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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: ¿Cumplirá Salgado Macedonio su amenaza de impedir las elecciones?

 En ocasiones, por evitar un daño, se incurre en errores que generan mayores problemas.

         Esta es la circunstancia en que se encuentra actualmente el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien de haberse atrevido a consignar al entonces director de la edición Guerrero del diario La Jornada, Félix Salgado Macedonio, no afrontaría ahora la amenaza de que se impida la realización de votaciones el venidero 6 de junio, en las cuales se deberá elegir a su sucesor, así como los 40 diputados locales y los 80 presidentes municipales.

         La denuncia de violación se formalizó en 2018 y, como el castigo por ese delito – según de trate de los códigos penales federal o de los estados – es de alrededor de 10 años de prisión. Por tanto, de comprobarse la culpa de Salgado, estaría en prisión y no sería el candidato del partido oficial, MORENA, al gobierno de Guerrero.

         De hacer caso a las revelaciones del ex procurador de Justicia de Guerrero Xavier Olea Peláez, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, trató de evitarse escándalos públicos al pedir que no se consignara a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, pero por esa actitud timorata puede resultarle muy cara, pues ahora el autodenominado “Toro sin Cerca” amenaza con incendiar todo el estado e impedir las elecciones.

         El que se materialice la amenaza depende de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento de lo que ordena la ley, confirme la decisión de cancelar la candidatura del senador con licencia por no haber cumplido el requisito de presentar un informe de ingresos y gastos durante la precampaña.

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         El artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que la sanción por ese incumplimiento es la cancelación del registro del candidato. No menos, no más.

         El Consejo General del INE ya había decidido cancelar el registro de Salgado, pero éste y su partido se inconformaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyos magistrados “se lavaron las manos” y devolvieron el caso (así como del también aspirante a gobernador de Michoacán Raúl Morón) para que los consejeros electorales confirmen su sentencia o rectifiquen.

         En cumplimiento de la orden del TEPJF, el Consejo General del INE convocó a sesión ayer, la cual se inició después de las 18 horas, por lo que se presume que no terminaría antes del obligado cierre de esta columna.

         Sin embargo, había indicios de que los consejeros electorales estaban decididos a confirmar su sentencia.

         Al abrir la sesión, el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que se trata de un asunto estrictamente jurídico y no político, a pesar de las protestas de Salgado y del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, quien inclusive se atrevió a calificar a los consejeros de delincuentes. Córdova advirtió que no se dejarán intimidar por las amenazas ni las críticas.

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         Todavía más, la ponencia sobre la que discutirían los consejeros proponía confirmar la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio.

         “El ciudadano infractor se posicionó frente al electorado obteniendo con ello una ventaja respecto de los contendientes postulados por un partido político diverso al instituto político incoado y al mismo tiempo impidió a la autoridad fiscalizadora, llevar a cabo una revisión de los recursos empleados durante esa etapa, lesionando con ello de forma por demás grave la equidad en dicha contienda electoral”, se lee en el proyecto.

         Tras hacerse efectiva la cancelación de las candidaturas, Morena tendrá un plazo de 48 horas para sustituir al político que buscaba la gubernatura en Guerrero, mientras que para Michoacán será un periodo de cinco días.

         Eso es en materia jurídica. El problema para el gobernador saliente de Guerrero es que tendrá que lidiar con las protestas con las que amenazan la dirigencia de MORENA y sus candidatos.

         Aunque Salgado Macedonio ha moderado un poco su actitud, amenazó con impedir que impediría la realización de las elecciones.

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         “Si dicen que no vamos, nada más por sus puros, puros, aquí tomamos el acuerdo a las 6 de la mañana y lo volvemos a ratificar: si no vamos, no hay elección en Guerrero, ¿ok? No hay elección en Guerrero y tope en lo que tope. Es acuerdo del pueblo de Guerrero. No habrá elecciones en Guerrero”, afirmó Félix Salgado Macedonio, el lunes anterior al arrancar en Iguala una marcha de simpatizantes hacia la ciudad de México, en donde ha sitiado las instalaciones del INE.

         Su actitud se fortalece porque ha recibido el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inclusive amenaza la existencia del Instituto o por lo menos reducir drásticamente su presupuesto.

         Senado aprobó crear el registro de usuarios de telefonía celular. 

         A propósito de buenas intenciones que luego resultan en malas acciones, el Senado aprobó una reforma para que los usuarios de telefonía celular estén obligados a registrar sus datos biométricos, definidos como toda aquella propiedad física, fisiológica, de comportamiento o rasgo de la personalidad, atribuible a una sola persona (la huella dactilar, el iris de los ojos, las facciones del rostro, el tono de voz y el ADN).

         El objetivo de tal acción consiste básicamente en dar elementos a las autoridades para combatir un delito que se ha vuelto muy común, la extorsión telefónica, así como el secuestro.

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         Como lo expresó la diputada Lucía Meza Guzmán, de MORENA, al presentar el dictamen, las reformas tienen por objeto “crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con la finalidad de inhibir, en su totalidad, los principales delitos que aquejan a nuestro país, mismos que se cometen a través de la utilización de equipos móviles como herramientas fundamentales para la realización de ilícitos, con la finalidad de la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación.

         “Con tal figura, las autoridades competentes tendrán más elementos normativos para identificar la comisión de delitos a través de equipos móviles y además deberán colaborar con las instituciones encargadas de la impartición de justicia”.

         Como se aprecia, es una propuesta plenamente aceptable, pues se trata de combatir un ilícito que ha afectado a una gran parte de la población nacional.

         Sin embargo, la iniciativa tiene un grave, pero. En opinión de los legisladores de la oposición, autoriza una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

         Por eso, luego de un intenso debate, la reforma fue aprobada apenas por una leve mayoría. De un total de 113 Senadores, 54 votaron a favor; 49 en contra y además se registraron 10 abstenciones.

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         Entre los legisladores de oposición, Gustavo Madero, del PAN, advirtió que no se hizo un buen diagnóstico, por lo que se corre “no sólo de no solucionar el problema de la inseguridad, sino hacerla más grande. Cuando no se tiene un buen diagnóstico puede preguntarse uno si es por ingenuidad, incapacidad o por malicia, porque asumir que los secuestros, los homicidios, las extorsiones, son por falta de un padrón de usuarios de celulares es un terrible error, garrafal”.

         Agregó que un padrón como el que se pretende crear de usuarios de la telefonía celular sólo se utiliza en los países autoritarios, pues sirve para tener mayor control sobre la población

         También sostuvo que en México el problema no es la falta de registros, sino la corrupción, pues “aunque el presidente y MORENA traten de decir que ya desapareció la corrupción, la gran inseguridad que vivimos ahí está su origen, la gran corrupción que hay en los cuerpos de seguridad, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes. Es un tema que tiene secuestrado, que tiene postrado a nuestro país”.

         Su compañero de grupo parlamentario, el veracruzano Julen Rementería del Puerto, también se quejó de que el padrón de usuarios será usado como instrumento de control y advirtió que, como otras reformas impulsadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación “es algo que no va a poder prosperar, que, por supuesto, va a acabar como muchas cosas en la (Suprema) Corte. “Pareciera que ahora el Congreso de la Unión está trabajando para darle más chamba a la Corte, porque ahí está la Ley de la Industria Eléctrica, la de Hidrocarburos y, por supuesto, ésta. Estoy seguro, ahí acabará, y se acabará cayendo”, vaticinó el panista.

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