Para Contar
Arturo Zárate Vite
Como ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene una presidencia respondona, a veces pareciera que solo se concreta a quedarse callada ante críticas y aceptarlas. Está visto que lo suyo no es enredarse en confrontaciones, sino cumplir la obligación de aplicar la ley.
Está en puerta lo que pudiera llegar a ser uno de los procesos electorales más complicados en la historia del México, por el encono que se ha alimentado entre los grupos de poder contendientes. Lo saben en el instituto y por eso prefieren ocuparse en lo que les corresponde, no desgastarse ni debilitar su operación en pleitos viscerales.
Lo suyo es garantizar la imparcialidad, el respeto al voto y a las reglas del juego, reglas que en su momento fueron aprobadas por el poder legislativo, donde están representados los partidos.
Se compite con leyes que avalaron los propios partidos, a través de sus diputados y senadores.
Así que los partidos y aspirantes a la presidencia de México deberían dar ejemplo, acatar las normas legales sin necesidad de que la autoridad esté con el látigo en la mano, centrado en sancionar infractores. Las leyes no las hicieron los consejeros del INE, a ellos solo les toca observar que se cumplan y proceder contra quienes no lo hagan.
Con miras a las elecciones presidenciales de 2024, salvo Movimiento Ciudadano, todos los demás partidos adelantaron tiempos para seleccionar a sus candidatos, aunque les llamaron de otra manera, para eludir la ley y evitar sanciones. Flagrante simulación.
El instituto actuó hasta que se lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para establecer lineamientos que los competidores deberán de cumplir en sus respectivos procesos internos.
Quedó la percepción de que el INE actuó con flexibilidad y toleró excesos. No procedió con oportunidad ni con la celeridad que ameritaba el comportamiento de los partidos. Tampoco el tribunal alertó sobre lo que sucedía, se concretó a esperar quejas e impugnaciones, el intercambio de acusaciones entre los competidores.
Hay responsabilidad de la autoridad electoral porque no puede alegar que no se dio cuenta de los excesos, cometidos a la vista en todos, en espacios públicos y difundidos por los medios.
Sin embargo, ni el INE ni el TEPJF pueden cargar con toda la culpa. Los partidos y sus dirigentes también son culpables. Están obligados a cumplir las leyes electorales que aprobaron sus diputados y senadores. No perder de vista que cumplir a ley será deber constitucional para cualquiera que gane las elecciones y gobierne a nuestro país.
Inaceptable que los mismos que hicieron las leyes no las acaten.
Situación altamente riesgosa para el Estado de Derecho, que invita a la reflexión de todas las partes, porque de no enderezarse, metería al país en una crisis política que a nadie conviene.
Todavía no empieza el proceso electoral 2023-2024, que oficialmente arranca el próximo septiembre, y ya hay irregularidades que encienden focos rojos.
En ese sentido las autoridades electorales, el tribunal y el instituto, hacen lo correcto en pulir su actuación en el marco de la ley, en corregir y ponerse al día en lo que les toca.
Los partidos que se sumaron en su momento a la defensa del instituto con el lema “El INE no se toca”, ahora deberían significarse por cuidar la institución que ha sido garantía de la alternancia en México.
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