Desde el inicio de las comparecencias con motivo de la Glosa del I Informe de la
presidenta Claudia Sheinbaum, éstas se han vuelto verdaderos mítines políticos a favor de
la jefa del Ejecutivo, colocándola por lo alto en las encuestas, esto, como una medida para
que los escándalos en los que están envueltos varios distinguidos integrantes de la cúpula
del partido Morena, el más significativo, el senador Adán Augusto López Hernández, no
mermen la popularidad de la presidenta en esta errada y llamada cuarta transformación,
ahora en su segundo piso, pero esto se trata de una popularidad y aprobación inflada.
El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ofreció una
conferencia de prensa en la que denunció que el gobierno morenista, -para variar-, echa
mano cotidianamente, (¡qué raro!) de prácticas de corrupción, manipulación de
información y vínculos con el crimen organizado para mantener una imagen favorable
ante la ciudadanía.
Para lograr este objetivo, el oficialismo se ha valido ni más ni menos que de la casa
encuestadora Enkoll, a la que calificó como “brazo ejecutor de Morena”. Y es que dicha
firma siempre ha estado ubicada “del lado correcto de la historia” con jugosos contratos y
en lo que fue la conocida carrera de las “corcholatas”, tanto las presidenciales como las
del Gobierno de la Ciudad, entre otras, tuvo un papel protagónico trabajando de la mano
ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador.
Según lo denunciado por Alito Moreno, Enkoll ha recibido contratos millonarios de
diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas Lotería Nacional, Secretaría de
Salud, Comunicaciones, Fonatur, SEMAR, IMSS, Secretaría de Gobernación, Bancomex y
Notimex con el propósito de difundir encuestas y generar percepción de apoyo ciudadano,
pero esto solo en el papel y en las redes que operan los boots del morenismo porque a
decir de Moreno Cárdenas, no refleja la realidad política del país.
Un problema adicional es que los referidos contratos, ascienden a un monto estimado de
25,6 millones de pesos, una cifra nada despreciable y que no puede menos que
preguntarse de dónde surge en medio de tanta austeridad que caracteriza al partido
Morena, especialmente a los integrantes de la cúpula.
LEY DE AMPARO, TRIQUIÑUELAS Y MAROMAS
Con triquiñuelas, vía “fast-track”, como acostumbran los legisladores de Morena y sus
rémoras, con el lío provocado por ellos mismos por la Ley de Amparo y la tan llevada y
traída retroactividad que está ya en la Cámara de Diputados, dieron “madruguete” porque
en la Gaceta Parlamentaria publicaron que se llevará a cabo un Parlamento Abierto; más
bien, el acostumbrado diálogo de sordos para analizar dicha Ley y “escuchar todas las
voces”.
El problema es que durará solamente tres días, viernes, sábado y lunes y el oficialismo ha
tenido a buen recaudo obstaculizar a quienes quieran participar, con las consabidas fallas
como que la inscripción -de 15 participantes por día-, es en un sitio de internet que no
existe.
Lo anterior contrasta con lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Política,
(JUCOPO) en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien se comprometió a analizar y modificar la
Ley de Amparo con toda cautela y cuidado. ¿Entonces?
Se supone que las comisiones de Justicia y Hacienda, dictaminarían el próximo lunes y
entre el martes y miércoles subiría al pleno para ser aprobada.
Con esta serie de “maromas”, porque provienen de los flamantes legisladores de Morena
y rémoras, buscan desviar la atención de lo que trae en el fondo la Ley de Amparo que,
como ya debería ser bien sabido, deja en total indefensión a la ciudadanía para utilizar
este recurso, o como algún senador del PAN lo dijo, la consigna es: “primero pagas y luego
legislas”.
Afortunadamente, los empresarios que conforman el Centro Empresarial de la Ciudad de
México (COPARMEX), no repararon en manifestar su rechazo mediante un comunicado
difundido por sus redes respecto a la Ley de Amparo, por lo que demandaron a las
autoridades que se revise correctamente la nueva propuesta “para evitar dañar y
retroceder la lucha por la defensa de los derechos humanos”.
Además, demandaron que se dé un diálogo democrático abierto en torno al tema y no un
foro en el que al oficialismo le molesta cualquier opinión en contra y finalmente, no
retoman ninguna de las recomendaciones de los especialistas.
El diputado panista, Federico Döring, ubicó las cosas en su justa medida al señalar que el
oficialismo pretende que el transitorio sea un distractor porque lo retirarán, pero todo lo
demás que sin duda maniata a la ciudadanía y desde luego que fomenta los abusos de
autoridad.
Con cartas dirigidas a todos y cada uno de los diputados, el presidente de la COPARMEX,
Juan José Sierra Alvarez, señaló que el contenido de la Ley de Amparo como está,
representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de
los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México, “modificarla sin un análisis
técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de
equilibrio entre la autoridad y la sociedad”.
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