Por Ubaldo Díaz
A los representantes del PAN, PRD y Morena nada les gusta, nada les parece, todo les molesta, son muy sensibles y oportunistas electorales. Primero cuestionaban al Gobierno porque no encontraban a Javier Duarte y ahora que lo detuvieron, dicen que fue una acción electoral.
Piensan que los electores son retrasados mentales porque creen que su voto será a favor del tricolor por esa detención. Está demostrado que esos hechos no son definitivos en los resultados de unos comicios, sólo basta recordar cuando Felipe Calderón encarceló a unos 12 funcionarios michoacanos, entre los que se encontraban algunos alcaldes relacionándolos con el crimen organizado, entonces no le sirvió de nada porque su partido el PAN no ganó los comicios de ese momento. Entonces los panistas no reclamaron lo sucedido, incluso en aquel momento las elecciones las ganó el PRI y los detenidos tuvieron que ser liberados.
Los electores no son tontos. Un hecho delictivo no cambia su sentido del voto, como no lo cambia cuando reciben dádivas de todos los partidos. Los ciudadanos van a las urnas y sufragan por el que mejor les parece.
PAN, PRD, Morena y PRI reparten despensas, tinacos, material de construcción, enceres domésticos, tarjetas para las tiendas departamentales y dinero en efectivo, con diferentes argumentos, pero todos lo hacen, y con eso ninguno de ellos ha tenido el triunfo en las urnas. Y cuando no les favorece el éxito todos se acusan de lo mismo.
No se puede olvidar aquella acusación del eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando por enésima ocasión acusó de fraude y llevó al Zócalo capitalino sus chivos, gallinas, puercos y costales de maíz que dijo eran sus pruebas del fraude.
Ahora los de Morena, a través de su líder vitalicio, López Obrador, aseguran que la detención de Duarte es sólo un chivo expiatorio de cara a las elecciones de Coahuila, Nayarit, Veracruz y sobre todo del Estado de México, es decir, cuando no lo detenían decía que el gobierno lo estaba protegiendo y ahora aseguran que tiene tintes electorales. Inclusive argumentaban que el gobernador estaba muerto.
Recordemos también cuando descubrieron las mañas de René Bejarano y Ponce, cercanos colaboradores del tabasqueño, entonces acusó que había un comploto contra él. Dijo que querían cerrarle el paso a su candidatura presidencial. Entonces no pasó nada, compitió y perdió.
Hoy Duarte está en la cárcel y haiga sido como haiga sido, como dice el clásico panista, ya está detenido y en lo que igual que el PRI, el Verde, PAN, PRD y Morena, piden que también se investigue y se castigue a toda la red de complicidades del ex gobernador veracruzano.
Todos quieren sacar raja política de la detención, Miguel Ángel Yunes que se quiere colgar la medalla del arresto. Quiere restarle importancia al trabajo de la PGR, Interpol y policía de Guatemala. El neopanista no debe colgarse medallas ajenas.
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El presidente de la Fundación Colosio Filial Coahuila, David Aguillón Rosales, reveló el fraude electoral y financiero denominado “Lavadero con Tarjetas” que está cometiendo Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, mismo que constituye la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el país, estimada en 70 millones de pesos.
En conferencia de prensa detalló que desde inicios de este año se formaron “Consejos Ciudadanos”, mismos que, en realidad, son un ejército electoral de 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para el PAN.
Aguillón Rosales señaló que a través de un informante del “War Room”, así como de testimonios de miembros de estos Consejos, Guillermo Anaya, junto al Senador panista Luis Fernando Salazar y Bernardo González, Presidente del PAN en el estado, reclutaron a más de 6 mil personas en todo el estado para realizar reuniones vecinales en donde mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN Guillermo Anaya para la gubernatura de Coahuila.
Puntualizó que, a estas 6 mil personas, organizadas bajo diferentes figuras, se les realizan pagos en tarjetas de nómina de Banorte -con el conocimiento de altos funcionarios bancarios mediante cuentas supuestas de nómina- a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana; sindicato que sirve de fachada para esta operación.
Detalló que los pagos que reciben estos activistas del PAN van de 350 hasta los 2 mil 500 pesos semanales, de acuerdo a la categoría que ocupan las diferentes figuras, y suman 69 millones 890 mil pesos, de acuerdo a la planeación de 16 semanas que tienen contemplada en esta operación.
En ese tenor, indicó que las cuentas bancarias son alimentadas con depósitos millonarios que se originan en ciudades como: Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa, al tiempo de señalar que esos recursos son de dudosa procedencia y las autoridades podrán encontrar que los depósitos son siempre en efectivo.
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El Grupo de Coordinación de Seguridad de Baja California Sur encabezada por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis, re reunió para evaluar los resultados sobre la estrategia que se aplica en la entidad se informó los avances relevantes que en diferentes rubros se están presentando, en particular la considerable disminución de homicidios.
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Al fijar la posición del PRI en favor del dictamen para ampliar los derechos de los usuarios de las aerolíneas, el diputado federal del tricolor, Daniel Torres Cantú, destacó los beneficios que generarán las modificaciones a la Ley de Aviación Civil. Destacó que el dictamen, que fue discutido y aprobado durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, integra una reforma integral que garantizará el acceso a los usuarios con discapacidad, obligar a las aerolíneas a registrar sus políticas de compensación en caso de demoras, darle el derecho al consumidor de cancelar el boleto adquirido, sin que le cueste un peso; el usuario tendrá derecho a que la empresa le respete el vuelo que no ocupó cuando adquirió un boleto viaje redondo. Además, el diputado por el estado de Nuevo León subrayó que el 64 por ciento de las demoras de los vuelos son atribuibles a las aerolíneas, y ahora con las modificaciones aprobadas a las leyes de Aviación Civil y de la Federal de Protección al Consumidor las empresas tendrán mayores inspecciones y deberán indemnizar a los usuarios cuando haya retrasos. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá atribuciones para el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y las empresas aéreas estarán obligadas a contar con módulos de atención a los clientes; también los menores de dos años viajarán sin costo alguno. Torres Cantú afirmó que este dictamen “es la suma del esfuerzo de todas las fracciones legislativas y que estas modificaciones a la Ley de Aviación son a beneficio de la gente que representamos, a beneficio de los ciudadanos, a beneficio de México”, concluyó.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos, realizan un operativo para la suspensión de actividades de seis gasolineras que presuntamente presentaron irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales.
Estas gasolineras se encuentran ubicadas en distintos municipios del estado de Puebla. El operativo contó en todo momento con el apoyo del gobierno del Estado. El objetivo es brindar condiciones de certeza a los consumidores de combustibles comercializados por Pemex a través de sus franquiciatarios, así como combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, y la Policía Estatal brindaron el apoyo necesario para garantizar la seguridad del personal en todo momento, con pleno respecto a los derechos humanos. Este operativo es resultado de la colaboración interinstitucional y se suma al realizado en febrero pasado en distintas entidades del país. El Gobierno de la República seguirá trabajando para abatir la comercialización ilícita de productos petrolíferos que afecta a la comunidad y a las finanzas nacionales.
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