De risa loca, verdaderamente increíble que el flamante presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se llene la boca en decir que el
Comité de Evaluación del Poder Legislativo y el Senado de la República cumplieron y
concluyeron su responsabilidad sobre la integración de candidaturas para los diferentes
cargos del Poder Judicial de la Federación.
Vaya manera de “lavarse las manos”, porque no hay que soslayar que precisamente los
senadores de Morena y sus rémoras son los responsables de haber conformado unas listas
de aspirantes plagadas de errores y al momento, no parecen estar enterados de ello.
En el colmo del cinismo, Fernández Noroña dijo en entrevista que ahora le corresponde al
Instituto Nacional Electoral organizar el proceso electoral e imprimir las boletas con los
nombres de las y los candidatos que participarán en la jornada del próximo 1 de junio.
¿Y los candidatos que ya declinaron en participar como por ejemplo la consejera de la
Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, quien dio a conocer que desde el 30 de
octubre se bajó de lo que será una desastrosa elección de impartidores de justicia?
Es más, López Benítez advirtió que evalúa seriamente la posibilidad de tomar acciones
legales, porque su inclusión en lo que sigue siendo una errónea lista, es ilegal y vulnera
sus derechos fundamentales.
Y así como se presentó la citada inconformidad, podrían venir otras muchas más, sin
embargo, Fernández Noroña no quiere saber nada del controvertido tema y por eso ya
declaró:
“Ya acabó nuestra función y vamos a coadyuvar en lo que quieran, pero hay que aclarar
cosas. El hecho es que el Instituto Nacional Electoral tiene que organizar la elección de
personas juzgadoras”.
Eso sí, para deslindarse absolutamente y “echarle la bolita” al INE de Guadalupe Taddei, el
ahora flamante morenista señaló:
“Tengo la impresión de que en el debate interno del INE hay un grupo medio maldoso que
se quiere curar en salud, pero deben sacar adelante su tarea. El Senado no puede meter
mano a los listados, la responsabilidad de renunciar a alguna candidatura es de las y los
aspirantes. Nosotros no dejamos fuera a nadie”.
El único que se quiere “curar en salud”, como él mismo asevera, es el propio presidente
de la Cámara Alta. Asimismo, esa frase de que la Cámara Alta no puede meter las manos
en las tan llevadas y traídas listas, hay que recordar que Morena y sus rémoras lo han
hecho hasta el codo, construyendo una elección totalmente amañada para favorecer a los
candidatos guindas.
Una prueba palpable de lo anterior, es que en esta serie de errores y hasta ilegalidades
cometidas por parte de los senadores de Morena y sus rémoras, resulta que la Cámara
Alta envió fuera del plazo legal la lista de aspirantes a ocupar un asiento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el nombre de las tres ministras en funciones
que buscan mantenerse en el cargo, o sea, las cercanísimas a esta errada y llamada
cuarta transformación, ahora en su segundo piso: la pirata Yazmín Esquivel; Lenia
Batres y Loretta Ortiz quienes están más que inmersas en sus respectivas campañas
porque quieren la presidencia del máximo Tribunal.
El detalle está en que en esta serie de equivocaciones y demostraciones de profunda
ignorancia, el Senado de la República envió una primera lista el pasado 12 de febrero en
la que no estaban incluidos los nombres de las señaladas ministras afines a Morena y
por eso se tuvo que hacer, -sobre las rodillas como siempre-, una “versión actualizada”
de la lista. Ver para creer.
MUNICIONES
*** Encabezados por el vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de
Diputados, Erubiel Alonso, los diputados del tricolor, Luis Gerardo Sánchez, Ivonne Ruiz
Moreno, Lorena Piñón, Christian Castro Bello, Ariana del Rocío Rejón Lara, Carlos
Gutiérrez Mancilla, Hugo Gutiérrez Arroyo y Emilio Lara Calderón exhortaron a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Rogelio Ramírez de la O y
a la Secretaría de Salud, cuyo titular es David Kershenobich, a través del IMSS-Bienestar,
para que transfieran los recursos destinados a los hospitales de alta especialidad del Bajío,
Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas y otros más, que han tenido que suspender sus
servicios y en algunos casos, solo atienden urgencias por falta de insumos. Ocho meses es
el promedio que un paciente tiene que esperar para obtener una cita. El diputado Gerardo
Sánchez, presentó un Punto de Acuerdo, en el que advierten que esta grave situación se
debe a la falta de organización de los procesos administrativos derivados del decreto por
el que se desincorporan por fusión el Centro y los hospitales de alta especialidad.
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