Por Ubaldo Díaz
La libertad de expresión en México enfrenta desde hace muchos años una situación de especial gravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos en contra de periodistas en distintas regiones, por lo que todas las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción de este tipo de agresiones, pues de lo contrario no podremos transitar como país hacia la democracia a la que todas y todos aspiramos y merecemos.
Por lo mismo, la Comisión de Derechos Humanos, advierte que un líder de la delincuencia organizada regresó a la ciudad de Tijuana con la intención de restablecer una organización criminal y “acabar con el semanario Zeta”, medio de comunicación con una amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronteriza del Estado de Baja California.
Noviembre del año pasado también se divulgó información relacionada con algunos integrantes de la delincuencia organizada que pretendían atentar contra dicho medio de comunicación, por lo que este Organismo Nacional solicitó en su oportunidad a las autoridades de aquella entidad implementar las medidas cautelares correspondientes.
De igual manera, el pasado viernes se envió un oficio al Secretario de Gobierno de Baja California con objeto que de común acuerdo con los beneficiarios se implementen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario Zeta, así como para resguardar sus instalaciones, además de garantizar el libre ejercicio de su actividad periodística.
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Durante muchos meses, una y otra vez, hubo denuncias en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, a quien acusan de haberse aprovechado no solo de dineros del erario público y de realizar negocios de todo tipo, sino que además se coludió con delincuentes de la maña.
Las denuncias en contra del ex gobernador fueron muchas y nadie hizo caso, desde la presidencia de la República, pasando por el PRI y hasta gobiernos de oposición, hicieron caso omiso al igual que en el tricolor. Hoy parece que la suerte de Yarrington cambio y tendrá que enfrentar a los jueces
El PRI reconoce y respalda el trabajo de la Procuraduría General de la República en colaboración con las autoridades internacionales, quienes lograron este domingo la localización y detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Y aclara que fue suspendido de sus derechos partidistas en el PRI desde 2012 y el 16 de diciembre de 2016, a solicitud de la dirigencia nacional del partido, la Comisión de Justicia Partidaria expulsó a Yarrington de las filas de nuestro instituto político.
Además, Enrique Ochoa Reza Exige a las autoridades que se realicen todas las indagatorias correspondientes y, en su caso, se sancione ejemplarmente al ex funcionario acusado de diversos delitos. En el PRI señalaremos todos los casos en los que los políticos se vean involucrados en actos de corrupción, a fin de cerrar el paso a la impunidad.
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Los diputados priistas de la LXIII legislatura federal reprobamos la asistencia del diputado Alejandro Armenta Mier al mitin organizado ayer por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, y por haber secundado con su firma una posición política de dicha organización que es antagónica al PRI.
Con frecuencia, el diputado Armenta afirma ser un hombre íntegro y congruente que ahora tiene la oportunidad de acreditarlo. Lo conminamos a retirar su firma del documento que suscribió y refrendar públicamente su militancia y compromiso con nuestra organización política, para evitar las consecuencias naturales que sus actos podrían traer consigo, y seguir mereciendo el respeto de sus correligionarios.
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En una decisión que apunta a blindar la autonomía y la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su presidente Julio Santaella Castell, reasignó las funciones de los vicepresidentes con el cambio de los subsistemas que integran el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto significa que con la nueva organización de la Junta de Gobierno, la recién ratificada vicepresidenta, Paloma Merodio, quedará al frente de la información vinculada, única y exclusivamente, con la materia geográfica y del medio ambiente. De manera sigilosa, pero efectiva, Santaella operó en el marco de sus atribuciones legales para fortalecer la autonomía de una institución que debe garantizarnos resultados al margen de dudas o suspicacias.
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Alfredo Del Mazo, candidato de la coalición integrada por el PRI-PVEM- Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno de la entidad, rechazó de manera tajante cualquier acto de violencia dentro de las campañas políticas y afirmó que su contacto con los mexiquenses se mantendrá basado en propuesta serias.
“Nosotros condenamos cualquier tipo de incidente, siempre hemos dicho que estamos haciendo y haremos una campaña propositiva, una campaña de propuestas, que no caeremos en confrontaciones, que descalificamos cualquier acto de agresión que pueda haber en las campañas, pues lo que nos interesa a nosotros es buscar la confianza ciudadana”, dijo.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, Del Mazo sostuvo que los ciudadanos están cansados de que haya pleitos entre los partidos y los aspirantes, y lo que esperan es un contraste de ideas y propuestas.
Por ello, condenó los hechos ocurridos este domingo, en donde se registraron actos de violencia en el municipio de Tlalnepantla en contra de Xóchitl Gálvez.
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Se sabe que Pemex de José Antonio González Anaya, está por decidirse aplicar tecnologías internacionales como “Trazadores de Gasolina” para erradicar el robo de combustibles, problemática que ocasiona pérdidas por alrededor de 25 mil millones de pesos al año.
Esta tecnología consiste en agregar un químico que no desaparece, con el cual se puede rastrear y combatir los robos de gasolina, así como las tomas clandestinas. De hecho, Pemex cuenta ya con estudios que demuestran que la tecnología que utiliza la petrolera Ecopetrol en Colombia, redujo los robos y también contribuyó a desmantelar bandas dedicadas a cometer este delito.
Actualmente Puebla es la entidad con más tomas clandestinas detectadas en los ductos de Pemex, al registrar más de mil 760 durante enero de 2016 y febrero de 2017, seguido de estados como Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, entre otros.
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