esa cifra de debe aumentar intereses que presumiblemente hubiera ganado ese dinero y así se llega a la enorme cantidad de casi mil millones de pesos.

La señora Azcárraga Milmo, tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, como se puede apreciar no necesita abogados, pero se puede destacar que su equipo jurídico es eficiente y pudo por eso ganar lo que se supone fue una difícil contienda jurídica.

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El revés para el gobierno federal provocó nuevamente la ira del presidente López Obrador, quien la emprendió contra los ministros de la Suprema. Corte de Justicia, a los que ya antes ha lanzado denuestos de toda clase y ahora calificó de insensibles por fallar en favor de particulares que exigen reparaciones multimillonarias al gobierno.

“Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, dijo el primer mandatario, quien agregó:

“Pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuantas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles.

“¿Pueden alegar que la ley es la ley, y qué?, y la justicia dónde queda?”, expresó el primer mandatario, quien repitió argumentos que se han convertido en lugares comunes. Primero, responsabilizó a gobiernos anteriores, lo cual puede ser cierto, pues esta clase de juicios llevan muchos años, pero en la parte final debieron estar pendientes los abogados de la llamada Cuarta Transformación, pues un asunto así no se puede dejar pasar por inercia.

Segundo, el primer mandatario sacó a relucir su sentencia de que la justicia debe esta por encima de la ley. Pero, desgraciadamente, en los hechos este principio no tiene prevalencia. Por el contrario, lo que se impone es lo que dice la ley.

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Estos dos aspectos se pueden concentrar en uno solo. A pesar de sus resabios y justificaciones, el gobierno de la autodenominada 4T debe contratar abogados de alto nivel y de gran capacidad profesional, pues los resultados indican que son más exitosos los que trabajan para las empresas privadas.

El presidente puede denostar todo lo que quiera a los ministros de la Suprema Corte, pero ellos han dejado constancia de que se ajustan a los principios constitucionales. Los miembros del máximo tribunal del país se ganaron el reconocimiento general por su decisión al despenalizar el aborto y no puede ser que ahora sean llevados a la picota por favorecer a un causante que justificó haber sido obligado a pagar impuestos en exceso.

Por desgracia, el primer mandatario no parece reconocer que se trata de diferencias notables en la capacidad profesional de los equipos jurídicos de los particulares y del gobierno federal. Para él, todo se limita a influencias.

Al revisar la evolución del juicio que ha generado estas descalificaciones, se encuentra, por ejemplo, que el equipo jurídico del gobierno federal no estuvo atento a la evolución de la demanda. Sin embargo, el presidente considera que la carga de las supuestas o reales irregularidades recae en los abogados de la demandante.

“Tienen abogados que son especialistas en el tráfico de influencia; no es que sepan mucho de derecho, sino que tienen muchas influencias, ustedes ya saben cómo se maneja todo lo relacionado con la impartición de justicia en el país y en el mundo. Es un asunto de cúpulas”, sostuvo López Obrador.

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Reconocimiento por el buen trabajo o por favorecer al rival. 

La decisión del presidente López Obrador de llamar a colaborar con su gobierno a dos ex gobernadores de la oposición generó mucha sorpresa en los medios políticos nacionales.

En primer término, esa decisión se tomó en cuenta como un posible giro en la relación de la llamada Cuarta Transformación con los partidos de oposición a los que se culpaba de todos los males del paías. Al parecer, indicaban muchos analistas, el primer mandatario decidió cambiar su política de confrontación por la búsqueda de acercamientos con la oposición, al menos una parte de ella.

Los invitados son los ex mandatarios de dos entidades vecinas, Nayarit y Sinaloa. En el primero, el invitado a la 4T es el ex gobernador Antonio Echevarría García,, miembro de una familia política que ha sabido moverse para ganar el apoyo de partidos que supuestamente son rivales.

El fundador de la dinastía fue el también ex gobernador Antonio Echeverría Domínguez, quien dejó al PRI porque no lo hizo candidato a gobernador.

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Echeverría Domínguez logró también notable éxito en el sector privado. Es presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica.

Con el dominio en los terrenos políticos y empresariales, intentó heredar el gobierno estatal a su esposa Martha Elena García Gómez,   pero fue superada por el priista Roberto Sandoval, actualmente preso, acusado de enriquecimiento ilícito y de nexos con la delincuencia organizada.

Pero si no logró entregar al poder a su esposa, el exitoso político y empresario impulsó a su hijo, su hijo, Antonio Echevarría García, quien recientemente dejó el poder y fue invitado por el presidente López Obrador para colaborar con su gobierno, en un cargo todavía no definido, a pesar de que durente su mandato fue acusado de irregularidades, pero sin llegar a una denuncia formal.

El segundo opositor invitado fue el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, otro exitoso político y empresario, quien inició su carrera en el sector público en el estado de México y el entonces Distrito Federal.

Ordaz Coppel fue postulado embajador en España, una representación diplomática   recientemente envuelta en el escándalo por la destitución del agregado cultural Jorge F. Hernández, supuestamente por agraviar a la embajadora María Carmen Oñate Laborde, quien también resultó afectada, pues ahora tendrá que dejar el cargo.

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La destitución de Jorge F. Hernández generó un escándalo, en el cual también perdió el puesto el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez. El despido de Hernández generó polémica pues circuló la versión de que el cese se dio luego de que el escritor criticara a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por afirmar que “leer por goce es un acto de consumo capitalista”.

El embajador designado, Ordaz Coppel, tendrá que lidiar con los resabios de esos conflictos, pero ante tendrá que afrontar críticas surgidas en las filas de su partido, donde han circulado rumores acerca de que favoreció más al candidato de MORENA que al abanderado del PRI, el también senador Mario Zamora Gastélum

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que la invitación al ex mandatario sinaloense para sumarse como funcionario del gobierno federal es a título personal y ese nombramiento se debe poner a consideración del Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor, el cual decidirá si se aprueba o no.

Las siglas del PRI no se usan ni pueden ser usadas para negociar posiciones, afirmó Moreno.

De no llevar a cabo el procedimiento anterior, indicó el líder priista, se puede llegar a la pérdida de la militancia.

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